Por Victor Rodriguez, 20/10/2013
Lejos de intentar crear un clima de paz y tranquilidad, el régimen de
Maduro insiste en el espinoso camino de la confrontación, expresada en la
brutal persecución e intimidación que se realiza en contra de los medios, un
ejemplo, el periódico 2001, al que por cumplir con su deber de informar se le
ha abierto un procedimiento dirigido por la misma Fiscal General, una amenaza
que ahora se extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que según
Nicolás Maduro estarían implicados en la “guerra económica” para justificar el
precio del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a
quienes se les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo que
ocupan en representación del pueblo, Juan Carlos Caldera, “respetado y apreciado”, según palabras de Maduro; y, la diputado
Aranguren, del Estado Monagas, representativa del numero 99; y, en el
acorralamiento de que son víctimas los Gobernadores de las fuerzas
democráticas; Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello quien
ha también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de
decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho y
Falcón quien tenía que “retractarse” en menos de 24 horas, según pedido de Maduro,
grosero ultimátum express.
La intimidación en práctica por el régimen bolivariano ataca
directamente a todos los venezolanos quienes resultamos objeto de abominables
medidas de control: entrega de divisas en forma de dádiva; inspecciones
intimidatorias en fabricas y sitios de trabajo; dificultades para la obtención
de documentos; férreo control de precios y sanciones por “acaparamiento” y
“especulación”, entre muchos otros, innecesarias todas, pero útiles, según
ellos, para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni
derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los “revolucionarios”,
ignorando deliberadamente la Ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez,
preparan una ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la
corrupción que los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a
la medida de la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El “ataque” a la corrupción que anuncia el régimen excluye actos que
evidentemente constituyen delitos graves contra la cosa pública y la moral,
cuya interpretación fiel pondría a más de uno vinculado a régimen, desde dentro
o fuera del Ejecutivo, en serio aprietos. Los revolucionarios separan
hábil y deliberadamente la “corrupción” de otras prácticas delictivas evidentes
como el “tráfico de influencias”, el “soborno”, el “enriquecimiento ilícito”
evidente este último por la “situación patrimonial” del investigado y por la
forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el “incremento
patrimonial desproporcionado” que no se puede justificar. También ignoran
el abuso de funciones; el peculado, especialmente de uso; la concusión, cuando
al funcionario público, abusando de sus funciones, constriñe o conduce a
alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o
cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los “investigadores” y “contralores” del régimen no les
interesa la Declaración Jurada del Patrimonio, común en épocas de democracia,
menos aún compararla con la riqueza evidente de algunos. Tampoco ven a los
funcionarios y familiares que usan los bienes públicos en forma indebida,
simple peculado de uso; menos a los candidatos del PSUV que utilizan los
recursos del Estado, las instituciones, los medios todos, para hacer campaña
cuando la Ley contra la corrupción de 2007 señala muy claramente que no se
podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos o proyectos
políticos.
Lamentablemente quienes mandan hoy en el país insisten torpemente en
dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el poder, fundándose en la
destrucción del país y de las instituciones y del empobrecimiento de los
venezolanos. Pero en vano, como lo veremos el 8D, otra fecha memorable en este
proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen
corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en
tristes periodos de postguerra superados en otras partes, los venezolanos
castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que
la dignidad ni se compra ni se vende.
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