Carolina Alcalde 28 de junio de 2023
@caroalca
Activistas
de DDHH sostienen que la reanudación de la investigación de la fiscalía de la
CPI se traduce en una “victoria” para las víctimas y precisan que, en adelante,
se puede esperar que se determinen responsabilidades de individuos que
presuntamente han cometido crímenes de lesa humanidad.
La
fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continuará investigando al
gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que
posibilitaría que se establezcan responsabilidades “específicas” e "individuales"
de los hechos, señalaron expertos en derechos humanos.
El
martes, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la
investigación, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no
ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir crímenes de lesa
humanidad.
La fiscalía de la CPI anunció en 2021 que abriría la investigación. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento, pero a finales del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuarla.
Reanudar
las investigaciones también implica que las víctimas de nuevos casos puedan
mandar información a la CPI, señaló Ali Daniels, profesor de derecho
internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, una asociación
civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de
derecho en Venezuela.
“La
fiscalía puede procesar esos nuevos casos y puede recabar información y
pruebas. En el futuro, la fiscalía podrá presentar casos concretos con nombre y
apellido de posibles perpetradores”, detalló a la Voz de América.
Además,
Daniels subraya la importancia de la decisión debido a que "ya no son las ONG
las que dicen que en Venezuela no hay justicia, sino la Sala de Cuestiones
Preliminares".
Alfredo
Romero, director y presidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia a
detenidos de manera arbitraria y sus familiares, dijo que la decisión se traduce
en una “victoria” para las víctimas.
Si
bien se trata de un proceso para el que no hay un tiempo establecido, en lo
adelante se comienza “formalmente a colectar evidencia y testimonios” para que
se lleve a cabo un proceso judicial en el que se determinen responsabilidades
específicas, apuntó Romero.
Fernando
Fernández, profesor de derecho penal internacional y DDHH, dijo que las partes
citadas como investigados tendrán “todos los derechos de que sus casos sean revisados
exhaustivamente”, lo que toma tiempo.
“Son
casos complejos y sumamente difíciles donde existe una cantidad de garantías y
derechos que están en el Estatuto. Mucha gente cree que esto es inmediato.
Siempre lo planteamos en términos de que son carreras de mucha intensidad y de
largo aliento”, comentó a VOA.
Calixto
Ávila, abogado especialista en DDHH de Provea, una de las ONG defensoras de
derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, resaltó que la decisión de
continuar la investigación se produjo en un lapso de tiempo “bastante reducido”
en comparación con los dos precedentes.
En el
caso de Afganistán y Filipinas, ambos actualmente en fase de investigación, la
decisión de los jueces ocurrió, respectivamente, seis y cuatro meses después de
la presentación del informe de las víctimas. En el caso de Venezuela, solo
pasaron poco menos de dos meses.
Daniels
precisa que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares se haya
pronunciado más rápido en comparación con los otros se debe a que el caso venezolano
es "más contundente".
En el
caso venezolano, unas 8.900 víctimas acudieron a la Sección para la
Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la CPI, para exponer
testimonios, opiniones y preocupaciones, mientras que en el de Filipinas, por
ejemplo, fueron unas 300.
El
gobierno venezolano cuestionó el mismo martes la decisión de la Sala de la CPI
de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que “recurrirá de
esta decisión” ante la Sala de Apelaciones.
“Venezuela
lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para
alentar y construir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de
ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional”,
resalta un comunicado del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Ávila
sostiene que el Estado venezolano puede apelar la decisión, pero considera que
las facultades investigativas del fiscal “no serían suspendidas, de acuerdo a
la jurisprudencia de la CPI en la situación de Filipinas”.
El
gobierno filipino apeló y pidió la suspensión de una sentencia como la de la
CPI en el caso Venezuela, pero la Corte negó el pedido.
"Si
en aquél caso dijeron que no, en el nuestro que es más contundente debería ser
también que no", estima Daniels.
En
2021, cuando la fiscalía de la CPI anunció que abriría una investigación formal a Venezuela, firmó
con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad
positiva establecido en el Estatuto de Roma.
El Estado venezolano ha cuestionado la investigación
argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra
cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra
investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos
humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer" las
responsabilidades.
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