Humberto García Larralde 23 de julio de 2022
La
semana pasada Nicolás Maduro declaró que la economía venezolana había crecido
dos dígitos durante el primer semestre. No precisó cifra alguna. Como se sabe,
el Banco Central de Venezuela dejó de publicar datos sobre la economía real
desde 2019. No obstante, entes bastante más serios corroboran que, según sus
propias estimaciones, hubo un crecimiento significativo el primer trimestre del
año con respecto a igual período del año pasado; del 7,8% según el Observatorio
Venezolano de Finanzas (OVF). ¿Qué puede decirse al respecto?
En primer lugar, es menester poner las cosas en perspectiva. Se trata de un aumento con relación a niveles de actividad económica absolutamente paupérrimos. A pesar de la inexistencia de cifras oficiales, hay coincidencia en señalar que, para el cierre del año 2020, ésta había descendido a apenas la cuarta parte de la de 2013. El ligero aumento que se presume hubo el año pasado no altera las magnitudes en referencia: una tasa de crecimiento del 7,8%, de sostenerse durante todo el año, equivaldría a apenas el dos por ciento en una economía del tamaño de la de 2013.
Otra
manera de calibrar la magnitud de la devastación urdida por los
«revolucionarios» sobre los medios de vida de los venezolanos es señalar que
recuperarse de una caída del 75% implica que la economía aumente un 400% (¡!).
Eppur
si muove. La razón fundamental es el incremento en la actividad
petrolera. Cifras oficiales, reproducidas en el boletín mensual de la OPEP,
señalan un aumento del 138% en la producción petrolera de Venezuela durante el
primer semestre de 2022, con relación al primer semestre de 2021. Tampoco es
que se está aproximando a las cifras lanzadas al garete por Maduro, que habló
de 2 millones de barriles diarios (b/d) para finales de 2022 (¡!) Los datos del
propio gobierno señalan una producción promedia de 745 mil b/d, mientras que,
según fuentes secundarias, estaría en torno a 716 b/d. Al arribar Maduro a la
presidencia, se producía, según cifras oficiales, por encima de 2,7 millones de
b/d. Para cuando EE.UU. empezó a aplicar sanciones contra Pdvsa –enero de
2019–, militares y otros pícaros puestos por Maduro para dirigir (ordeñar) la
empresa, habían destruido a la mitad esta producción.
Pero,
además, la guerra criminal desatada por el amigo de Maduro, Putin, en contra de
la población de su vecina Ucrania, ha hecho volar por los aires los precios del
crudo. El marcador de la cesta de exportación de Venezuela, Merey, estaba por
encima de USD 90/barril en junio. Por exportación de crudo pudo haber ingresado
en la primera mitad del año más de 2,5 veces el monto que entró en 2021. Claro,
el ingreso neto es bastante menor por la necesidad de importar productos
refinados (incluyendo gasolina) y petróleo liviano para mezclarlo con el pesado
de la Faja.
Dada
la devastación de la economía doméstica, Venezuela depende hoy aún más de estos
ingresos, a pesar de la destrucción de Pdvsa. La pregunta obligada es, ¿qué se
está haciendo con este incremento en los proventos del petróleo? ¿Se puede
confiar en que apuntalen la recuperación del país?
Conviene
una breve explicación de lo que entendemos por «renta petrolera» para discernir
lo que está en juego. Una renta es una ganancia extraordinaria, más allá de la
que podría considerarse «normal», es decir, aquella que resultaría al fragor de
la competencia de muchos en el mercado. Es atribuible a factores monopólicos en
la venta del producto, en este caso, petróleo, por lo que no corresponde a la
remuneración del esfuerzo productivo, propiamente dicho. Se lo embolsilla el
dueño del recurso. En Venezuela, por razones históricas –equívocos que no vamos
a explicar en este breve artículo–, la renta –ese ingreso no
productivo—la capta el Estado.
Hacia
el peor de los rentismos
La
utilización de esta renta por parte de gobiernos para adelantar sus objetivos
de política es la base del rentismo. La estrategia de la «siembra del petróleo»
que se siguió durante buena parte del siglo pasado fue rentista. Desde que
Uslar escribió el famoso editorial del diario Ahora, el
petróleo se consideró un agente externo al desarrollo, reducido a proveer –a
través del incremento de los impuestos– el mayor ingreso posible para los
planes de gobierno.
Al
comienzo se aplicó un rentismo positivo, pues se invirtieron los proventos de
la venta internacional de crudo en infraestructura y servicios públicos de
cobertura universal, en incentivos a la actividad productiva de otros sectores
y en la mejora en las condiciones generales de vida de la población, en
particular, la educación y la salud. No obstante, la competencia política entre
los partidos que se alternaban en el poder los fue filtrando hacia prácticas
populistas y clientelares. Se exacerbó en Venezuela la caza de rentas (rent-seeking),
creándose múltiples vías para transar con quienes decidían su asignación.
Un
rentismo malo se adueñó del país, vulnerable a la demagogia de salvadores de la
patria. Atendiendo a estos cantos de sirena y oponiendo el intento del segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez por corregir los entuertos que ayudó a sembrar
en el primero, desembocamos en la tragedia chavista de estos últimos
veintitantos años.
Chávez
llevó al rentismo a niveles aún peores de perversión. Desmanteló las
instituciones edificadas por la democracia, sobre todo del equilibrio e
independencia de poderes, la transparencia y rendición de cuentas de la gestión
pública, y las normas que resguardan los recursos de la nación ante prácticas
depredadoras. Acabó con los medios de comunicación libres y reprimió la
disidencia.
La
caza de rentas se convirtió en argamasa para cohesionar lealtades, sobre todo
de un núcleo de militares traidores. En fin, se convirtió en el botín a
repartir en nombre de una supuesta «revolución» socialista. Pero esta
depredación, como vimos, terminó matando la gallina de los huevos de oro. Y
murieron, de verdad, por mengua o acribillado por la represión y por bandas
criminales, demasiados venezolanos.
Ahora
que se presentan estos ingresos extraordinarios –rentas– de que tanto alardea
Maduro, cabe preguntarse: ¿el venezolano de a pie podrá esperar un servicio de
luz eléctrica confiable, una buena atención de salud, agua permanente,
gasolina? ¿Mejorará el alumbrado, se repararán las vías, escuelas, hospitales,
las instalaciones universitarias? En el marco de la privatización soterrada
(Ley «Antibloqueo») y la venta de acciones de empresas públicas, ¿puede
esperarse un proceso de saneamiento del Estado que le devuelva al ciudadano
seguridad y ofrezca soluciones a sus problemas?
Una
respuesta positiva a las anteriores preguntas supone la instrumentación de
medidas que le pongan coto a las prácticas depredadoras que entretejen las
alianzas que sostienen a Maduro. Implica el retorno a un Estado de Derecho, a
una institucionalidad que resguarde los intereses de las mayorías frente a las
apetencias de quienes controlan el poder. ¿Hay razones para pensar que ello
esté ocurriendo?
Acontecimientos
recientes indican lo contrario. La detención de dirigentes sindicales de
Bandera Roja bajo la acusación de terroristas, las amenazas contra ONGs
defensoras de derechos humanos, el espionaje y bloqueo de portales de medios
independientes y de opositores en general ordenados a Movistar/Telefónica, la
permanencia de más de 300 presos políticos y la matraca generalizada, entre
otras cosas, son expresión de intereses atrincherados en el poder para mantener
sus privilegios.
Algo
del incremento en los ingresos petroleros se cuela hacia otros sectores.
Lamentablemente, buena parte se malgasta intentando contener el alza del dólar,
en medio de un proceso de expansión monetaria. La permanencia, además, de
exoneraciones de impuestos a la importación, junto a la sobrevaluación del
bolívar, dificulta significativamente la competitividad de muchos sectores
productivos.
Los salarios
siguen muy deprimidos. Estudios recientes colocan a Venezuela apenas por encima
de Haití como el país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar cuando
retornen los precios del crudo de los elevados niveles en que los colocó la
cruel matanza de Putin contra el pueblo ucraniano?
Humberto
García Larralde
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