Comunicado.
La Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela en su capítulo de los derechos políticos,
consagra ampliamente el derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen a
la participación en los asuntos públicos de manera directa, semidirecta e
indirecta. Esta participación no está circunscrita solo al ambiente electoral,
sino a todos los asuntos de control público, en una búsqueda de superación de los
déficits de gobernabilidad y el problema de carencia de sintonía entre el
Estado y Sociedad. A su vez, reconoce como una forma de ejercer este derecho
mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.
Esta consagración fue
establecida hace 17 años y en el devenir del tiempo, el régimen que nos
gobierna en Venezuela ha establecido una estrategia que ha aplicado
sistemáticamente, para poco a poco ir cercenando el derecho de los venezolanos
a la participación y a la desaparición de los partidos políticos y es así, que cuando
en el 2006 contábamos con una opción electoral partidista de 912 partidos, a la
fecha solo contamos con 64, donde 5 están legalizados porque cumplieron con el
mínimo necesario para sobrevivir y 59 deben pasar por la prueba de la
renovación de sus nominas.
En su estrategia
concebida para la eliminación del sistema de partidos y reducirlos a un exiguo
número de participantes en las elecciones, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), dicta una sentencia que limita aún más la posibilidad de existencia de
estas organizaciones, causando una pérdida real a la democracia y a los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta sentencia distinguida con el N°
1 de fecha 05 de enero de 2016, ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) a “Regular
la verificación de la nomina de inscritos de cada partido político”,
disposición ésta que el ente electoral intenta cumplir con un año de retraso y
en una carrera contra el tiempo, en perjuicio de las 59 organizaciones que
manifestaron su intención de renovar sus nominas. Establece también para tal
renovación, una serie de condiciones que hace inviable que todas puedan cumplirlo
y por ende, su cometido de mantenerse legalizadas y estables para participar en
los momentos de las elecciones.
El CNE establece un
mecanismo leonino y contra reloj que impide la realización de la renovación de
nomina, en contradicción con las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos
y de la propia Constitución de Venezuela. Instauran un jerárquico u orden
sucesivo de renovación, que obliga a cada organización a renovar en una fecha
determinada so pena de no poder intentarlo sino bajo la figura de la reparación.
Organiza un orden donde los partidos tiene como una especie de carrera mortal
para lograr la consecución del mínimo requerido no permitiendo a los partidos
políticos una estrategia propia acorde para su salvación y sobrevivencia con las
fechas pre establecidas por CNE en aparente inalterabilidad y de obligatorio
cumplimiento por estos partidos políticos.
Dispone igualmente
que sean las organizaciones que obtuvieron menos votos las que primero intenten
legalizarse y luego las de mayor votación, en un orden ilógico en grupo de
partidos sin un criterio claro sobre ese jerárquico al que hicieron mención, separándola
también, partidos oficialistas y de oposición, haciendo énfasis que el no
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ente electoral, los hará caer en
la ilegalización que les haría perder sus símbolos y colores.
La sociedad civil
organizada de Baruta, ante esta situación, se pregunta: Por qué el CNE tardo
tanto tiempo en cumplir el mandato del TSJ, cuando esta daba un tiempo de 6
meses para su cumplimiento? ¿Por qué establece solo los fines de semana para
esta actividad, y los demás días? ¿Por qué prohíbe expresamente que los
ciudadanos puedan apoyar libremente al sistema de partidos prohibiendo la doble
militancia? También, esta red se pregunta, ¿Y la Ley Anti Talanquera sancionada
por la anterior Asamblea Nacional que reforma parcialmente la Ley de Partidos
Políticos reuniones públicas y manifestaciones que entre otras cosas busca:
- “Es una ley que garantiza al pueblo venezolano que el diputado que se ofertó de una determinada manera no lo traicione”, explicó la diputada oficialista Iris Varela, durante el segundo y definitivo debate en la Cámara.
- Según el texto, se “constituye fraude a los electores y electoras toda conducta que se aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de gestión de oferta electoral”.
- Lo mismo ocurre si el diputado se separa de la “organización política o social que lo postuló para integrar o formar otro grupo parlamentario”.
- Este “fraude” conllevaría a “la suspensión (en su cargo) o inhabilitación parcial o total (para ejercer cargo públicos) del diputado o diputada, previa solicitud de los ciudadanos o un diputado en representación del grupo parlamentario de opinión al cual pertenece”.
- (Esta Ley por cierto, no fue aplicada a los Diputados Ricardo Sánchez ni a William Ojeda cuando saltaron la talanquera y se pasaron de la oposición al oficialismo)
Nuestras
interrogantes no tienen en este momento respuesta alguna, pero sí algunas
organizaciones han alzado su voz para mostrar su desacuerdo por tal disposición
que busca un sistema monopartidista.
De igual manera,
exhortamos a la Asamblea Nacional a que se pronuncie reformando la Ley de
Partidos Políticos reuniones públicas y manifestaciones, asumiéndola a la
realidad actual que demandan los tiempos modernos, que permita una visión y
misión de partidos políticos cónsona con la realidad.
Del mismo modo, creemos
que las organizaciones con fines políticos o mejor dicho, los partidos
políticos, deben manifestarse ante tal disposición que les impide su libre
ejercicio, que lo hagan al unisonó, ya que, consideramos, es el momento de la
unidad y el acompañamiento mutuo para enfrentar esta situación que los coloca
en el abismo de la ilegalidad y no de dar respuestas aisladas donde el “sálvese
el que pueda sea lo que impere dentro de los partidos” que le hace un flaco
servicio al juego unitario necesario para enfrentar a un régimen que tiene un
gran poder de fuego y reacción.
A los partidos
políticos le recordamos que el sentido unitario es lo que reclama el pueblo
venezolano para enfrentar a este régimen y lograr un cambio de rumbo
democrático, la unidad es sumamente necesaria y creemos que las organizaciones
políticas deben anteponerlas por encima de todo.
Desde esta trinchera
de lucha, apoyaremos toda iniciativa que los partidos democráticos asuman para
sobrellevar esta coyuntura, solo los exhortamos a pensar con serenidad y
sindéresis y que a la hora de actuar, priven los intereses del país, dado que, esta
lucha es ni más ni menos que por la defensa de los Derechos Constitucionales de
los venezolanos, hoy menoscabados por sentencias y procedimientos que apuntan a
hacer inejecutables estos derechos de participación, que obedecen a intereses
políticos oscuros y ajenos al interés colectivo y a la desaparición de las
organizaciones políticas en cuanto a su rol de elemento articulador de la
participación y la democracia.
En Baruta a los 1 días
del mes de marzo de 2017
Mesa Técnica Político
– Electoral
Red de Organizaciones
Vecinales de Baruta
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