ES CRUCIAL QUE EL PAÍS RESPONDA DE MANERA DECIDIDA ANTE ESTE NUEVO INTENTO DE MINAR LA RUTA ELECTORAL Y QUEBRAR LA CONFIANZA DEL ELECTORADO.
El Consejo Nacional Electoral nombrado en 2021, producto de un consenso entre actores de sociedad civil y políticos, permitió, entre otros logros, avances significativos en las garantías electorales, como la observación internacional, la elección de 3.082 funcionarios públicos con pleno reconocimiento nacional e internacional, permitió conocer la dimensión de las distintas fuerzas políticas del país y alineó a la mayoría de los partidos políticos en la recuperación de la vía electoral, hechos que contribuyeron a que hoy los venezolanos mantengamos la esperanza en el poder del voto como herramienta fundamental para decidir sobre el destino del país.
Los reiterados pronunciamientos del sector oficial sobre la reestructuración del Poder Electoral en los últimos seis meses y el inmovilismo para cubrir la vacante a partir de la renuncia de la Rectora Tania D´Amelio eran muestras claras de la falta de responsabilidad política de quienes detentan el poder y aspiran a permanecer en él vulnerando derechos ciudadanos, entre ellos el derecho humano a la participación en asuntos públicos.
Por ello, el fortalecimiento y defensa de la institucionalidad electoral ha sido una de las tareas prioritarias llevadas adelante en los últimos meses, con actores nacionales e internacionales, por diversos sectores sociales y políticos, mediante el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el apoyo internacional. Estos esfuerzos vieron frutos con el pronunciamiento decidido de 20 países en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, realizada en Colombia el pasado 25 de abril, en el que se exige la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, así como en otros espacios internacionales.
Pese a estos esfuerzos el sector gubernamental decidió el pasado 15 de junio designar la Comisión Preliminar para el Comité de Postulaciones Electorales, sin que hubiese ocurrido previamente la aceptación de las renuncias presentadas por parte de la Asamblea Nacional, como lo señala el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, provocando el desmantelamiento y vulneración de derechos, generando zozobra, quebrantando la paz de la población y el debilitamiento de la esperanza de los venezolanos.
Ante este infeliz acontecimiento de quiebre institucional, hoy nos toca ratificar el compromiso de mantenernos trabajando en la construcción de las garantías electorales necesarias para el nuevo ciclo electoral de los años 2024 y 2025.
En este sentido, los sectores sociales agrupados en el Foro Cívico apoyamos el planteamiento del Rector Principal Roberto Picón, quien señaló en el comunicado emitido el día de ayer 19 de junio que “Nada debe apartarnos de la ruta electoral”. Respaldamos plenamente la posición que asume tras haber consultado a los diferentes actores sociales y políticos que apoyaron su nombramiento en el Consejo Nacional Electoral, en aras de facilitar la reconfiguración inmediata de la institución electoral, de forma de poder avanzar, pese a los grandes obstáculos y desafíos, en la restitución de los derechos políticos de todos los venezolanos, con el fin de lograr el objetivo fundamental de dotar a la Nación de instituciones reconocidas por todos. Esta tarea requiere de la participación y compromiso de la totalidad de los actores políticos y sociales, más allá de su signo político, y del apoyo articulado de la Comunidad Internacional.
En medio de la crisis institucional provocada desde el poder, los partidos y el liderazgo, bien sean las fuerzas que claman por mecanismos democráticos dentro de la coalición de gobierno o los distintos factores de oposición que trabajan en mecanismos de selección de sus candidatos, tienen la responsabilidad de abocarse a la reconstrucción de la institucionalidad electoral de manera expedita y transparente, así como brindar al electorado un camino cierto de esperanza y futuro que tenga como norte la recuperación de la institucionalidad democrática y el ejercicio de la política como instrumento por y para la gente.
A la ciudadanía nos toca asumir la participación en los asuntos públicos como un derecho humano. No ser espectadores pasivos ante este nuevo atropello y seguir documentando, denunciando y difundiendo la violación de los derechos políticos del pueblo soberano, guiados por nuestra convicción de que es preciso encarar las arbitrariedades, mientras afirmamos enfáticamente nuestro compromiso con el dialogo y la negociación como vías para el acuerdo político y la reforma institucional que este supone y ratificamos nuestro compromiso con la ruta electoral, pacífica y constitucional.
Demandamos a la Comunidad Internacional su decidido apoyo al pueblo de Venezuela en la recuperación de sus derechos políticos, en el entendido de que el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela no es solo competencia de los venezolanos, sino que atañe a todos los Estados democráticos del mundo, pues su defensa se enmarca en la protección universal de la persona humana, que no reconoce fronteras ni condición política o jurídica.
Caracas, 20 de junio de 2023
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