Por Jesús Alexis González, 04/05/2015
En agosto 2014, los presidentes de
Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un sistema de pagos
bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a nuestro país la
determinación del tipo de cambio (bolívar-peso). Hubo señalamientos concretos; desde la visión colombiana: “los
precios de los alimentos que pasan en contrabando los venden a un precio más
bajo y por eso afectan nuestros productores. Los productos de la canasta básica
subsidiada por el gobierno venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios irrisorios en perjuicio del
comercio local”; mientras que del lado
venezolano se anunció un “plan de choque” con la finalidad de “combatir la
extracción de alimentos y gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos militares a lo largo
de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera binacional con Colombia(¡43/trocha!); al tiempo de informar
que “queda terminantemente prohibido la exportación de todos los productos de
la dieta básica de los venezolanos, porque
Venezuela no exporta sus alimentos, los produce para consumirlos” NOTA: Nos
permitimos una acotación: la expresión adecuada ha debido ser “los importa para consumirlos”. En
armónica sintonía comunicacional con el Ejecutivo, voceros gubernamentales
estimaron en más de US$ 2.000 millones las pérdidas anuales por contrabando (en
2015 equivaldría a unos Bs 374.000
millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al
gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que
propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela
ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio
interno es de Bs 0,070/litro vs Bs
58/litro en Colombia diferencia de precios que induce una pérdida
aproximada para nuestro país cercana a los US$
5.500 millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones
para los contrabandistas.
El contexto brevemente descrito, perfila
la estructuración de una “economía de
frontera” (flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de
manifiesto vigor actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de la atroz
“política” de anclaje cambiario orientada
a controlar la inflación (¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios
que fomenta el contrabando en razón
a las ventajas que se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como resultado de
estar porcentualmente conformado por “importaciones
subsidiadas”a un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que
luego el Gobierno intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos
controles de precio (¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su
congelamiento, se ubican por debajo de
los precios libres del comercio vecino(en más de 10 veces)hecho que impulsa
la citada “economía de frontera”y el
contrabando(distinto a una “guerra económica”) que en opinión del propio
Gobiernoalcanza más del 35% de los
productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el
desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante
el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra importadora”contra el sector
privado,que con el tiempo ha inducido un círculo vicioso de más importaciones
con obvio encogimiento y destrucción de la capacidad de producción interna.
Sirva de referencia ilustrativa, casos como el de la harina precocida que en
Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos pero con sólo cruzar la
frontera se puede comprar a precio
regulado¡8 kilos con el mismo
esfuerzo monetario en pesos!.Es de resaltar que esa proporción puede variar
según la zona geográfica donde se adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular zuliano que
hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal como p.ej.
Maracaibo (Bs100), Oriente (Bs 90),San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy (Bs50) y
Valencia (Bs 40); situación similar para
muchos otros alimentos, todo lo cual muestra dos aspectos de
repercusiones distintas: un claro beneficio para el consumidor colombiano (y el
contrabandista) y una oportunidad de abastecimiento ( más caro) para los
venezolanos ante la escasez nacional; o lo que es lo mismo, el “bachaqueo” es ahora un factor de
distribución de la mercancía en incongruente y sospechosa “ocupación funcional” de las competencias inherentes a los 22.000 Centros de Abastecimiento “atendidos”
por Mercal, siendo el Gobierno quien controla cerca del 60% de la distribución
de alimentos al tiempo de estar en capacidad de conocer al detalle todo ese
proceso al haber instrumentado en 2008 el Sistema
Integral de Control Agroalimentario (SICA) para supervisar lo enviado para
cada región del país, y asumiendo en 2009 la importación de alimentos
fortaleciendo ese objetivo con la promulgación (30/12/2010) de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, que
en su Artículo 3 lo define como actos u omisión donde se elude o intenta eludir
la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en el tránsito de mercancías o bienes; luego complementada
en 2012 con la puesta en funcionamiento de la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos de uso
obligatorio para el movimiento de los alimentos en todo el territorio nacional;
y más recientemente se anunció (01/05/2015), con subyacente clientelismo
electoral, la instalación de unos 1.800 Consejos Populares de Abastecimiento y Producción,
que al parecer, funcionarán en cada establecimiento (¡!) con la finalidad de
combatir la usura, la especulación, el acaparamiento y el contrabando (¿?); y
de igual modo, en nuevo ataque mediático, la creación de una Corporación de Transporte a efectos de centralizar la distribución
de alimentos (¿Estatización?).
Es importante recordar, que con la
integración económica entre Venezuela y Colombia (finales de los 80) disminuyó en más de un 90% el
contrabando de productos venezolanos, como reacción a la instrumentación de
políticas económicas bilaterales que condujo a una revalorización del bolívar
desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en 1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003
(en 2015 apenas podemos comprar 0,024 pesos con 1 bolívar); siendo que de igual
modo en 1998 exportábamos a Colombia arroz,
maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos, entre
otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500 millones. Esta situación privilegiada, inició su
reversión a partir de 2001 cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico para
apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos ha
llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que
consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de
alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos
petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de
una crisis: ¿con qué importamos? situación
que se complica ante la inexistencia de un fondo anticiclico, a la par de los
desastrosos efectos de la nefasta política de refinación de PDVSA que se tradujo
en la pérdida ante Canadá de los espacios técnicos para procesar nuestro crudo
pesado descartados para intentar, sin éxito, la instalación de 3 refinerías en
China.
No admite duda en contrario, que
mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso
nacional en momentos coyunturales puede
dar resultados satisfactorios; pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa oficial divorciada de la
realidad (p.ej. 6,30Bs/$) que a la larga se vuelve inoperante como consecuencia
del uso indebido (público y privado) de la divisa oficial, hecho que a su vez
impide tanto la conformación de mejoras en el precio de venta al consumidor
como la posibilidad de una masiva importación en razón a la especulación cambiaria y la corrupciónqueflorecen
por el descomunal diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha
cambiaria) que para 2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de estimular la economía de frontera tanto de los
limitados bienes producidos internamente como de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!, muy especialmente los alimentos.
Mención de obligante referencia, es
lo referente a la devaluaciónque ha
caracterizado a Venezuela que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años(vs un 1.625% en los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de
Divisas (Simadi) efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del
total adjudicado de divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel
de establecer la “cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un
20-30% por encima)induciendo una “devaluación
encubierta progresiva” que igualmente dinamiza la economía de frontera con
Colombia, muy especialmente en materia de alimentos al “abaratar las
exportaciones” bajo la perturbador figura de un ¡contrabando de transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras no se corrijan las
distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de los controles de
precios y cambio, la economía de
frontera será una realidad permanente y creciente fundamentalmente en
materia de alimentos, medicinas y gasolina en razón a la amplia diferencia de
precios que existe entre los regulados
nuestros (congelados) y el libre
colombiano que obviamente “estimula” el deseo de venderlos mucho más caro
en la frontera. Concluimos con una reflexión
de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta
tanto no se desregule la economía al
tiempo de reducir el tamaño del Estado y el
intervencionismo gubernamental.
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