Por Carlos
Romero Mendoza, 15/07/2016
La disposición
de debatir y dialogar sobre la descentralización ha estado presente en las
últimas semanas tanto en el Perú como en el Uruguay. En el Perú, el Presidente
Kuczynski presidió, el 26 de junio del corriente año, la Cumbre de
Descentralización, en la cual, junto a 750 alcaldes y 20 gobernadores, abrió
las puertas para el debate y diálogo sobre la descentralización en ese país[1].
En ese mismo
sentido, utilizando la tecnología como aliada, el Gobierno de Uruguay promueve
el encuentro con la sociedad civil organizada a los fines de abordar el tema de
la descentralización del Estado y lo logra hacer a través de un programa
llamado “Diálogo Social”, con el cual aspira diseñar una estrategia de
desarrollo sostenible coherente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de
2030.
En ese programa
se plantean 10 temas. Uno de ellos lo han denominado “Descentralización y
Ciudad”, y el pasado 7 de julio, con el registro de 7 propuestas y la
participación de 55 instituciones, se activó como mesa de trabajo[2].
El diálogo y
debate sobre la descentralización en Uruguay proponen otros temas que acompañan
al mencionado en el párrafo anterior, los cuales son: -Crecimiento Económico
Sostenible. -Infraestructura, Producción e Innovación. -Educación. -Derechos y
Justicia Social. -Salud y deporte. -Seguridad y convivencia ciudadana. -Género
y Generaciones. -Cambio Climático y Medio Ambiente. -Arte y Cultura.
Mientras los
gobiernos mencionados impulsan la descentralización, incluyen a la sociedad
civil organizada y buscan adecuar a su realidad los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, en Venezuela la descentralización no está prevista en la hoja
de ruta del gobierno nacional.
El Plan de la
Patria 2013-2019, en su contenido, omite el uso del término
“descentralización”, pero aun así, se atreve a plantear el desarrollo de un
modelo federal, que se vaya conformando desde la transferencia de competencias,
recursos y servicios estadales y municipales exclusivamente al poder popular;
ello supone una estrategia de vaciar de contenido al Poder Público Municipal y
Estadal, como ya previamente lo hicieron con el Distrito Metropolitano.
Por su parte,
es importante no olvidar que la Constitución vigente reconoce, en varios
artículos, la necesidad de impulsar la descentralización como política de estado
para profundizar la democracia y mejorar las condiciones de vida. Defender la
descentralización es defender la vigencia de la Constitución y representa una
propuesta política válida, necesaria y oportuna frente al modelo de Estado
Comunal.
Esa estrategia
de vaciar de competencias a los Estados y Municipios se concreta peligrosamente
con la vigencia del Decreto de Ley Orgánica de Transferencia al Poder Popular
de gestión y administración comunitaria de servicios, bienes y otras
Atribuciones.
La descentralización
como política de Estado también se ve amenazada por un modelo de
regionalización, expresado por las Regiones Estratégicas de Defensa Integral
(REDI) y recientemente, con el contenido del Decreto con Rango Valor y Fuerza
de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la
Patria.
Ante esa
realidad, resulta muy oportuno el contenido del Acuerdo para el rescate y la
profundización de la descentralización en Venezuela, aprobado por la Asamblea
Nacional el 7 de julio de 2016, en cuyo contenido el Parlamento exigió y
exhortó formal e institucionalmente al Ejecutivo Nacional a:
- Municipalizar el servicio de distribución de agua, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
- Devolver las policías municipales que han sido intervenidas por el gobierno nacional, en virtud de que el servicio de policía municipal corresponde a los municipios.
- Respetar la competencia y se otorguen recursos a las alcaldías para que administren la atención preventiva y primaria en materia de salud, así como la educación inicial.
- Respetar las competencias a los municipios en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios para el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, especialmente en las áreas de electricidad, gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.
Además, la
Asamblea Nacional expresó, en ese acuerdo, su compromiso frente a la
descentralización, a través de una hoja de ruta legislativa que incluye:
- Sancionar la Ley Orgánica del Estado Federal Descentralizado.
- Sancionar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal.
- Reformar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
- Reformar la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
- Reformar las leyes sobre el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas.
- Adecuar las leyes del Poder Popular a lo establecido en la Constitución Nacional.
En el acuerdo,
la Asamblea Nacional no omitió recordar a PDVSA su obligación de cumplir sus
obligaciones tributarias frente a algunos municipios, y reconoció el Parlamento,
de manera expresa, la necesidad de buscar mecanismos para que los municipios y
estados logren su autonomía financiera.
Ese acuerdo de
la Asamblea Nacional no puede quedar allí como uno más, su contenido llama a
otros actores como: Colegios de Abogados, Facultades de Ciencias Jurídicas y
Políticas; Academias; Partidos Políticos; Asociación de Alcaldes y Concejales
de Venezuela y Sociedad Civil en general, a través de espacios institucionales
como Cabildos Abiertos y Asambleas de Ciudadanos, para que cada uno o en
conjunto, fijen posición sobre el tema y legitimen con mayor fuerza la labor
parlamentaria a través de este reclamo, que no es otro, que el llamado a
respetar la Constitución y a rescatar el valor de la descentralización.
Los diputados
de la Asamblea Nacional tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un camino
de encuentros, consensos y disensos, para lograr sustituir el Plan de la Patria
por una Agenda Nacional de Descentralización y Desarrollo Sostenible, que sea
incluyente y realmente participativa.
No debemos
olvidar que en 2014 la Conferencia Episcopal de Venezuela, en su declaración Responsables
de la Paz y del Destino Democrático de Venezuela, advertía que la principal
causa de la crisis era el Plan de la Patria. Hoy, 2 años después, en la
Exhortación que resulta de su centésima sexta Asamblea, vuelve a recordarnos
que la raíz de los problemas está en la intención de imponer un proyecto
político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador[3], que está contenido en el Plan de la
Patria 2013-2019.
Por lo tanto,
la descentralización se presenta como el modelo político alternativo que tanta
gente reclama como inexistente, pero que la Constitución reconoce como política
para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida.
¿Será el
momento para hacer que las normas constitucionales que reconocen la
descentralización, se transformen en útiles herramientas cívicas para la
construcción de consensos sobre un modelo político, plural, cívico y
democrático, que mire al futuro con optimismo y al desarrollo como opción
viable en Venezuela, o por el contrario, seguimos dejando esas normas allí,
escritas y sin valor?.
[1]El
Economista. Kuczynski inauguró Cumbre para la Descentralización en Cusco. 27 de
junio de 2016. Online en:
[3] Conferencia
Episcopal de Venezuela. Exhortación en la Centesima Sexta Asamblea Plenaria
Ordinaria, el Señor Ama al que busca la Justicia. Recuperado el 13 de julio de
2016. Online en:
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Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.,
@carome31
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