Por Marino J. González R.
La semana pasada el FMI
presentó sus estimaciones económicas hasta el año 2022. De acuerdo con esos
pronósticos, la tasa de inflación de Venezuela al final de este año sería
1.133%. Para el final de 2018 la inflación llegaría a 2.500%. Y de continuar
esta tendencia, la tasa de inflación en 2022 sería 4.600%. Por supuesto, este
es el escenario de continuar como van las cosas, esto es, sin que el gobierno
nacional tome las medidas adecuadas a la brevedad posible.
La primera vez que el FMI
señaló que la tasa de inflación de Venezuela llegaría a más de 1.000%, fue en
abril de 2016. Ya se advertía en aquel momento la gravedad de la situación.
Este año es el cuarto seguido en que la tasa de inflación del país es la más
alta del mundo. Por primera vez en 25 años, América Latina y el Caribe tienen
un país con una tasa de inflación superior a 100%. Solamente Zimbabwe tiene un
récord inflacionario mayor que Venezuela en el siglo XXI.
La situación inflacionaria del
país ha superado ya todas las expectativas. El riesgo hiperinflacionario,
esbozado el año pasado, es más creciente. Analistas nacionales e
internacionales prácticamente han argumentado que estamos en los inicios del
proceso hiperinflacionario. Si ello fuera el caso, sumaríamos a este rosario de
calamidades que sería la segunda hiperinflación en un país de la OPEP, pero la
primera en un país de la organización que no haya sido afectado por una guerra.
No hay mucho más que agregar para ilustrar la magnitud de esta debacle
económica.
A pesar de todas estas
indicaciones, en la agenda pública el tema no recibe la atención que una
emergencia de esta naturaleza exige. El gobierno ni siquiera ofrece cifras
sobre la inflación. Desde finales de 2015 (es decir, casi dos años atrás), el
BCV no publica los indicadores requeridos para conocer y analizar la marcha de
la inflación. Por otra parte, las políticas económicas no han experimentado
ningún cambio. Todo lo contrario, lo que se está implementado no hace otra cosa
que agravar la situación. Llegado a cierto nivel, cada día más cercano, es más
complicado intervenir para interrumpir la escalada hiperinflacionaria.
En este contexto, la
afectación de la población es total. La hiperinflación, de declararse
definitivamente, es el peor estado de la destrucción de una economía. Todos los
mecanismos de intercambio, incluyendo la velocidad que adquieren las
transacciones, serán alterados y, por consiguiente, tendrán efectos
devastadores sobre la moneda. Los ingresos de las familias, los bienes que
consumen, los servicios que reciben, serán afectados en grado extremo. El
deterioro social que se ha experimentado en los últimos cuatro años, se
agravará de manera severa.
Es totalmente irónico que una
calamidad de estas proporciones esté avanzando sin que se aprecie como tema de
discusión pública. La negación de la realidad está operando a toda marcha. De
parte de los responsables de la política económica la evasión es total. Los
efectos de sus acciones y omisiones se sentirán con toda fuerza en la medida
que se desate más aún el deterioro inflacionario. Para toda la sociedad,
especialmente para sus liderazgos políticos, productivos, laborales,
eclesiales, académicos, esta es una situación que merece total atención. Está
en juego, como decía Keynes, las bases fundamentales de la sociedad.
18-10-17
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