Por Evan Romero Castillo, 25/02/2013
¿Qué derecho tiene mayor rango,
el de un mandatario a la privacidad de su condición médica o el de los
ciudadanos a conocer su estado de salud? El dilema cobra relevancia debido a la
convalecencia de Chávez en Venezuela.
Cuando un jefe de Estado o de
Gobierno enferma, ¿dónde termina su derecho a resguardar la privacidad de su
condición médica y dónde comienza el derecho de los ciudadanos a conocer los
detalles de su estado de salud? Dar respuesta a esta pregunta no es un desafío
nuevo, pero el asunto vuelve a adquirir relevancia debido a la crisis
institucional que ha causado en Venezuela el misterio en torno a la
convalecencia de su presidente, Hugo Chávez. Varias organizaciones no gubernamentales
se han unido para demandar transparencia en esta materia.
“Desde la Alianza Regional por la
Libre Expresión e Información, que está integrada por veinticuatro grupos de
diecinueve países latinoamericanos, exigimos que sean médicos u otros voceros
realmente calificadas quienes ofrezcan a la sociedad civil datos verificables
sobre la salud de los mandatarios. En un lapso relativamente corto varios
presidentes sufrieron de cáncer y, en algunos casos, se duda que los boletines
oficiales sobre sus afecciones hayan sido completos y veraces”, señala Mercedes
de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
“El llamado que hicimos tuvo
mayor repercusión en Venezuela porque el de Chávez es el caso más actual. Sus
ministros han ‘informado’ a la población sobre el estado del presidente en
muchas ocasiones, pero los datos ofrecidos no son confiables porque ellos han
mentido más de una vez”, agrega de Freitas. A juicio de las ONG con las que
trabaja esta activista, el deber del Estado de informar a la colectividad sobre
la salud del mandatario tiene mayor rango que el derecho del presidente a
mantener en secreto su récord médico.
“Los
ciudadanos no quieren creer, sino saber”
Las presidentas de Argentina y
Brasil: respectivamente, Cristina Fernández de Kirchner (izq.) y Dilma
Rousseff.
“Para entender la jerarquía de
una cosa frente a la otra es bueno considerar antecedentes en el ámbito
político-institucional y referencias de otros campos. Por ejemplo, sean cuales
sean los motivos de un Gobierno para ocultar el brote de una epidemia o
retrasar la activación de la alarma epidemiológica, es un hecho que el daño
causado al escamotear una epidemia es mayor que el causado al alertar a la
población del peligro, aún cuando la dimensión del riesgo no se haya confirmado
del todo”, dice la portavoz de Transparencia Venezuela.
“Y hablando en términos
estrictamente jurídicos, el alcance del derecho a la privacidad es distinto
para los ciudadanos y para los funcionarios públicos. En algunas
circunstancias, los funcionarios del Estado están obligados a entregar una
declaración jurada del patrimonio, una declaración de intereses o información
sobre sus sueldos a la Contraloría y a otros órganos de control, por ejemplo.
Según la Comisión Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las
Naciones Unidas, esa información debe ser de acceso público”, apunta de
Freitas.
“Los líderes brasileños Dilma
Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; el ex presidente de Paraguay, Fernando
Lugo; y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablaron abiertamente
sobre el cáncer que los afligía. Eso es lo ideal porque a los ciudadanos no se
les debe pedir actos de fe; ellos no quieren creer, sino saber”,
subraya de Freitas. El periodista venezolano Nelson Bocaranda comentaba
recientemente que el sigilo con que se trata el padecimiento de Chávez preocupa
también a los militares venezolanos y a los socios de Venezuela en el mundo.
“…del
tamaño de una pelota de béisbol”
De Freitas: “en 2010, siendo
presidente de Paraguay, Fernando Lugo ofreció toda la información sobre su
enfermedad”.
El Gabinete del presidente
venezolano, Hugo Chávez, llevaba semanas desmintiendo el rumor de que el
mandatario estaba enfermo cuando el hombre fuerte de Caracas decidió romper su
silencio y admitir que había sido operado en un hospital cubano, donde le
extirparon un tumor “del tamaño de una pelota de béisbol”. Esa es la
descripción más detallada que se haya hecho de su dolencia desde junio de 2011,
cuando Chávez anunció que tenía cáncer. A partir de ese momento, los reportes
sobre su salud se hicieron cada vez más opacos.
“Mientras menor sea la
transparencia de un sistema político, mayor resistencia podrán ofrecerle los
poderosos a la muerte”, escribe Robert Treichler en la versión online del
semanario austriaco profil, comparando el ocultamiento sistemático del
cuadro clínico de Chávez –a quien no se le ha visto públicamente desde el 11 de
diciembre de 2012, cuando se sometió a una intervención quirúrgica en La
Habana– con el encubrimiento de las enfermedades y la manipulación de los
boletines médicos de otras personalidades políticas.
“El ex presidente de Francia,
François Mitterand, murió en 1996 debido a un cáncer de próstata que había sido
detectado antes de que comenzara su longevo mandato en 1981. Leonid Brézhnev,
secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1964 y
1982, fingió durante años que hacía pleno uso de sus fuerzas, cuando en
realidad tenía problemas cardíacos, leucemia y cáncer desde la década de los
setenta”, escribe Treichler. El silencio en torno a los achaques del líder
cubano Fidel Castro también viene a la memoria.
Lo
privado también es político
De Freitas: “el líder brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva no ocultó el cáncer de laringe que le detectaron en
2011”.
“La protección de la esfera
privada de los estadistas juega un rol secundario en estos casos. Lo importante
es evitar que el poder se les escurra de las manos, sopesar hasta qué punto son
imprescindibles y, en el peor de los escenarios, ganar tiempo para encontrar a
un sucesor digno de ocupar su lugar”, acota Treichler. Por su parte, el
investigador Klaus Bodemer, del Instituto Alemán de Estudios Globales y
Regionales (GIGA) de Hamburgo, trae a colación otros factores para explicar el
secretismo alrededor de la salud de los gobernantes.
“Situaciones de esa naturaleza
deben ser analizadas caso por caso. La probabilidad de que se instrumentalicen
políticamente las interrogantes en torno a la enfermedad de un jefe de Gobierno
es mayor en aquellas sociedades donde vemos un alto grado de polarización de la
opinión pública y una marcada concentración de medios de comunicación en pocas
manos; como en Argentina, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, donde existe una
lucha frontal entre el Ejecutivo y los medios privados”, sostiene Bodemer.
“En esas circunstancias, la
prensa opositora, que tiene poder económico y defiende intereses propios, puede
verse tentada a usar la información sobre la enfermedad –presunta o real– de un
gobernante para reforzar la posición de sus adversarios. Hace algún tiempo se
dijo que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tenía
cáncer y después resultó que no era así; pero los medios se abalanzaron sobre
ese rumor y lo amplificaron de todas maneras”, recuerda el experto del GIGA,
colocando el debate en cuestión en la arena de la realpolitik.
La
información como arma
De Freitas: “en 2012, el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó al punto de publicar sus
informes médicos en Internet”.
“El argumento de la pugna entre
medios privados y Estado ‘revolucionario’ ya no sirve para comprender la
realidad venezolana: a partir de 2005, los medios que le hicieron oposición a
Chávez terminaron alineándose con su Gobierno o desapareciendo. Y lo que queda
de la prensa opositora es consumido por la élite del país”, aclara Manuel
Silva-Ferrer, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Libre de Berlín y del Instituto de Investigaciones de la
Comunicación (Ininco), de la Universidad Central de Venezuela.
La directora de Transparencia
Venezuela secunda a Silva-Ferrer: “El planteamiento del Dr. Bodemer coincide
con el que siempre han hecho en Venezuela los funcionarios del oficialismo para
impedirnos el acceso a información de interés público, incluyendo los
documentos relacionados con el presupuesto nacional. Los parlamentarios
chavistas alegan que la razón para no hacer público ese tipo de información es
el riesgo que corre el Gobierno de que la oposición use esos datos en su
contra. ¡Ese es un argumento antidemocrático!”, acusa Mercedes de Freitas,
quien estuvo en Berlín el pasado 22 de febrero para denunciar esa situación
ante la prensa alemana.