Por Henrique Capriles
Si bien es cierto que en todas
las sociedades hay desacuerdos por la diferencia de intereses y opiniones entre
los distintos sectores de la población, dichas discrepancias solo se resuelven
de manera pacífica en un sistema democrático.
El argumento más fuerte a
favor de la democracia es lo que ella representa para sus ciudadanos, porque se
supone que a través de la democracia se garantizan derechos, libertades,
igualdad y justicia.
Pero hace rato que nuestra
bien ganada democracia sangra y todos estamos llamados a colocar el torniquete
para parar la hemorragia, y eso se hace con más democracia y con elecciones.
Entonces, un principio básico
de los procedimientos democráticos es que cada ciudadano tenga derecho a un
voto y que ningún sufragio valga más que otro. Al momento de emitir los
sufragios desaparecen todas las diferencias y cada votante tiene exactamente el
mismo peso en los comicios. Ese derecho a elegir está secuestrado en Venezuela
hace rato. Las elecciones libres y justas que son garantía de la democracia,
siguen sin calendario.
Y es que la igualdad jurídica
y política es un valor fundamental de la democracia. Esto no significa que se
cancelen todas las diferencias o incluso desigualdades, sino que ninguna de
esas diferencias o desigualdades pueda legitimar el dominio de unos ciudadanos
sobre otros y, por ende, el privilegio político de los primeros sobre los
segundos.
Sin embargo, la igualdad
política no sólo se mide en elecciones, también implica que todo ciudadano goce
de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que no
existan grupos, clases o capas sociales privilegiadas con derechos políticos
especiales, como pasa actualmente en Venezuela.
En otras palabras, las normas
jurídicas democráticas tienen que ser universales al disponer los derechos y
las obligaciones de todos los ciudadanos, y nadie pueda pretender colocarse por
encima de la legalidad.
Hace rato que esta igualdad
política no la tenemos en Venezuela y depende de nosotros retomarla. Bien como
lo señala la extensión del informe presentado por el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, nuestro pueblo se
enfrenta a un gobierno que ha incumplido todas sus responsabilidades.
La escena política de un país determina
en gran medida la calidad de la vida de sus ciudadanos y en Venezuela hace rato
vivimos sumidos en una espiral de carencias, en la que prácticamente ningún
derecho está garantizado.
La profundización del
deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta
cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, así como en la
inflación más alta del mundo, son los signos distintivos de la violación de
derechos humanos fundamentales.
La inflación llegó a su
nivel histórico más alto desde 1950, año en el cual el Banco Central de
Venezuela comenzó a registrar dicho índice en el país, pero en la actualidad el
gobierno oculta las cifras haciéndose el miope ante la realidad que
cotidianamente se percibe en la calle, una fotografía de hambre, de venezolanos
hurgando en la basura para poder echarle algo al estómago.
Lo cierto es que la gestión
del ocupante temporal de la silla de Miraflores impuso un nuevo récord al
superar los índices más altos de inflación que hasta ahora se habían registrado
y que correspondían a los años 1989 (81%), 1994 (70,8%), y 1996 (103,2%), al
cerrar el año 2016 con una inflación de 720%.
Actualmente, la escasez de
medicamentos está entre 80 y 90%, aunado a la negativa del gobierno de aceptar
ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria. Más aún, la
deficiente situación de los servicios de salud pública dio lugar al regreso de
enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis.
El gobierno de Nicolás Maduro
se ha convertido en una fábrica de pobreza y exclusión social. Para los
enchufados la Constitución ha dejado de tener sentido ya que es contraria a sus
intereses, por lo que la solicitud de Almagro de suspender al Gobierno de
Maduro de la OEA, si no se realizan elecciones generales completas a la mayor
brevedad, se libera a los presos políticos y se sustituye a las autoridades
corrompidas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia
por otras cuyo nombramiento esté apegado a la Constitución, está completamente
justificada.
Es lamentable que habiendo
sido nuestra Venezuela ejemplo de democracia en la región, hoy haya suficientes
razones para la activación de la Carta Democrática, y las instancias
internacionales deben alzar su voz.
El retorno a la democracia en
Venezuela no debe tener ambigüedades. Para la recuperación de ese orden
constitucional hace falta que haya elecciones, y si bien es cierto que no hay
democracia sin voto, también es cierto que los partidos son necesarios para que
haya democracia.
Y aunque sabemos que la
validación de los partidos es otro obstáculo que los venezolanos debemos
vencer, tenemos que agradecer la respuesta contundente que el pueblo ha venido
dando a los partidos políticos que conforman la Unidad, como también han estado
realizando este fin de semana dando su respaldo al grupo político al cual
pertenezco.
Sin duda, lo ocurrido durante
las jornadas de validación es una nueva lección para el gobierno. El pueblo
quiere votar, por lo que debemos prepararnos porque después de esta muestra de
respaldo popular, la Unidad está llamada a dar a conocer en cada caserío,
pueblo y estado de Venezuela, el proyecto de país que tenemos para todos los
venezolanos, y que obviamente incluye la restitución de todas esas garantías
constitucionales que la mal llamada revolución nos quitó durante mucho tiempo.
¡Qué Dios bendiga a nuestra
Venezuela!
19-03-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico