Un secreto a voces es compartido por muchos padres de familia que se ven obligados a recurrir a la educación pública en Venezuela, hablamos de la existencia del llamado horario mosaico, es decir, un sistema formalmente desconocido por el Ministerio de Educación, en el que los docentes puede faltar a sus puestos un determinado número de días, a fin de que puedan dedicarse a otros trabajos más rentables.
Esta práctica, aplicada al margen de los contratos colectivos y por fuera de toda la legalidad de la administración pública, no es un logro sindical, sino una concesión del régimen ante un gremio a la que por la vía de los hechos, reconoce como sometido a la miseria por sus bajos salarios y el desconocimiento de sus logros sindicales con la aplicación del llamado Instructivo Onapre.
Esta estrategia del régimen es una medida paliativa para hacer más lento el abandono de los puestos de trabajo en la educación y una forma de condenar a las nuevas generaciones de venezolanos a la pobreza, al eliminar a la educación como una forma de garantizar la superación personal y profesional.
Lo sorprendente es que esta práctica que desprofesionaliza a los educadores venezolanos, se ha extendiendo con firmeza a muchas de las áreas de la administración pública en el país. Hoy por hoy no existe un venezolano que no haya vivido una experiencia, que involucre a un servicio público, donde la mala calidad, la peor atención y la exigencia en el pago de colaboraciones, sea la única estrategia para solucionar sus problemas.
Atender un fallo eléctrico, reponer un servicio telefónico, resolver un trámite administrativo, hacer frente a requerimientos con la justicia, lidiar con funcionarios policiales, requiere ingenio y mucho dinero en nuestro país. Si la urgencia se juega en claves de vida o muerte, los venezolanos sabemos que acudir a un hospital es una lotería donde toda la familia termina involucrada en la compra de insumos hospitalarios y el pago de peajes para saltar listas de esperas y garantizar la atención de calidad.
De este modo el régimen parece haber convertido la consigna del sálvese quien pueda en toda una doctrina en la administración del Estado donde los servicios públicos se convierten en cotos de caza de funcionarios que intentan sobrevivir en medio de la crisis. No es un tema de valores o falta de probidad del funcionario, sino el resultado de todo un sistema construido desde el poder, donde funcionarios públicos y ciudadanos están obligados a convivir con la regla tácita, pero bien definida, de que nada es gratis en nuestro país y que la norma y la legalidad es una letra que muere cuando el Estado renuncia a cumplir con sus más elementales obligaciones.
Paradójicamente en nuestro país, mientras el régimen declara ser socialista por garantizar servicios de calidad y gratuitos, buena parte de la administración está siendo privatizada, mientras se desconoce los derechos laborales y se ancla en la miseria a sus empleados, lo que ha generando una ciudadanía de primera que puede pagar por los servicios y una mayoría de ciudadanos relegados a la cola de la dignidad y sometidos a las arbitrariedades de un Estado fallido.
Venezuela se nos ha convertido en un país costoso, una tierra de nadie donde la administración se parece a un mercado donde se subasta el compromiso por el servicio y donde las personas están sometidas a un sistema donde el dinero define y prioriza la calidad de la ciudadanía que nos merecemos.
Este sistema no sólo nos aleja de los valores de la solidaridad que más necesitamos para hacer frente a la crisis humanitaria, sino que empuja a muchos ciudadanos a recurrir a la violencia y la agresividad como forma de relación frente a la ausencia de los más elementales servicios públicos y las arbitrariedades de los funcionarios de turno.
Hoy más que nunca es necesario salir en defensa de los valores de la solidaridad en nuestras comunidades, seguir insistiendo en el esfuerzo por trabajar juntos en la solución de los problemas que nos rodean, apoyar los liderazgos naturales que nacen de abajo hacia arriba y seguir trabajando por el cambio pacífico y democrático que necesita nuestro país. Solo con el regreso de la democracia se puede avanzar en el camino de lograr un sindicalismo libre comprometido con sus trabajadores, lo que permitirá la construcción de una administración donde se garantice una atención justa y de calidad a todos los ciudadanos por igual, sólo con el retorno de la plena democracia en el país, se puede construir las bases para que los ciudadanos puedan ser garantes de la calidad de los servicios públicos y donde desaparezca la distinción que impone los sobornos, la corrupción y la arbitrariedad del poder.
Luchar por este cambio que vuelva a poner a la solidaridad como brújula moral que guía nuestras acciones, ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
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