Por José Guerra
Una de las prioridades legislativas de la nueva Asamblea
Nacional es la aprobación de una ley que permita la entrega de títulos de propiedad
a los adjudicatarios de los desarrollos habitacionales de la Gran Misión
Vivienda. ¿Por qué? Simplemente porque hay muy buenas razones económicas y
sociales para hacerlo, y no hay ni una sola buena razón para no hacerlo.
Desde un punto de vista estrictamente económico, la vivienda
propia constituye el principal activo de las familias trabajadoras, con el cual
no solo se satisface una necesidad de consumo básica sino que constituye un
mecanismo de apalancamiento para la inclusión financiera, el emprendimiento y
la solidaridad intergeneracional. Vale decir, el adjudicatario de una vivienda
recibe un flujo equivalente al alquiler implícito del inmueble (no muy distinto
a cualquier otra transferencia compensatoria), mientras que quien recibe un
título de propiedad, al tener pleno derecho al disfrute y disposición del
inmueble, no solo mantiene el flujo actual, sino que de inmediato incrementa su
crédito y su capacidad de acción presente y futura.
Desde un punto de vista social, la plena propiedad sobre la
vivienda genera los incentivos para que la familia invierta en el mantenimiento
de su inmueble y la comunidad invierta en las mejoras de las áreas comunes y la
infraestructura conexa. No se trata de una consideración secundaria pues, tal y
como lo comenté en mi artículo sobre la economía de la reconstrucción (del
29/11/2015), quince años de intentar imponer un modelo económico fracasado y un
proyecto político hegemónico nos ha traído a una situación social y económica
similar a la de países que salen de un conflicto bélico, y por tanto resulta
prioritario invertir en cohesión social y hacer esfuerzos concretos para
distender las divisiones originadas por la polarización del discurso.
¿Y qué hay de los argumentos en contra? Bueno, hay quienes ven
esta propuesta como un mal precedente que desestimula el esfuerzo propio y a
otros preocupa el impacto negativo de la ley sobre la sostenibilidad de la
Misión, argumentos muy bien intencionados pero poco válidos para el caso
concreto. Hay que tener claro que la posesión de los inmuebles en cuestión ya
fue transferida a los actuales adjudicatarios, eso es un hecho consumado, y lo
único que está por definirse es si se les quiere mantener como rehenes,
expuestos al capricho del gobierno de turno o si por el contrario se les quiere
empoderar como propietarios. En todo caso, contrario a la propaganda
oficialista, estos últimos lustros constituyen el lapso en que menos viviendas
se han construido y el déficit habitacional del país sigue intacto, así que
queda pendiente en agenda restablecer las condiciones para reactivar el
vapuleado sector construcción sin el cual no habrá solución sostenible al
problema habitacional.
Por supuesto, hay aspecto del diseño de política que deben ser
evaluados con cuidado por los legisladores y desarrollarse cabalmente en la ley
y sus reglamentos para evitar consecuencias no deseadas. Un problema que en
particular preocupa a los actuales adjudicatarios de la Misión Vivienda, y en
lo cual el Ejecutivo ha sido bastante indiferente, es la presencia de elementos
del hampa en posesión de apartamentos de la Misión y a quienes obviamente no se
les puede otorgar un título de propiedad para que continúen con el reinado de
terror que imponen a los vecinos. De ese problema hay plena conciencia en la
bancada mayoritaria y el compromiso es estudiarlo detenidamente y tomarlo en
cuenta al momento de diseñar la normativa. Para eso es la Asamblea Nacional,
para consultar, para discutir, para dialogar y al final poder llegar a acuerdos
en beneficio del electorado.
13-12-15
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