Por Oscar Medina
Que el Estado no pueda
garantizar los mínimos razonables en materia alimentaria, ¿a qué se debe? ¿Es
una muestra del fracaso del socialismo del siglo XXI o esto es parte del
plan? Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la
seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres,
contestó esta y otras preguntas en una entrevista contundente para Crónica.Uno.
En la voz de Susana Raffalli
hay un tono de determinación que sacude. Es la voz de quien ha estado allí, de
quien va y viene para contarnos cómo es el horror que vemos y el que no vemos,
cómo es la estructura, la arquitectura del poder que ha instalado al hambre
como sistema. Raffalli es nutricionista, experta en gestión de la seguridad
alimentaria, investigadora y asesora de la organización Cáritas. Sabe de lo que
habla. Y, mejor aun, sabe que hay que hablar de esto una y otra vez porque hay
que deshacer espejismos y advertir sobre la tragedia que ya está a la vuelta de
la esquina.
Venezuela recibió en 2013 y en
2015 reconocimientos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), por sus esfuerzos para erradicar el hambre. Y esas
medallas se pavonean como condecoraciones en un pecho militar. Con niveles de
desabastecimiento que han llegado a 80 %, escasez crónica, producción de
alimentos al mínimo, inflación de tres dígitos y con una economía en rojo y
dependiente de las importaciones, ¿qué otra cosa sino la miopía y la
manipulación política explican semejantes premios? ¿Qué es lo que no vieron en
la FAO?
En otras entrevistas ha
explicado que la seguridad alimentaria tiene tres dimensiones principales. La
primera de ellas es la disponibilidad, que haya una oferta suficiente de
alimentos. Detengámonos aquí: sabemos que hay enormes problemas con la oferta,
pero ¿ni siquiera llega a ser suficiente?
—Hoy por hoy no lo es, pero es
difícil de cuantificar porque es el Estado el que debería hacerlo. Eso se hace
sistemáticamente en un instrumento que se llama “hoja de balance de alimentos”,
que recoge todo lo que se produce y se importa en el país para consumo humano y
en el que se reporta la cantidad que año tras año la nación tiene disponible.
Pero eso no se publica desde el 2014. Lo que tenemos son unos estimados
que señalan que la producción nacional, al menos para los rubros básicos que
son cereales, aceites y proteína animal, está cubriendo en promedio 30 % de lo
que se necesita. Eso es un promedio, así que habrá variaciones por rubros
específicos, como el caso del azúcar que está en alrededor de 7 %.
Lo que reportan entes como
Fedeagro y Fedenaga es una producción que abastece apenas 30 % de lo que los
venezolanos necesitamos. El restante es lo que se solía importar. Y las
importaciones alimentarias han disminuido casi 70 % desde el 2013 hasta ahora.
Si nos referimos al lapso de 2015 al 2016 se trata de una reducción de 52 %.
¿Qué queda? Ese 70 % de brecha que usualmente se llenaba con importaciones
quedó reducido a la mitad. Si sumas el 30 % que producimos, más el otro 35 %
que importamos, hacen 65 %.
Hemos estimado que hay un
déficit de oferta de alimentos al país de aproximadamente 35 % a 40 %.
¿Eso se refleja en la
información oficial?
—No hay ninguna institución
del Estado que lo explique o lo detalle. Sin embargo, tuvimos dos señales inequívocas
de que esto es así. La primera la dio Iván Gil, quien fue por mucho tiempo
director de las grandes corporaciones de alimentos del país. Él llegó a aceptar
en mayo de este año que hay una disminución de la disponibilidad de alimentos
en el país, pero que no hay una crisis humanitaria. Y luego Delcy Rodríguez
cuando le respondió a una periodista de Al Jazeera: aquí no hay una crisis
humanitaria, lo que hay es una disminución de la oferta calórica. Ya con eso lo
da por aceptado.
No lo cuantifican, pero que
estamos ante esa disminución es algo obvio. Y la tercera evidencia que tenemos
la da la FAO. La FAO a nivel global tuvo que llenar el vacío de la FAO
Venezuela y decir en su informe que hay 14 % de subnutrición, de
subalimentación en el país. Ese indicador que usa la FAO no habla de consumo ni
de estado nutricional, habla de la oferta alimentaria.
Y quiero además poner un
acento aquí. Si todos comiéramos igual hubiera una disminución de la oferta en
35 % parejo para todos. Pero en una población tan desigual como la nuestra, que
haya una brecha de 35 % en la oferta de alimentos significa que quienes
usualmente comen menos tienen una brecha más profunda.
Quienes comen menos, comerán
cada vez menos…
—Ante una disminución de la
torta, a quienes comen poquito les tocará una migaja. Y esto es aun peor. El 35
% de brecha que estamos calculando con base en la disminución de importaciones
no contempla el hecho de que no todas las importaciones que llegaron al país
fueron con fines alimentarios. Es decir, muchas de esas importaciones
reportadas ni siquiera existieron, fueron nominales solo por tener acceso a los
dólares preferenciales y no llegaron nunca a la mesa. Eso está denunciado.
Todos sabemos que hay un proceso de corrupción a nivel de los círculos que tienen
acceso al dólar preferencial para importar alimentos. La brecha puede ser peor
considerando esto.
Pero es que ya las
conclusiones a las que llegan ustedes resultan de estimados, hay una porción de
la realidad que se escapa al cálculo…
—Econométrica, por ejemplo,
estudia la escasez y publicaron recientemente que hay 42 % de desabastecimiento
en los rubros básicos. También hay algo de eso en el Cendas. Creo que es
bastante concreto, certificado y endosado por dos autoridades oficiales, el
hecho de que hay una disminución en la oferta de alimentos. Es decir, el
Estado perdió su capacidad para garantizar que haya suficiente comida para
todos.
El acceso es otra de las
dimensiones de la seguridad alimentaria. Aquí se plantea un doble problema: la
dificultad del acceso por el desabastecimiento y al mismo tiempo por el efecto
de la inflación…
—Y hay otro, porque está el
acceso físico y el económico. El acceso físico al alimento, sobre todo a los
alimentos básicos, está profundamente restringido en Venezuela. Hay una
restricción en cuanto a que si quiero comprar harina y no me toca el número de
cédula, no puedo. Exigir una huella dactilar es limitar el acceso físico. Y lo
último que se está denunciando: que pidan certificado de residencia en una
panadería para comprar pan o que para recibir una bolsa de Clap tienes que
estar empadronado en un lugar. Esas son limitaciones extraordinarias al acceso
físico al alimento.
Además son limitaciones
impuestas desde el Estado, que es el responsable de garantizar el acceso…
—Y se va a agravar. Cuando ya
Nicolás Maduro anuncia que van a territorializar el carnet de la Patria es
porque se va a agravar. Además de la barra de pan, esto se extenderá y si eres
de Caracas no podrás vacunarte en el Zulia y cosas de este tipo que vulneran el
principio de universalidad del derecho a la alimentación y a la vida. En
cualquier parte del territorio del país debo tener la libertad de poder comprar
una barra de pan. O de ir a un dispensario y recibir mi vacuna. Es una
limitación importantísima en el acceso físico. Y es impuesta por el Estado.
En noviembre de 2016 el
Ejecutivo impuso el decreto de que las industrias de alimentos tenían que
venderle al Estado hasta 50 % de su producción para ellos abastecer los
Mercales y con los Mercales a los Clap. Los Mercales representan solo 2 % del
circuito de distribución de alimentos del país. Esto hay que verlo como lo que
es: por decreto quedó restringida la distribución de alimentos a un corralito
controlado por el Estado.
Y más allá de eso, el Estado se
sienta con Polar y le dice dónde quiere la Mavesa este mes: para allá no, para
acá sí. La industria de alimentos está totalmente cercada y obligada a
distribuir los alimentos donde el Estado dice y en la cantidad que el Estado
dice. Y con una imposición de cuotas de ventas para un circuito que representa
menos del 3 % del flujo de alimentos en el país.
Y bajo unos parámetros
desconocidos…
—Desconocidos, politizados y
que no siguen ningún criterio nutricional ni alimentario. En ninguna de las
estaciones del sistema en las que el Estado tiene el control las decisiones que
está tomando son de carácter alimentario o nutricional, ni tienen en cuenta la
vulnerabilidad de la población. Son todas decisiones que tienen que ver con el
enriquecimiento ilícito de quienes manejan esto y con razones políticas. Hace
poco Freddy Bernal decía en un programa de televisión que hay diferentes tipos
de Clap y uno se llena con alimentos que la industria nacional le vende al
Estado y con otros que dos o tres gobernaciones compran en el exterior. ¿Cómo
es esto? ¿Cómo y por qué se decide que una gobernación importe alimentos?
Y el otro aspecto del acceso a
los alimentos, es el económico. La inflación en alimentos le da tres vueltas a
los incrementos del salario mínimo. Y ni siquiera estamos hablando de la
inflación en el mercado negro de alimentos, sino la del programa
oficial: la caja Clap tiene una inflación registrada en su año de
funcionamiento de 930 %.
Y eso conduce a lo mismo: el
mayor golpe de efecto es en el sector de quienes menos tienen…
—Estamos registrando en
Cáritas, en la encuesta familiar, que la caja llegó a costar a principios de
año 15.000 bolívares, la caja que llaman “la mexicana”. En el momento en que
alcanzó ese precio las familias comenzaron a juntar recursos para comprar una
entre dos familias. Es decir, esa caja ahora puede durar 5 días. Esa señora, de
un barrio pobre, al día 6 sale a buscar un alimento que difícilmente va a
encontrar y cuando lo consiga va a costar mucho más porque todo está operado
por un mercado negro que se le fue de las manos al Estado. Aquí lo que hay es
un mercado negro de alimentos operado por bandas de extorsión. Y eso se les
escapó de las manos tal como sucedió con los pranes y con los colectivos. Esto
forma parte de la fragilidad del Estado y de la pérdida del Estado de Derecho,
pero subyaciendo a una función sagrada de la que depende la vida de los
venezolanos que es la alimentaria.
Esto también es consecuencia
del exceso de controles económicos…
—Exactamente. Y de las
oportunidades que se generan alrededor del exceso de controles.
La tercera dimensión es la
calidad de los alimentos. ¿Cómo se comprueba o se expone la calidad de los
alimentos disponibles para el venezolano?
—A eso, en general, se le
llama consumo. Es la función en la que finalmente el alimento que estuvo
disponible y que pudiste comprar te lo comas y sea adecuado en términos de su
calidad y de su dimensión cultural. No hay seguridad alimentaria si el Estado
decide, por ejemplo, importar toda la proteína que necesitamos y esa proteína
resulta ser caracoles molidos. Aunque se trate de una buena fuente de proteínas
no forma parte de la cultura, del patrón de identidad nacional.
En las emergencias en las que
se reparte ayuda humanitaria y llegan alimentos extranjeros que la gente
desconoce, eso sirve para salvar vidas unos meses, pero no puedes decir que
allí hay seguridad alimentaria porque no la hay hasta que la gente pueda
alimentarse por sí misma. Y nunca lo harían de estas cosas.
Claro, por eso es una
emergencia…
—Estás asistiendo una
emergencia, no estás dando seguridad alimentaria. Esa parte de la dimensión es
importante. En el consumo aquí se nos ha debilitado el patrón cultural y esto
es avalado y promocionado por el Estado. Cuando el Instituto Nacional de
Nutrición pone un día sí y un día no la receta de como hacer arepas sin maíz o
como hacer carne mechada con la concha de un plátano, lo que está haciendo es
avalando la violación del principio de adecuación cultural de dos alimentos que
forman parte del plato nacional. Cuando la propia institución del Estado que
está regulando y controlando lo alimentario importa una harina de maíz con la
cual no salen arepas sino tortillas que se hacen y comen en México y
Centroamérica, lo que está diciendo es “no me interesa lo que estoy importando,
no me interesa que tengo la obligación de garantizar que tus alimentos sean
adecuados culturalmente”.
¿Y cómo sabemos sobre la
calidad de esos alimentos?
—La otra cosa es que
desconocemos si hay control sanitario de esos alimentos, que son muchísimos. No
se reporta, desde hace años, si las harinas que están importando cumplen la
norma de fortificación de alimentos que hay en Venezuela desde los años 90, que
servían para proteger a la población contra la deficiencia de hierro. No
sabemos verdaderamente si están importando alimentos adecuados.
Que el Estado no pueda
garantizar los mínimos razonables en materia alimentaria, ¿a qué se debe? ¿Es
una muestra del fracaso del socialismo del siglo XXI o esto es parte del plan?
—No sé si había una intencionalidad
en el sentido de decir vamos a hacer que pasen hambre. Eso no lo puedo afirmar…
¿Dominar a través del hambre,
esa es la idea?
—Es claro que reservarse el
control de lo alimentario tenía una finalidad política. Y eso no lo dice Susana
Raffalli, hasta hay declaraciones de Aristóbulo Istúriz diciendo eso. Lo
segundo que era evidente con el manejo alimentario es que la creación de los
Clap ha sido una estafa. Fueron creados a principios de 2016 como una medida
temporal, dice el decreto, para estabilizar el suministro de alimentos y no
habían pasado seis meses y ya estaban diciendo que los Clap son la unidad
organizativa política y social del estado comunal.
¿Qué estafa es esa? ¿Cómo
usaste lo alimentario para montar un andamiaje de organización política? Esta
es una violación rampante del derecho a la alimentación. Se están violando al
menos el 80 % de las disposiciones del pacto de derechos humanos sobre la
alimentación. Y lo hace el mismo Estado. Sí creo que el control tenía una
orientación política.
Y también pienso que, por
supuesto, que hay algo de incapacidad, pero también algo de abandono. Y lo digo
en este sentido: las instituciones del Estado, en cualquier país, son garantes
de la alimentación, pero eso no quiere decir que sean las responsables de
alimentarnos. Ese no es el concepto. Dentro de la concepción del derecho a la
alimentación el Estado tiene un papel regulador y facilitador. Es decir, usted
como Estado está en la obligación de facilitarle a quienes producen alimentos
seguridad jurídica, seguridad institucional, agua y energía en sus plantas, que
tengan agroquímicos a tiempo, libre manejo de las divisas para importar materia
prima; pero además como Estado estás en la obligación de regular los precios,
que las grandes empresas no cobren lo que les dé la gana, que no acaparen… ese
es tu papel. Pero el Estado venezolano se desvistió de eso y se puso el traje
de un vendedor de alimentos más que le vende a la gente pobre. ¿Qué papelucho
es este? Y además, pierde la neutralidad, que es el requisito mínimo de un
regulador, en el mismo momento en el que se convierte en uno de los actores
regulados.
Se convierte en actor del
negocio, pero también es la manera más directa de ejercer control político
utilizando los alimentos…
—Claro. Si decimos: ustedes 10
tienen la responsabilidad de alimentar a este país y tú, el numero 11, tienes
la responsabilidad de regular que lo hagan bien, entonces no puedes dejar tu
papel de regulador y convertirte en un vendedor más porque pierdes la
neutralidad, pierdes la capacidad de regular el sistema. El Estado nunca debió
hacer esto. Este es el único Estado del mundo que le vende comida a la gente
pobre. ¿Qué es esto? En cualquier momento empiezan a cobrar el vaso de leche
escolar.
Es una aberración que el
Estado esté vendiendo las cajas Clap. Es una aberración que existan las cajas,
porque el derecho no es a que te alimenten sino a que tengas las garantías para
conseguir la comida y a tener un salario que te permita comprarla. No es que el
Estado ejerza su obligación vendiendo los alimentos. Eso no tiene ni pies ni
cabeza. El derecho a la alimentación en Venezuela se descompuso en toda su
esencia.
¿Cómo es la dieta actual del
venezolano?
—Hace tiempo que no se hace
una encuesta de consumo. La última encuesta oficial nacional que publica el INE
se llama Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (Enca). Y la publicó el INE
en enero de 2016 con datos de 2015. Esa encuesta ya reportaba hasta 30 % de
disminución del consumo promedio y una disminución del consumo total de energía.
El INE dice esto el mismo año en que la FAO le da la segunda medalla al Estado
por ser Venezuela un territorio libre de hambre. ¿Te imaginas la
inconsistencia? Desde entonces no hay una medición concreta, pero hay señales.
La Encuesta sobre Condiciones
de Vida (Encovi) reporta una disminución de 30 % y 70 % de rubros básicos, la
Federación de Ganaderos reporta —en consumo aparente— que hay una disminución
de 16 kilos al año de consumo de carne por persona a 9 kilos. O sea, casi 80 %.
La encuesta de familias de Cáritas demuestra que 80 % de los hogares están
basando su alimentación solo en cuatro tipos de alimentos: algún tubérculo,
alguna proteína barata como sardina o queso y por supuesto aceite y azúcar.
Pero bajó a menos de 30 % la cantidad de hogares que reportan consumir carnes,
vegetales, frutas. Los hogares que reportan consumir harina de maíz bajaron a
menos de 40 %. Entonces es una dieta basada especialmente en tubérculos y
alguna fuente de proteína barata. Que la gente esté comiendo solo yuca y
plátano es un reflejo contundente de la pulverización de la industria
alimentaria. Al final el Estado no puede secuestrar una mata de yuca o de
plátano y la gente está saliendo a la tierra a buscar lo que no consigue en el
abasto.
¿Qué futuro nos depara todo
esto? ¿Qué consecuencias? ¿Una generación de venezolanos desnutridos?
—Creo que en el corto y
mediano plazo van a aumentar las muertes infantiles por desnutrición porque hay
ya un proceso de agotamiento de las reservas. Es decir, los niños no se morían
tanto el año pasado porque son niños que entraron en esta crisis con cierto
estado nutricional apropiado, pero ya las reservas se agotaron. Va a haber
también un aumento de enfermedades y muerte de población adulta por problemas
asociados a la mala alimentación, enfermedades crónicas que se agravan por la
mala alimentación. En el largo plazo, la desnutrición infantil —incluso están
naciendo niños ya desnutridos— impacta al menos a dos generaciones. Cuando la
desnutrición ocurre durante los primeros años de vida se pierde la capacidad de
formar todo el potencial cognitivo, afectivo, de los seres humanos. Son
venezolanos que están incorporándose a la vida con un rezago enorme en esas
dimensiones, en lo biológico, en lo afectivo y en lo cognitivo. Van a ser los
padres y las madres de la pobreza, los niños desadaptados socialmente. Son
niños que lloran y lloran y el cuidador no les puede responder con comida, son
unos niños que crecen con un desamparo para toda la vida. Van a estar por ahí
buscando con qué llenar unos vacíos enormes.
Foto: Cortesía Prodavinci
08-10-17
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