Por Simón García
Maduro arribó a la presidencia
por los votos y pretende perpetuarse por la fuerza. La tentación continuista
surgió cuando perdió el proyecto y el capital político que heredó. El
escrutinio de diciembre de 2015 desató un anticipado escalofrío por la columna
vertebral del poder.
Diosdado no tuvo tiempo para
pensar por qué lo bajaron de la Presidencia a un sillón de diputado ni de
digerir democráticamente la obtención, por parte de los parlamentarios de la
MUD, de los dos tercios. Entre el miedo y la prepotencia, el extremismo
oficialista buscó instintivamente protegerse y raspar la olla.
La primera medida, para burlar
la voluntad del soberano, fue asegurarse el control de la Sala Constitucional.
La segunda, amputar la mayoría calificada. La facilidad con la que se
realizaron y las ventajas que dieron estas dos vulneraciones a la Constitución
condujeron a una mutación regresiva en la relación entre el poder y la ley:
imponer de forma continuada la cesación de funciones del poder legislativo
fabricando una penalidad inexistente ante un desacato al TSJ. Así se
institucionalizó el golpe al Estado de Derecho.
La estrategia golpista avanzó
exitosamente durante más de un año. La Asamblea Nacional pasó a ser un cero a
la izquierda entre todos los otros poderes públicos, concentrados en anularla.
La oposición no encontraba el modo de sacarse del cuello el nudo del desacato y
la separación partidos sociedad propiciaba que mucha gente mirara la lenta
liquidación del parlamento como un conflicto de poderes propio de una
democracia convencional.
Pero nuestros golpistas, antes
con tanques y ahora con sentencias, son objeto de una ley de gravedad del
fracaso. El interés en vender las acciones de Petropiar a los rusos sin
aprobación parlamentaria condujo a la Sala Constitucional. Antes se había
resuelto freír en el aceite de una Sentencia la inmunidad a los diputados. El
apresuramiento engendró una barbaridad.
La sentencias 155 y 156
metieron en el saco más atropellos a la Constitución que los que la oportunidad
permitía. Ya habían inmovilizado al parlamento con más de 50 sentencias previas
dirigidas a sustituir el modelo constitucional de Estado por un régimen sin
elecciones competitivas, partidos o parlamento plural. Sólo la brutalidad
autoritaria podría explicar que hicieran tan evidente el plan.
La Sala constitucional fraguó
un nuevo golpe contra el Estado de Derecho. Pero lo ejecutó cuando toda la
comunidad internacional pide su restablecimiento y las fuerzas internas de
cambio exigen cumplir la Constitución y convocar inmediatamente la elección de
gobernadores.
El golpe de la Sala fracasó.
El delito lo formuló, en defensa del Estado de Derecho, la Fiscal General. Los
autores materiales estamparon sus firmas en dos Sentencias felonas y los
autores intelectuales gritan contra la OEA, mientras intentan cumplir, a fuerza
de militares y policías, los párrafos que la Sala Constitucional alega que
suprimió, como si así pudieran, con la dialéctica de los gatos, desaparecer su
caca.
Los diputados de la Unidad y
los partidos de la MUD han recuperado la brújula. Han mostrado determinación
republicana y están bregando por convertir la resistencia, la rebeldía y el
cerco democrático a la dictadura en propósito de millones de ciudadanos y en
miles de espacios de organización de la gente, en la calle y mucho más allá de
ella.
06-04-17
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