Por Jesús Elorza
El deporte en Venezuela
no escapa de la difícil situación que vive el país en general, donde un régimen
mafioso se ha involucrado en todas las aéreas del país incluyendo al movimiento
olímpico.
Desde su nombramiento
como presidente del Instituto Nacional de Deportes en el año 2002, Eduardo
Álvarez empleó todos los recursos presupuestarios y legales para atropellar,
amenazar, chantajear y doblegar a las federaciones deportivas con el propósito
de que modificaran el Artículo 26 de los Estatutos del Comité Olímpico
Venezolano, para permitir que un funcionario de gobierno pudiera postularse a
la presidencia de ese organismo. Esto violaba flagrantemente la autonomía
de la entidad olímpica y la separación de funciones entre el sector
federado y el sector oficialista vigente desde 1949.
El Gobierno nacional
logró su propósito y Eduardo Álvarez fue electo presidente del COV en enero de
2004; concentrándose de manera irracional y peligrosa todo el poder deportivo
en una sola persona: viceministro de Deportes, posteriormente elevado a
ministro en el 2006, presidente del IND y secretario ejecutivo del Comité
Organizador de la Copa América en Fútbol.
En los años
subsiguientes centró todo su poder institucional desde la presidencia del
Comité Olímpico Venezolano COV, en impulsar hasta su aprobación la Ley Orgánica
de Deporte, Actividad Física y Educación Física, que fue promulgada el 23 de
agosto de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial Nª 39.741. Ella somete al sector
deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario
al establecer los siguientes principios rectores:
-El dogma, según el
cual el Estado revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida
ciudadana; eliminando, de hecho, los derechos a la libre asociación, la
autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.
-La modificación
estructural de la organización deportiva nacional, al establecer como unidad
básica del sistema a los ilegales e inconstitucionales comités de deporte y
recreación de los consejos comunales y las comunas, lo que va a permitir el
control de los clubes, ligas asociaciones y federaciones.
Ese es el verdadero
inicio del problema que en los últimos 16 años se fue agravando progresivamente
por el control autoritario y monárquico, por decirlo de alguna manera, de
Eduardo Álvarez y la junta directiva del COV.
En todo ese tiempo, se
hicieron rutinarias las acciones de presión sobre los dirigentes federativos
con amenazas o compras de conciencia para mantener el silencio cómplice frente
a los desmanes de las autoridades olímpicas.
El deterioro alcanzó
límites inimaginables: el tesorero del COV amenazó con «caerle a tiros» a los
federativos que se opusieran a la continuación de Eduardo en la presidencia.
Eduardo impuso la
presencia de su hijo como director general de la Federación Venezolana de
Deportes Acuáticos con la manifiesta intención de que en el futuro fuese su
sucesor (monárquico) en la presidencia del COV.
Establecieron un cerco
de guardianes con grupos paramilitares para controlar el acceso a las
instalaciones del COV. Se arrogaron el derecho de establecer ilegalmente cuáles
federaciones tenían derecho a voz y voto en la asamblea del COV. Para Eduardo
Álvarez solo son legales las federaciones que vayan a votar por él.
En este largo camino de
irregularidades, atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico, también
salieron a flote aspiraciones de funcionarios de gobierno que, estando en
cargos ministeriales, apelaron al método empleado por Eduardo para tratar de
llegar a ser presidentes del COV.
Así pudimos observar
que todo ministro del deporte que ha pasado por ese cargo en los últimos 14
años aspira a ser presidente del COV, siguiendo el ejemplo intervencionista y
violador de la autonomía federativa de Eduardo Álvarez.
En estos hechos se
concentran las causas que dieron curso a los atropellos y violaciones al
ordenamiento jurídico que se presentó en la asamblea del COV el pasado 7 de
diciembre, en donde dos bandos del régimen se disputan uno tomar control y el
otro mantenerlo. Esto no es más que la guerra interna de sectores del mismo
Gobierno para tener el control del COV.
Cuando ahora el sector
de Eduardo Álvarez recurre a las organizaciones olímpicas internacionales, escudándose
en la no injerencia del Estado, alegando el carácter supranacional del COV,
siendo él mismo parte del régimen de turno. En su contradictorio accionar,
Eduardo alega que el COV no está sujeto a las leyes nacionales.
