Marta de la Vega 10 de octubre de 2022
Venezuela
se ha convertido en un antro de «macrocriminalidad» simultánea en muchos
ámbitos, como revela el tercer informe, devastador, de la Misión
internacional independiente de determinación de hechos de la ONU, que
fue presentado el 26 de septiembre de 2022. Es no solo el espeluznante relato
documentado con testimonios desgarradores sobre las torturas a los presos
políticos, ordenadas desde las figuras del más alto gobierno en la cadena de
mando, el propio Maduro en primer lugar, sino la descripción de la tragedia en
el Arco Minero, que sufre el área del sur del Orinoco, ocupada por tres Estados
del país, Bolívar, Guayana y Amazonas.
Es lo que Adalberto Gabaldón ha llamado el «Antro Minero», territorio ocupado por grupos criminales como las FARC o el ELN que han encontrado allí su «santuario» y dominan, por ejemplo, en los municipios Sifontes o el Palmar. Igualmente son los «sindicatos», un eufemismo para las bandas de «pranes» que articulan parte de una delincuencia común, despiadada y sin escrúpulos, que mata, dispara a las piernas a los que trabajan en la minería ilegal, por sustraer pepitas de oro, o mutila, cortando dedos, manos o hasta degollando a quienes se atreven a hurtar parte del oro extraído en condiciones infrahumanas y bajo control de los militares.
La
explotación de oro, diamantes y coltán no alcanza ni al 1% del PIB, pero está
provocando un holocausto ecológico y humano de magnitud y alcance planetarios.
La masacre en la comunidad Tumaracapai, perpetrada por guardias nacionales
bolivarianos que comenzaron a disparar a mansalva y sin justificación alguna a
los jóvenes que pedían que se retiraran de la comunidad, ha puesto en evidencia
la responsabilidad oficialista, ya que se trata de un plan dirigido por el
gobierno venezolano ilegítimo de Maduro y sus acólitos, que dominan las
instituciones y ejercen coacción o muerte para desplazar a las comunidades
indígenas a favor de la explotación minera.
Juvencio
Gómez, capitán indígena pemón, está refugiado en Brasil por el acoso y
persecución de los que ha sido víctima por proteger a la población de las
matanzas y del despojo forzoso de sus territorios. Las masacres de los
indígenas pemón han forzado a muchos a huir hacia Brasil donde han encontrado
refugio para no ser apresados o asesinados en prisión en Venezuela. Han perdido
sus fuentes tradicionales de trabajo, de caza y pesca y han sido aplastadas su
dignidad y su sobrevivencia al punto de ser hoy nómadas mendigantes.
El
valiente documental Oro de sangre, cortometraje de 15 minutos,
producido y dirigido por Thaelman y Juan Urguelles y Malena Roncayolo, y uno de
sus protagonistas, Américo De Grazia, participaron, con Francisco Moreno como
moderador, en uno de los foros organizados por diez asociaciones ciudadanas
para presentar la película. Esta revela un ecocidio sin precedentes, que es
también un crimen de lesa patria y de lesa humanidad.
La
gravísima contaminación por mercurio y cianuro afecta a las comunidades
indígenas, destruye la biodiversidad, diezma o extermina los peces, cuando no
los envenena, y en este sentido afecta gravemente la salud de quienes los
consumen. Son ecosistemas tan frágiles, las más antiguas formaciones
geológicas, que el daño que sufren estos territorios al talar la vegetación, al
bombardear con explosivos los terrenos, resulta irreversible y amenaza sin
atenuantes las reservas estratégicas de agua y la riqueza natural de estas
zonas.
El
informe de violación brutal de los derechos humanos en el caso del Arco Minero
ya ha ido a instancias internacionales como la ONU, la OEA, la Corte Penal
Internacional, y antes, fue denunciado en la Fiscalía venezolana, en la
Defensoría del Pueblo, sin que en estos tribunales hubiera pasado nada. Ejemplo
de esta barbarie de la que no escapan ni siquiera los propios militantes del
chavismo es el caso del diputado del PSUV, A. Torres, quien denunció que eran
extraídas por año más de 30 toneladas de oro, pero solo era reportado el 10% de
esta cantidad. 15 días después, fue secuestrado junto con su esposa e hijos y
luego de estar desaparecidos algún tiempo, fueron encontrados sus cadáveres,
con signos de tortura, decapitados y calcinados.
Chávez
y Maduro impulsaron este proyecto como uno de los ejes de desarrollo, en la
realidad convertido en un ecocidio de proporciones catastróficas y articulado a
un entramado criminal transnacional. Aún más grave, ha consolidado la
corrupción estructural construida desde el poder impuesto en Venezuela, hoy
dominado por una cleptocracia sofisticada, y con ella el saqueo de las riquezas
públicas por parte de sectores particulares, civiles y militares, y
delincuentes nacionales y extranjeros, respaldado por la camarilla mafiosa y
usurpadora en el alto poder. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?
Marta
de la Vega
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