ANDREA TOSTA 19 de octubre de 2017
¿Adónde
voy con el carnet (de la patria) para el pago?” fue una de las preguntas que se
le quedó grabada en la mente a Blas Ichaso el 15 de octubre de 2017. También la
cifra “200.000 bolívares”. Fueron datos que escuchó mientras era testigo de
mesa del centro Escuela Valle Verde, en Lecherías, estado Anzoátegui. La
coacción del voto fue clara y evidente en al menos unas cincuenta personas que
le hicieron esa, o alguna pregunta similar. Incluso, encontró votantes en las
colas que solo portaban el carnet de la patria y no la cédula de identidad,
único documento válido para ejercer el sufragio. “Hubo gente que se
tuvo que devolver a sus casas a buscar su cédula, documento con el que siempre
se ha votado”, apuntó Ichaso. Una vez dentro del centro, el carnet
salía a relucir de nuevo, justo después de haber tildado el candidato de su
preferencia para las elecciones de gobernadores. Y con el carnet, la pregunta y
la arbitrariedad.
El
secreto del sufragio se le desplomaba a medida que pasaban las horas del
domingo 15 de octubre. Ichaso no había presenciado tal descaro antes. Sin
rodeos ni mayores tapujos, los electores que presentaban la inquietud se iban
al llamado punto rojo del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el
carnet en mano. Y salían satisfechos. El joven de 21 años escuchaba la
inquietud de personas que le doblaban, e incluso triplicaban, la edad. Lo
calificó como un “chantaje intenso” que se presentaba al momento de firmar los
cuadernos de votación. Pero la impotencia se la guardó: “Lo que quedaba era
denunciar y mostrar oposición, porque no hay mucho que puedas hacer”.
En
aquel centro de votación, ubicado en una zona popular, ganó Aristóbulo Iztúriz
por el PSUV con 204 votos, sobre Antonio Barrera Sira, de Acción Democrática,
que acumuló 104. Y a pesar de que el estado Anzoátegui fue una de las cinco
victorias de la oposición con 51,69% a favor, el candidato por la Mesa de la
Unidad no logró la mayoría del electorado en aquel rincón del barrio Valle
Verde.
Ichaso
atestiguó las ilegalidades casi con las manos atadas, sin que los encargados
del Centro Nacional Electoral ni del Plan República actuaran. Era él contra el
mundo en defensa de la autonomía del voto ajeno, también cuando se apelaba al
voto asistido con el cual vigilaban que se presionara la tarjeta del PSUV.
“Logramos impedir que sucediera en la mayoría de los casos en que no era
necesario. Si le explicas a la gente inteligentemente y que no genere rechazo,
se comportan a la altura. ¿Qué puede hacer uno frente a eso? Uno repite la
ley”, confiesa.
Martha
Pulido se quedaba ponchada cuando le preguntaban por el punto rojo del PSUV en
la Escuela Nacional Bolivariana María Ledezma, ubicada en el sector El Ujano de
Barquisimeto, estado Lara. En el centro donde fungió como testigo de la
oposición, tuvieron que improvisar un centro de votación paralelo para el
Colegio Las Fuentes, con 5.741 electores. Fue una de las 20 reubicaciones del
municipio Iribarren. Los 6.854 votantes ya inscritos tuvieron que
compartir espacios en la unidad educativa, y presenciar en conjunto el
atropello.
“Es
una irregularidad que ya es costumbre”, suelta. Unos 650 kilómetros de
distancia la separaban del ejemplo de Ichaso, en Lecherías, de sus denuncias y
su indignación. Pero no de la irregularidad. “Me preguntaban que a dónde tenía
que acudir con el carnet de la patria. No sé cuál sería la condición. Escuché
decir por ahí que les hacían una transferencia, pero no sé de cuánto sería”,
desliza la mujer de 50 años.
Allí,
Henri Falcón obtuvo 2.225 de votos, sobrepasando a la almiranta Carmen Meléndez,
quien logró 1.516. Aunque la oposición ganó en el centro, perdió en el
municipio y la gobernación del estado Lara.
Ventajismo
fuera de lugar
La
presencia de puntos rojos a menos de 50 metros de los centros de votación fue
una de las tantas arbitrariedades que denunciaron durante ese día, y que no
recibieron correcciones a pesar de violar la ley que establece como mínimo
cuatro veces esa distancia. Los testigos de mesa opositores, con la misión de
garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso, quedaban anulados
cuando sus quejas entraban y salían por los oídos de los militares. Incluso, el
candidato Henri Falcón denunció por Twitter que en Lara sacaron testigos de sus
centros de votación sin dar información alguna durante las votaciones
regionales.
Ellos,
encargados de velar por la integridad del voto, presenciaron y vivieron los
embates de la maquinaria del PSUV y de la fuerza militar, como sucedió en un
centro de votación reubicado en Miranda, donde el Plan República se llevó las
máquinas de votación.
Sin
embargo, fueron vilipendiados en las redes sociales por la pérdida de estados
clave para la oposición, como Miranda, Lara y Carabobo, especialmente luego de
que Liliana Hernández, integrante del comando de campaña de la MUD, admitiera
que en el estado que gobernaba Henrique Capriles 30% de los testigos
“desaparecieron”, que fue imposible comunicarse con ellos, que desconocía “qué
pasó”.
Pero,
de hecho, algunos nunca estuvieron. La Unidad no pudo garantizar la cobertura
total del proceso con sus veedores. Pedro Contreras, por ejemplo, tuvo que
ejercer funciones para las que no estaba capacitado. No tuvo chance de
estarlo. En el Colegio San Agustín del Marqués, en el municipio Sucre,
se ejecutarían los talleres de formación de testigos, pautados semanas antes
del 15 de octubre. Pero ninguno se realizó por falta de quórum. “Nos
dieron unos reglamentos de Súmate, en donde nos describieron nuestros derechos
y deberes, y cómo era el funcionamiento de la mesa de votación. Así supe”,
detalla el joven de 24 años.
Un
testigo electoral debe presenciar y vigilar la apertura y cierre de las
votaciones, observar que los votantes cumplan con su derecho al voto de forma
secreta e individual y guiar a las personas con discapacidades que necesiten
asistencia. Cada estadio, con sus respectivos pasos, debe contar por el “OK” de
esta figura. Hay uno principal y dos suplentes por mesa. Además, son los
primeros que conocer los resultados electorales, junto a los miembros de mesa.
Sin
embargo, Contreras no pudo hacerlo en la Escuela Estatal Consuelo Navas Tovar,
ubicada en el barrio 5 de Julio de Petare, estado Miranda. Tuvo que dejar a un
lado sus responsabilidades para asumir mayores: las de un miembro de mesa “A”,
responsable de la utilización del cuaderno de votación, donde el elector firma
y estampa su huella dactilar. “Fue una falta que se notó”, estima. Allí, las
mesas se activaron con el mínimo de los integrantes: un operador del
sistema integrado (OSI), un presidente de mesa, el miembro “A” y un secretario,
quedando por fuera el miembro “B”, el de reserva y el testigo. No había
suficiente gente.
“Al
tener esa falla era complicado hacer todo a la vez. Uno tenía que comer
atendiendo a la gente que votaba. Se tenía que parar el proceso mientras alguno
de los miembros de mesa iba al baño”, relata. La responsabilidad de hacer
cumplir la Ley Orgánica de Procesos Electorales se escapaba de sus manos ante
la tensión política que generaba que opositores se encontraran con una masa
chavista. Los insultos brotaron y varios electores fueron robados mientras
esperaban en la fila. Frente a su centro pasaron motorizados ataviados con
franelas rojas en apoyo a Héctor Rodríguez. “Tú ves cómo violaban la norma y no
tenías la fuerza para sacarlos. Hacías la denuncia con el Plan República, pero
la respuesta no era contundente”, lamenta Contreras.
El
candidato Carlos Ocariz explicó al día siguiente de la elección que muchos de
sus testigos fueron desalojados de centros en zonas populares controladas por
el chavismo y hasta se aventuró a declarar que en algunas zonas se instalaron
bloqueadores de señales que hicieron imposible la comunicación vía teléfonos
celulares con los celadores en las mesas que había entrenado la MUD.
Del
timbo al tambo
Para
Pedro Contreras lo ocurrido el 15 de octubre fue inédito. Oficialmente, es
testigo de mesa en el Instituto Nacional de Capacitación Socialista (Inces), en
La Urbina. Pero su centro electoral fue uno de los 271 que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) reubicó bajo la premisa de garantizar la seguridad de los
electores y el proceso. El movimiento impactó a unos 715.000 electores en todo
el país y a 22% del padrón electoral mirandimo. Aguas abajo, la decisión
arrastró problemas en la constitución de las mesas en los sitios sobrevenidos,
por su ubicación y el espacio disponible.
Para
llegar al barrio 5 de Julio, Contreras se organizó con los vecinos de la zona,
electores enviados a sufragar en Petare. Se trasladaron en carros particulares
por los angostos caminos del barrio, rápido, en horas de la madrugada. Más que
una excursión, lo vio como un “viaje de trabajo”. Llegó como un clavel a las 5
de la mañana. Sin embargo, tuvo que esperar dos horas más para que conformaran
las mesas con los miembros accidentales. El proceso abrió finalmente después de
las 7:30 de la mañana, más de una hora después de lo normativo. “El
miedo no se sintió solo con los testigos que no fueron, sino también en los
electores”, apunta.
La
abstención fue de 43.06% en la Escuela Estatal Consuelo Navas Tovar, donde
quedó adjudicado como ganador Héctor Rodríguez con 70,13% de los votos. “Cuando
llegas a las páginas del cuaderno de votación que tiene las cedulas que van de
20 a 24 millones, lo notas. Esa es la parte vacía del cuerpo”, lamenta
Contreras. Su voto quedó en minoría.
Operación
remate
Los
cierres de jornada resultaron en confusión ese 15 de octubre. Los miembros de
mesa y testigos esperaban pacientes el anuncio de la rectora del CNE, Tibisay
Lucena, sobre el cierre o la acostumbrada extensión más allá de las 6 de la
tarde cuando, por ley, culminan las votaciones. Pero Tibisay nunca salió a
hablar. Sus compañeras en el Poder Electoral tampoco. Hubo silencio. Pero la
ley no espera órdenes, y los testigos procedieron a hacerla cumplir. Además, la
Mesa de la Unidad, en voz de su jefe de campaña, Gerardo Blyde, hacía el
llamado a respetar la normativa y dar por finalizado el sufragio, si no había
votantes esperando ejercerlo.
Fue
entonces cuando las discordancias saltaron ante la falta de “órdenes
superiores”. La Escuela Estatal Consuelo Navas, que agrupaba dos centros –el
original y el reubicado– en dos pisos de la edificación, sirvió para el
contraste. En el correspondiente a La Urbina, terminó el proceso. Pero
en “el original”, las actividades se mantuvieron hasta pasadas las 9 de la
noche cuando Pedro Contreras ya se estaba retirando, cumplida su labor. Vio
entonces cómo las mesas del centro petareño seguían abiertas, las máquinas
prendidas, pero sin electores ni mucho menos testigos opositores. “No
estábamos yendo y vimos la vulneración de todo. Hasta había testigos (del
chavismo) haciendo un sancocho ahí dentro donde estaban las mesas. Nosotros no
podíamos meternos”, escandaliza.
Helena
Castro trabajó en el Preescolar Centro Infantil América. Le tocaba como testigo
pero asumió como miembro de mesa ante la ausencia de los correspondientes en
aquel centro electoral de El Cafetal, municipio Baruta, en Miranda. Allí solo
hay dos mesas para atender a una población de mayoría antichavista, pero la
mujer se sintió “presionada” por los representantes del PSUV y los funcionarios
del CNE. Especialmente al caer el sol, cuando llegaron las 6 de la tarde.
La
presidenta de su mesa salió tres veces del centro a verificar si quedaban
electores en espera. Estaba dispuesta a dar por terminada la jornada de forma
oficial, hasta que una coordinadora del Poder Electoral vociferó: “Acá no se
cierra hasta que den las órdenes”. Insólito para Castro, quien tenía por misión
hacer cumplir la ley a cabalidad. Cuando le refutó, la funcionaria le
espetó: “No se va a cerrar y punto hasta que nos den la orden”. En
el trajín, un funcionario OSI llevó del brazo hasta la máquina de votación a
una muchacha, un último empuje para alguna de las candidaturas. ¿Cuál habrá
sido? Allí Héctor Rodríguez sumó apenas 28 sufragios, de 1.208 inscritos de los
cuales acudió solo la mitad.
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