Sofía Nederr 26 de julio de 2022
El
procurador especial Enrique Sánchez Falcón es pesimista sobre el futuro de
Monómeros con el ascenso al poder en Colombia de Gustavo Petro, el próximo 7 de
agosto. Aseveró que desde Primero Justicia quieren atacar a la Procuraduría
para atacar al gobierno interino. Reiteró que Julio Borges, cuando fue
comisionado para las Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, se negó a hacer
gestiones diplomáticas que se le solicitaron. Durante la rueda de prensa de
este martes precisó sobre los arbitrajes que han tenido «poca información» y
«suman alrededor de 15 mil millones de dólares»
El
procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, Enrique Sánchez
Falcón, ofreció una rueda de prensa virtual en la que hizo unas rendición de
cuentas de su gestión.
El abogado, este martes 26 de julio, lamentó que la presentación del balance de su despacho no se hiciera en un acto especial ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
«Ya
rendir cuentas ha sido una constante de la Procuraduría. Rendimos cuentas en
julio de 2021, rendimos cuenta ante la AN y ante el Consejo de Contraloría. En
marzo de este año, se le solicitó a la Comisión Delegada una rendición de
cuentas, pedimos que se establecieran los protocolos y no se hizo lo quería
la Procuraduría
Especial que era una rendición de cuentas mensual», aseguró.
El
abogado insistió en hacer alarde de la transparencia de su gestión. Señaló que
por las arbitrariedades de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha
correspondido a su despacho atender los pasivos para proteger los activos de la
república en el exterior.
Asimismo,
el abogado Enrique Sánchez Falcón reiteró que la diatriba política, «y la
actitud de ciertos factores políticos, ha impedido que se apruebe el
presupuesto integral para el funcionamiento de la Procuraduría Especial. Dijo
que, en muchas ocasiones, resulta imposible negociar cuando hay morosidad.
«Las
cosas hay que llamarlas por su nombres. Hay un actor político que claramente ha
mantenido una actitud de obstrucción de la labor de la Procuraduría, e incluso
se han negado en algunos casos en que hemos pedido colaboración para cosas
concreta y hablo de Primero Justicia (PJ)», puntualizó.
En ese
sentido, el Procurador Especial aseveró que desde PJ, probablemente, «quieren
atacar a la Procuraduría para atacar al gobierno interino». Recordó las
declaraciones de Julio Borges, excomisionado para las Relaciones
Exteriores de Guaidó, de que había que acabar con el gobierno interino.
«¿Por
qué no se para ante la Asamblea y lo plantea claramente?», increpó.
Asimismo,
el abogado sostuvo que, de forma deliberada, Primero Justicia ha tenido
actuaciones para negarse a la aprobación del presupuesto. Aseguró que
Julio Borges, cuando era funcionario del interinato de Guaidó, se negó a hacer
gestiones diplomáticas solicitadas por la Procuraduría Especial.
«Tengo
que reconocer que hay otros factores políticos como Acción Democrática (AD) y
Un Nuevo Tiempo (UNT) los han acompañado en algunas de las posiciones de PJ.
Nunca hemos visto una posición negadora o que rechacen las posiciones de
Primero Justicia. Las decisiones se han tomado con la opinión y el voto de esas
dos organizaciones», aseveró.
Sobre
el futuro de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, filial de Pequiven, con
sede en Barranquillas, el Procurador Especial admitió ser pesimista tras el
ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia.
“Soy
pesimista, porque el reconocimiento de Petro a Maduro ha sido pleno, y el
desconocimiento al gobierno interino también; y en consecuencia creo que
difícilmente se pueda lograr una solución que permita que Monómeros se mantenga
en buenas manos“, señaló Sánchez Falcón.
La
gestión del Procurador Especial inició el 25 de junio de 2020 en reemplazo
de José Ignacio Hernández.
En
relación con los litigios, el Procurador Especial dijo que tienen conocimiento
de alrededor de 201 procesos con montos que oscilan los 24 mil millones de
dólares de derechos e intereses en litigio.
El
funcionario refirió, durante la rueda de prensa de este martes que, en el orden
de los arbitrajes, «de los cuales tenemos relativamente poca información, suman
alrededor de 15 mil millones de dólares».
En
este sentido, el Procurador Especial destacó, sin embargo, que su despacho no
está actuando en todos estos procesos.
«Sería
prácticamente imposible con los recursos con los que estamos actuando. Pero, en
todo caso, están identificados y es posible actuar en el caso de que existan
peligros para los intereses del Estado venezolano, de la república, de los
entes descentralizados. Esos son procesos en los cuales lo que se está
discutiendo está en el orden de los 40 mil millones de dólares», acotó.
Por
otra parte, el Procurador Especial, quien insistió varias veces en la
transparencia de su gestión, ratificó que la Corte Suprema del Reino Unido
reconoció plenamente al gobierno interino de Guaidó.
«Se
discute únicamente la pretensión de algunas sentencias dictadas por el bufete
de la dictadura, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que
pretendía anular las designaciones hechas por el Presidente Guaidó tanto de la
junta administradora del Banco Central de Venezuela (BCV) como de la
Procuraduría», expresó.
Sánchez
Falcón indicó que, en el caso del litigio por el oro, entre el 11 y 18 de julio
se presentaron los testigos expertos y argumentos de ambas partes, incluyendo
la intervención del presidente del BCV ad hoc y del Procurador
Especial. Quedó pendiente la decisión, que se espera se conozca en el mes de
septiembre.
En un
escrito, dirigido a los diputados de la AN de 2015, Enrique Sánchez Falcón
expresó que, dentro de las recomendaciones hechas por su despacho, está la
selección y contratación de firmas bajo la modalidad de pago por honorarios
contra resultados en casos de juicios, en Estados Unidos, contra personas
acusadas de corrupción, así como la recuperación de activos líquidos en
Portugal.
Dijo
que la Procuraduría aguarda por la toma de decisiones sobre instrucciones para
el seguimiento o no de procesos en curso.
Arbitrajes
El
Procurador Sánchez Falcón sostuvo que su oficina ha obtenido información «muy
limitada» sobre la existencia 62 procesos de arbitraje, en los cuales aparecen
la república (57), Pdvsa (3) y Pequiven (1) como accionados, y uno iniciado por
Pdvsa para el cobro de acreencias.
«Solo
se ha podido intervenir efectivamente en cuatro de esos arbitrajes designando
abogados, pues no ha existido disponibilidad presupuestaria para actuar en los
demás», destacó.
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