Por Tulio Álvarez
Escribir este artículo en
tiempo real y actual es una tarea titánica. Tan solo por ejemplificar, la
cadena madrugadora, anunciando que esa mesa de negociación de las facciones del
chavismo que denominaron Consejo de Defensa había resuelto
el impasse con la Fiscal General de la República, implicó un cambio
de escenario. Porque si fuera cierto que Maduro es el impulsor de las
sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional, anulando el ámbito de
atribuciones de la Asamblea Nacional y asumiendo el ejercicio de las mismas,
tendríamos que concluir que se produjo un error de cálculo de su equipo y sus
asesores cubanos.
La afirmación anterior deriva
de la notoria consternación por la reacción inmediata de la comunidad
internacional y, en lo interno, a la posibilidad de activación simultánea de
los dos únicos escenarios que quitan el sueño al régimen. Me refiero a la
protesta de calle, canalizada por la política e impulsada por la necesidad
económica y hambre, más el recalentamiento de las tribus militares. Está claro
que ellos no temen para nada a esos factores disimiles que se hacen llamar
oposición y que tienen como única óptica participar en cualquier elección,
independientemente de las condiciones. Pero también deben considerar que en las
filas de la M.U.D hay veteranos líderes que saben muy bien surfear sobre las
olas de la oportunidad; y lo van a hacer.
Pero si no fuera así, y aquí
pido un esfuerzo de abstracción, la facción roja que quiere desalojar a Maduro
del poder va por buen camino. Bajo la hipótesis de que nos encontremos en los
estertores del Segundo Gobierno Rojo, los radicales aunados a las mafias de
corrupción y narcotráfico se resisten a entregar el poder y desarrollan lo que
personalmente califico como la “defensa de la fiera herida”; un conjunto de
acciones dirigidas a sacrificar lo que haya que sacrificar para garantizar la
permanencia mediante lo que Armando Durán define como el “Tercer Gobierno del
Régimen Chavista”; o, al menos, un entendimiento con factores económicos y
políticos que les permita un cogobierno.
No voy a enfocar este análisis
en disquisiciones sobre derecho constitucional, argumentaciones sobre el Golpe
de Estado como proceso continuo o la utilización del Tribunal Supremo de
Justicia como ariete indispensable en la ejecución del plan autoritario. Todo
esto está sobreentendido. Lo absolutamente relevante es determinar quién está
detrás de esos dos actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial y la
ruptura del orden constitucional, en el supuesto de que no fuera el mismo
Maduro. La primera consideración que debe hacerse es que la correlación de
fuerzas cambió en el seno del T.S.J. y que la línea conductual se modificó.
Ahora está a cargo un personaje impuesto para que ejecute sin divagaciones ni
medir consecuencias en sus acciones.
Otro aspecto a considerar es
que así como la antigua presidenta del T.S.J. perdió la pelea y se tuvo que
retirar momentáneamente de las tablas, porque sigue ahí como caimán en boca de
caño esperando que el alacrán que la sustituyó asuma su naturaleza, la señora
Luisa Ortega estaba técnicamente caída desde el mes de diciembre del año
pasado. Solo esperaba la excusa para salir por la puerta delantera y le dieron
la oportunidad de oro para hacerlo. Las declaraciones de la Fiscal General de
la República, calificando a las referidas sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala
Constitucional como “un desconocimiento del modelo de Estado establecido en la
Constitución y una ruptura del orden constitucional”, sacudieron las bases de
cualquier plan, independientemente de quien lo haya montado; y esto hay que
reconocerlo.
Ahora viene la ejecución de
las estrategias de todos los actores. Los militares, verdadero partido de
gobierno, solo guardan silencio hacia afuera porque, en lo interno, están
gritando y blandiendo los sables. Ellos dieron el ultimátum de la forma como
saben hacerlo y obligaron a armar el otro teatro del Consejo de Seguridad que
resolvió “la controversia de autoridades”, sin que alguno de los contendores
estuvieran presentes. Ese cuerpo dio una orden al T.S.J., dejando remarcado el
grado de postración y dependencia de los individuos que lo integran, para que
fuera cumplida mediante una aclaratoria que trata de borrar un golpe de Estado.
En realidad han quedado habilitados para intervenir, dar el suyo, con la
seguridad de que serán aplaudidos por la desesperación y sus actos no tendrán
consecuencias, en lo inmediato, ante el deseo de la comunidad internacional de
solucionar este “impasse” de cualquier forma. Lo único que tienen que hacer es
convocar a elecciones al día siguiente de tumbar al Presidente Golpista.
Las mafias de la corrupción y
el narcotráfico controlan a cualquiera de las facciones militares que asuma el
reto. Tienen el poder económico, son dueños de casi todos los medios de
comunicación social no oficiales, entre sus filas está la mayoría de los
subrogantes civiles y, por si fuera poco, manejan los hilos de los factores
cooperantes de la misma oposición. Pero designar al capo di tutti
capi o al Osama criollo resultaría una operación altamente
riesgosa. Además, la logia militar no va a asumir la responsabilidad para
colocar a algún civil que represente el mismo desastre que ha sido Maduro.
La dirigencia opositora sabe
perfectamente que no existe posibilidad de dialogo abierto pero si de
negociación. Estamos en manos del Presidente de la Asamblea Nacional. En el
momento en que la representación de la soberanía popular se siente con Maduro y
su equipo, todo se terminaría; la comunidad internacional respiraría aliviada y
los militares no tendrían justificación. Pero el nivel de rechazo general
llegaría al extremo de la ruptura definitiva de los factores democráticos. A
los integrantes de la M.U.D solo les queda plantarse firmes y dignos, declarar
la nulidad de las designaciones de los magistrados express, exigir la
liberación de los presos políticos, destituir a todos los miembros de la Sala
Constitucional y desautorizar uno a uno lo actos írritos que decretó el
ejecutivo sin someterlos a su control.
En cuanto a Luisa Ortega, ella
debe entender que si antes la querían sacar ahora van por su cabeza. Que no
cometa el mismo error de la Asamblea Nacional al dejar actuar a los que luego
fueron sus verdugos. Tiene que materializar sus palabras asumiendo las
consecuencias. El Ministerio Público debe proceder, como titular de la acción
penal, a iniciar los procedimientos que correspondan contra los perpetradores
de los delitos cometidos y los actos de transgresión del orden constitucional.
Y tiene que activar al Consejo Moral Republicano para que suspenda
inmediatamente a los miembros de la Sala Constitucional, al margen de lo que
debe hacer el Parlamento. Lo contrario, su pasividad o complicidad, sería un
suicidio.
03-04-17
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