OLGALINDA PIMENTEL R. 19 de junio de 2023
@OlgalindaP
A 30 años de la sentencia de antejuicio de
la Corte Suprema de Justicia dictada por primera vez contra un presidente de la
República, el penalista Alberto Arteaga Sánchez, defensor principal de Carlos
Andrés Pérez en el juicio por el caso de la partida secreta, recuerda el
proceso penal de tres años como una “auténtica y burda farsa”.“Sirvió solo para
sacarlo del poder”. Un caso inédito de “invasión de la justicia” -que no de
injerencia del Ejecutivo- que los venezolanos nunca más volvieron a ver.
El 20
de mayo de 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez fue informado, en
Miraflores, de que la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de los 15
magistrados, había acordado enjuiciarlo. Faltaban seis meses para culminar su
mandato. Se mostró inalterable, porque ya estaba preparado, dicen allegados.
“Confieso que hubiera preferido otra muerte”, dijo públicamente.
Una acusación que el fiscal general Ramón Escovar Salom presentó el 11 de marzo, sobre presuntas irregularidades en la rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares de la partida reservada o secreta del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) convertidos en 17.241.379,31 dólares a la tasa de cambio de 14,50 bolívares, fue el fundamento judicial para determinar, en apenas dos meses, que el presidente, junto a dos de sus ministros y dos funcionarios, incurrió en malversación y peculado, previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (1982), derogada en la actualidad.
Pérez
no conoció con antelación la decisión de antejuicio, aunque era pública en los
corrillos judiciales, ni tampoco la Corte le notificó oficialmente la
acusación, se asegura. Aunque cueste creerlo.
Pero
esa primera sentencia de la Corte en pleno, de la que se cumplen 30 años,
sirvió para sacar del poder, en apenas tres meses, al presidente más polémico
de los años democráticos, electo por segunda vez en 1988 con una votación
récord de 3.868.843 sufragios, y superviviente de dos intentonas golpistas
(1992) y del Caracazo (1989)
“Alguna
‘mente jurídica’ pensó que se hiciera todo el proceso hasta la suspensión de su
cargo (21 de mayo 1993) y a los tres meses declarar su vacante absoluta. Todo
esto fue un verdadero golpe judicial”
Alberto
Arteaga Sánchez
Alberto
Arteaga Sánchez, su principal defensor y vocero del equipo de abogados de los
cinco implicados, no ve hoy con suspicacia que la Corte, en tiempos de severo
retardo procesal, haya escogido el mes de mayo de cada año para dictar con
celeridad sus fallos, durante los cuatro que duró el juicio. En cambio, afirma
que, en sus más de 50 años de abogado penalista -ocho de ellos como decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (1983-1987 y
1987-1990)- no conoce ningún otro proceso judicial más “aberrado”, en el alto
tribunal. Y no porque se trate de la partida secreta, una opaca porción del
presupuesto anual reservado para la política de seguridad y defensa nacional de
los gobiernos de la época.
“Fue
una auténtica y burda farsa, una invasión de la justicia”, señala, que funcionó
además para sellar la reputación de Pérez como el más vil corrupto, a pesar de
que la propia Corte, tres años más tarde, descartó que se hubiese enriquecido.
“Imagínese que hoy desparecen más de 3.000 millones de dólares”.
Con
base en dudosos indicios y en tres meses, Pérez fue suspendido del ejercicio
presidencial y defenestrado por el Congreso, sin sentencia definitiva. Además,
en tres años, terminó encarcelado; expulsado de su partido Acción Democrática
(AD); condenado a “resarcir el daño al patrimonio público” con 603 mil dólares
que se negó a pagar a la Corte Suprema; y su liderazgo borrado del escenario
político nacional e internacional.
Arteaga
está convencido de que si el presidente Carlos Andrés Pérez (1922-
2010) no hubiese estado tan dispuesto, como lo estuvo, a iniciar
rectificaciones y cambios para atender los reclamos del país, incluso en la
Corte Suprema, nada de eso le hubiese ocurrido.
“Pérez
se buscó su propio verdugo”.
Con
ojo jurídico
-¿Carlos
Andrés Pérez no fue corrupto?
-Fue
un hombre dado y entregado a la política, eso era lo que llenaba su vida, a
tiempo completo, cuando lo conocí el 21 de mayo de 1993, un día después de
declararse el antejuicio; sus ambiciones no eran de dinero. Mi conocimiento de
Pérez fue la de un hombre en esa circunstancia. Pérez, con sus ministros
Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, y los funcionarios Carlos Vera, del
MRI; y Oscar Barreto, del Banco Central de Venezuela (BCV), no fueron
investigados, juzgados y condenados por hechos acreditados como delitos, ni
demostradas plenamente su culpabilidad. Fueron, sencillamente, ajusticiados.
-¿Dónde
comienza la burda farsa?
-La
farsa comenzó con la denuncia pública de José Vicente Rangel, el 8 noviembre de
1992. Esta dio lugar a las investigaciones del Congreso 10 días después. El
fiscal Escovar Salom, que había sido apoyado por Pérez para asumir ese
despacho, recogió la denuncia y la concretó en la solicitud de antejuicio que
llevó a la Corte, el 11 de marzo de 1993. Aparecieron ‘Los Notables’ y una
corriente de opinión que Jesús Petit Da Costa, entonces Procurador del segundo
gobierno de Rafael Caldera, llamó “el clamor de la muchedumbre”. En un artículo
refirió que “el pueblo entero ha bajado el pulgar”.
-¿En
qué consistió?
-Para
cumplir una formalidad, se hizo sobre la base de una rectificación
presupuestaria llevada a cabo en forma absolutamente legal el 22 de febrero de
1989, por 250 millones de la partida secreta del Ministerio de Relaciones
Interiores. Se hizo con errores admitidos y corregidos en la tramitación ante
el Banco Central de Venezuela.
“Había
buscado los mejores hombres para que lo acompañaran en el Gabinete, dejando a
un lado a su propio partido, cosa que esta organización no le perdonó”
Alberto
Arteaga Sánchez
-¿Fueron
acusados por eso?
-Por
esos hechos, el presidente y sus colaboradores fueron acusados por peculado y
malversación. Aunque, luego, en la sentencia definitiva, en mayo de 1996,
fueron absueltos del primer delito, que implica apropiación o enriquecimiento
personal con dineros públicos. Pero fueron condenados por el segundo que se
concreta en un desorden administrativo o en la aplicación de fondos públicos
con fines diversos a los previstos, sin observancia de la normativa
presupuestaria. El último acto de consumación habría sido, según la Corte, el
envío y pago a funcionarios de la policía con dineros de esa rectificación
presupuestaria, hecha en 1989 para la ‘Operación Orquídea’, una misión de
cooperación con Nicaragua en 1990 con motivo de la toma de posesión de la
presidenta Violeta Chamorro.
-¿Pero
no hubo malversación?
-No la
hubo. Lo que hubo fue una manipulación incorrecta de la tramitación
presupuestaria, pero en la acusación hubo el aprovechamiento alevoso de unos
cheques que ya habían sido anulados, con el sello debido. El manejo ante la
opinión pública fue que habían desaparecido o Pérez había robado los 250
millones de bolívares de la partida secreta para beneficio personal. Todo fue
absurdo. Además, la rectificación presupuestaria se hizo en 1989 y la toma de
posesión de Chamorro fue un año después, lo que quiere decir que la
rectificación no estaba vinculada con la presidenta electa. En ese engaño se
fundamentó el informe del Contralor, en el que se concluye que hubo
malversación. Y la Corte lo dio por probado, con nueve votos a favor. Seis
magistrados salvaron su voto.
-¿Hubo
errores jurídicos en el fallo?
-No
podían existir los delitos de malversación y peculado a la vez porque los
fondos o se usan para destino público o para el privado. También, la Corte
mezcló, en la supuesta malversación, el dinero para sufragar los viáticos de
los policías con la desviación de los caudales del MRI al Ministerio de la
Secretaría. Al final, la Corte en sentencia definitiva con el voto favorable de
11 magistrados y de cuatro en contra, los condenó a dos años y cuatro meses de
prisión, solamente por malversación agravada, pero con base en unos cheques a
nombre del ministerio de la Secretaría de la Presidencia, que habían sido
anulados en 1989.
-¿Cuál
fue el destino de Pérez y sus ministros?
-Pérez
cumplió rigurosamente la condena: tres meses en el Internado Judicial de El
Junquito y el resto en casa por cárcel, en su residencia La Ahumada en El
Hatillo. Alejandro Izaguirre, preso también en El Junquito, fue indultado
durante el juicio para acentuar la venganza política selectiva, con el
revestimiento de una apariencia de justicia. Figueredo fue juzgado en ausencia.
“Aberraciones”
del proceso
-¿Cuáles
fueron los desatinos jurídicos?
-Uno
de los policías (pide reservar su nombre) que declaró en el juicio mostró algo
artificioso: tenía una agenda donde había anotado los seriales de los dólares
que había recibido en 1990. Eso se valoró en la sentencia sin ser objeto de
experticias grafoquímicas, para determinar si la edad de la tinta empleada en
sus anotaciones correspondía con la fecha en que recibió los viáticos. Esto lo
alegó Alfredo Ducharme, uno de los magistrados en su voto salvado. Pero no fue
lo único. El testigo incluyó en su relación un billete de 500 dólares que
estaba fuera de circulación desde hace más de 15 años.
-¿Cuáles
fueron las actuaciones más irregulares en este proceso?
-Lo
que quedó en evidencia en todo este proceso fue el desconocimiento absoluto de
las normas jurídicas, los derechos fundamentales que deben ser respetados. No
hubo audiencia en la Corte Suprema para escuchar a Pérez, porque no estaba en
vigencia aún la Constitución garantista de 1999, como sí la hubo en el caso de
Miquelena, pero en el de Pérez se preparó todo el proceso ante la opinión
pública.
-¿Hubo
alguna reacción contra eso?
-En su
voto salvado en la sentencia definitiva, la magistrada Hildegard Rondón de
Sansó, quien en la primera vez votó a favor del enjuiciamiento, expresó que
todo el proceso, previo al fallo último, se debatió en la prensa, antes de su
publicación por la Corte Suprema. Escribió: “En este proceso la manipulación de
la opinión pública estuvo sobre todo en aportar imputaciones que no figuraban
en los autos, a fin de condicionar a la opinión pública a exigir decisiones
sobre hechos ajenos al juicio. La Corte desperdició nuevamente la oportunidad
de elevarse en el criterio del país y de la comunidad jurídica internacional,
dictando un fallo apegado al derecho y a la justicia”.
“Durante
el juicio y hasta el final nunca pensó que la sentencia pudiera condenarlo”
Alberto
Arteaga Sánchez
-¿Qué
alegaron los otros magistrados que salvaron su voto?
-Varios
magistrados que salvaron sus votos, conscientes de que lo que advertían carecía
de todo sentido en su momento y, sin mayores aspavientos, indicaron la
necesidad de dejar su testimonio para la historia. Destacaron que se
desestimaron testigos expertos altamente calificados como especialistas en
materia de seguridad y de expresidentes de Venezuela. Se resaltó “la carencia
argumentativa”, “las deficiencias probatorias”, la “prescindencia de
consideraciones sobre la seguridad, defensa y secreto de Estado, esencia de
este proceso” y la advertencia de que “procesos como este no deben repetirse”.
También se señaló la omisión de toda referencia a la anulación de los cheques,
emitidos a nombre del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, y la no
admisibilidad por parte del juzagador, de una “sentencia política”.
-¿El
proceso entonces fue concebido para sacar a Pérez del poder?
-La
única finalidad de esta acción era sacar a Pérez de la Presidencia de la
República. Como Pérez no quiso renunciar, había que buscar una estrategia
jurídica que lo permitiera. Alguna “mente jurídica” pensó que se hiciera
todo el proceso hasta la suspensión de su cargo (21 de mayo 1993) y a los tres
meses declarar su vacante absoluta. Todo esto fue un verdadero golpe judicial.
Lo
humano del proceso
-¿Cómo
lo contactaron?
-Cuando
llegaba a mi casa de una jornada de derecho realizada en Margarita recibí una
llamada telefónica de La Casona, el 21 de mayo, un día después de la sentencia
del antejuicio. Me extrañó porque nunca tuve ningún tipo de relación con esa
residencia ni con el Palacio de gobierno. El presidente Pérez quería hablar
conmigo para que entrara en la defensa. Antes, unas personas cercanas a él
habían hablado conmigo porque yo había escrito un artículo en el que analicé en
forma general las imputaciones en ese caso, basado en lo que publicaban los
medios.
-¿Conocía
a Carlos Andrés Pérez?
-Una
persona que se dedica a la academia durante años, exdecano de la Facultad de
Derecho y profesor titular de la UCV, a nadie le interesa. Creo que ese Pérez
que conocí buscaba un abogado no cercano o de partido, como lo eran David
Morales Bello o Augusto Matheus Pinto. Yo no era de partidos.
-¿Cómo
fue su primer contacto con Pérez?
-Fui a
La Casona en medio de aquella conmoción que se vivía por la decisión de la
Corte. Al llegar a la residencia presidencial vi un gran estacionamiento vacío,
no había prácticamente nadie, excepto una escasa guardia de edecanes. Cuando
entré, Pérez estaba sentado al fondo de un salón muy grande, acompañado de
alguno de sus ministros y su abogado Rafael Pérez Perdomo. Me dijo que quería
saber si yo aceptaba su defensa. Le dije que estaba dispuesto a participar en
la defensa, pero que suponía que como dirigente de trayectoria habría pensado
en que esto era un juicio político, que no se resolvería ajustada a derecho. Y
le sugerí que nombrara a defensores públicos de presos, para poner de relieve
el enjuiciamiento político de un hombre que ya había expresado su decisión de
someterse al proceso penal.
-¿Lo
vio preocupado?
-Pérez
se mostró dueño de sí mismo. Fue siempre muy aplomado en todo momento,
inclusive cuando allanaron su oficina en la Torre Las Delicias, donde buscaban
hasta en el techo para ver si encontraban alguna evidencia. Desde el comienzo
su respuesta fue que era una maniobra en su contra; estaba convencido de que no
había manera de que él pudiera ser sometido a proceso y ser condenado por algo
-lo tenía claro-, en lo que no había nada ilegal.
-¿Qué
significó para usted esa defensa y vivir un juicio que considera un garabato
legal?
-Fue
un cambio significativo en mi vida. Yo estaba dedicado a la universidad y el
caso me dio exposición pública. El señalamiento era ‘ese es el abogado de
Carlos Andrés Pérez’ con una connotación peyorativa, por cierto, distinta a la
que hay actualmente y que ya no es de condena. A mí me llamaba al escritorio
Gabriel García Márquez para enterarse cómo iba el juicio contra Pérez, porque
le tenía una gran estima.
-¿Lo
llamó Fidel alguna vez?
-No,
la verdad no. Él le escribió una carta a Pérez, como lo hizo también cuando las
intentonas de golpe de Estado, supe después.
De la
“otra muerte” a buscar verdugos
-¿Cómo
pudo un hombre tan hábil como Pérez aceptar la salida de magistrados afectos a
AD y a él, a petición de “Los Notables”?
-Quizá
no lo interpreten adecuadamente, pero Pérez buscó su propio verdugo. Él
presiono a la Corte Suprema (que presidía Otto Marín Gómez) para iniciar
cambios, no para que fuese un tribunal a su favor. Luego de la intentona del 4
de febrero, en medio del descontento popular, convocó a los magistrados a
Miraflores. Había necesidad de cambios de rumbo en la política, de rectificar a
través de consejos consultivos. Pero no todos acudieron. El resultado de
aquella reunión fue el de procesar las jubilaciones de magistrados que, si
hacemos cálculos políticos hubieran sido votos favorables para obtener la
mayoría y que no prosperara el antejuicio. Hubiesen bastado dos votos más. Pero
Pérez presionó en otro sentido, entendió que el país requería un cambio también
en la Corte Suprema, la que al final lo enjuició.
-¿Cómo
asumió Pérez salir del cargo por un “golpe judicial”, lo que no logró el golpe
político de 1992?
-Durante
el juicio y hasta el final nunca pensó que la sentencia pudiera condenarlo.
Siempre pensó que no había bases jurídicas para su procesamiento. Había buscado
los mejores hombres para que lo acompañaran en el Gabinete, dejando a un lado a
su propio partido, cosa que esta organización no le perdonó.
-¿Hubo
alguna otra retaliación política en su contra?
-Las
fuerzas políticas actuaron contra de él. Su propio partido fue uno de los
principales ejecutores, y estando preso en El Junquito, aún sin haber sido
sentenciado, lo expulsó de sus filas. En realidad Pérez fue un hombre sin
odios, que pensó que los odios de los otros prescribían; porque él pudo haber
atravesado etapas de choque, pero fue generoso, al extremo de llamar en su
segundo gobierno a adversarios políticos.
-¿Qué
destaca de Pérez, 30 años después del antejuicio?
-Es
lamentable que, aunque se haya minimizado, nadie le quite de encima la macha de
que él se aprovechó de los dineros públicos, a pesar de que él se sometió
voluntariamente al proceso penal, no huyó del país y fue preso sin haberse
robado absolutamente nada y teniendo los magistrados en contra. Este
lamentablemente fue el precedente, en democracia, de muchos otros
disparates que se han producido después. En una carta que me remitió el 5 de
junio de 2000, Pérez demostró una gran condición humana. Una de las cosas que
más le preocupaba del proceso es que hubiesen involucrado a Alejandro
Izaguirre, un hombre de una honorabilidad y condiciones espirituales probadas;
a Figueredo, en ausencia, y a Leiva y Barreto. Sabía que el objetivo era él. Me
habló del “desastre institucional” que vivía el país e hizo una consideración
de mi ejercicio profesional en medio del caos. Y hasta ese momento, 10 años
antes de morir, fue optimista.
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