JHON TORRES Y AURA SAAVEDRA 29 de junio de 2023
Expertos
en asuntos migratorios aseguran que garantizar las condiciones de seguridad y
la manutención de miles de migrantes que apliquen a las visas será un reto, a
pesar de que Estados Unidos asegura que correrá con todos los gastos logísticos
Sin
mucho ruido en Colombia, a partir de este miércoles está al aire la aplicación
Movilidad Segura (movilidadsegura.org),
la puerta de entrada a la estrategia con la que Washington pretende evitar que
decenas de miles de migrantes irregulares -por ahora de Venezuela, Cuba y
Haití- lleguen a su frontera sur para tratar de entrar por «el hueco», y en vez
de eso se queden en el territorio nacional para tramitar desde Colombia un
eventual permiso de ingreso a EE UU.
Aunque hace apenas una semana la vicecanciller Elizabeth Taylor Jay le había dicho a la Agencia Efe que el arranque del programa de Oficinas de Movilidad Segura para Migrantes era “un tema sobre el que no hay ningún tipo de definición y se está discutiendo”, lo cierto es que desde el miércoles se habilitó la plataforma, que será administrada por la OIM y Acnur y que según advierten las autoridades migratorias de EE UU solo aplica para “personas cubanas, haitianas y venezolanas que se encontraban legalmente presentes en Colombia antes del 11 de junio de 2023”.
“Si
cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a Estados Unidos. Todas
las decisiones finales sobre el ingreso a Estados Unidos son tomadas por las
autoridades estadounidenses”, señala la aplicación, que advierte en todo caso
que “no todas las personas solicitantes calificarán o se beneficiarán del
programa”.
Los
anuncios del gobierno de Biden hablan de conceder máximo unos 30.000 cupos
migratorios para venezolanos, haitianos y cubanos al año (y no solo para los
que hagan el trámite desde Colombia).
¿Qué
tanto impacto tendrá esa estrategia sobre la migración irregular? Según cifras
de las autoridades panameñas -Migración Colombia no tiene los datos completos-
tan solo de enero a mayo de este año han cruzado el Darién, por trochas que
controlan los grupos armados ilegales, 82.054 venezolanos, 31.493 haitianos y
331 cubanos. En 2022 fueron 150.337 venezolanos, 22.392 haitianos y 5.961
cubanos. En 5 meses de este año, 166.649 migrantes de muchas nacionalidades
cruzaron hacia Panamá: la proyección indica que 2023 superará el año récord,
2022, cuando fueron 248.284.
Aunque
la plataforma está habilitada, hasta ahora no hay definición acerca de dónde
estarán los puntos físicos de atención a los migrantes. Estados Unidos pretende
que sean cuatro, repartidos por el territorio colombiano, pero el gobierno está
pensando en uno solo. Fuentes cercanas a la negociación le dijeron a EL
TIEMPO que ya varios alcaldes le han dicho no a la posibilidad de
tener esos puntos en su territorio.
¿La
razón? Según lo anunciado, en un plazo de 90 días deberían resolverse las
peticiones, pero la posibilidad de que ese plazo sea mayor es latente.
Expertos
en asuntos migratorios consultados por este diario aseguran que garantizar las
condiciones de seguridad y la manutención de miles de migrantes que apliquen a
las visas será un reto, a pesar de que Estados Unidos asegura que correrá con
todos los gastos logísticos. Entre otras razones porque hoy esas personas que
tratan de pasar a Panamá y de allí a México permanecen en promedio de 15 días
en Colombia, lo que tarda su trayecto por tierra hasta Urabá. Ahora esa estadía
duraría al menos 3 meses. “¿Y qué va a pasar con la mayoría, que son los que no
van a clasificar al beneficio?”, pregunta una de las fuentes.
“Una
migración irregular que hoy es de tránsito se le va a volver permanente al
país: el punto es si realmente estamos preparados para atender a esas miles de
personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que se sumarán a los
venezolanos que salieron de su país por la diáspora”, afirma un funcionario
judicial que trabaja en la protección de los derechos humanos de los migrantes
en Colombia.
Colombianos no aplican
Washington
señaló el miércoles que ningún colombiano será atendido en esos puntos, en lo
que constituyó la formalización de un anuncio hecho hace dos semanas y que ha
generado polémica, pues cuando se formalizó el acuerdo entre el gobierno de
Petro y la administración Biden se dijo lo contrario.
“Hemos
acordado con Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar
procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia EE UU de
manera ordenada y legal. Se pondrán en varios lugares del país”, dijo en su
momento Petro.
Bogotá
le había pedido a Biden que sus ciudadanos pudieran aplicar al Estatus de
Protección Temporal, que amplía los beneficios migratorios para los habitantes
de países afectados por conflictos o catástrofes. Washington se negó, pero a
cambio accedió a entregar anualmente 25.000 visas de reunificación familiar.
Colombia
hace parte del grupo de tres países latinoamericanos que llegaron a un acuerdo
con Estados Unidos para abrir lo que inicialmente se llamó Centros de Procesamiento
para Migrantes. También se abrirán en Guatemala -pero allí solo se atenderán
nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos- y en Costa Rica, que
será un filtro para migración venezolana y nicaragüense ingresada antes del 12
de junio.
La
estrategia, que el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS, por sus
siglas en inglés) calificó de histórica, según Washington busca “reducir la
migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales
desde las Américas”.
Aunque
analistas coinciden en que es iniciativa positiva, señalan que su efectividad
dependerá del mecanismo que se utilice para la atención y sobre todo a qué tipo
de población atenderán y cuántas citas se podrán tramitar. “Es una buena idea,
pero todo depende de los detalles”, expone Adam Isacson, director para Veeduría
de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por
sus siglas en inglés). Sin embargo, aclara que al ver las condiciones que se
conocieron el miércoles para el funcionamiento de esas oficinas en el país,
“los centros en Colombia no harían una gran diferencia”.
La
internacionalista María Clara Robayo, investigadora en asuntos migratorios del
Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dice que otro de los
puntos críticos es cuánto tiempo se demorará EE UU en tomar una decisión frente
a quienes pedirán refugio o asilo.
“Una
respuesta prolongada solo la podría soportar un migrante venezolano con
Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos y que tenga empleo. ¿Qué
pasará con los cubanos y haitianos que evidentemente no quieren quedarse en
Colombia?”, pregunta.
Señala
que es necesario precisar si habrá un paquete de alternativas económicas y
sociales para las personas mientras se conoce la respuesta. Afirma que esos
detalles deben quedar establecidos entre Colombia y Estados Unidos.
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