Eduardo Posada Carbó 02 de febrero de 2018
Tal
parece que Venezuela es hoy un país sin Constitución.
Así lo
indicaría la reciente convocatoria a elecciones presidenciales. Aun después del
anuncio, se desconoce la fecha precisa de un hecho tan significativo como el de
la elección del primer mandatario. Solo se le ha dicho a la ciudadanía que será
antes del 30 de abril.
Aclaremos.
En Venezuela existe una Constitución formal, adoptada en 1999 tras su
aprobación en un referendo impulsado por el entonces presidente, Hugo Chávez.
Pero,
desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto
pasado, la Constitución de 1999 ha estado por lo menos en suspenso. Han pasado
ya seis largos meses de tan extraordinario proceder. Y no es claro hasta cuándo
seguirá funcionando dicha constituyente.
Lo que
ha quedado claro es que la ANC actúa de manera repetida haciendo caso omiso de
la Constitución. La convocatoria a elecciones presidenciales es apenas el
ejemplo más reciente y, quizás, más notable. Según la Constitución, como señala
José Ignacio Hernández (prodavinci.com), la convocatoria a elecciones “es una
competencia exclusiva del poder electoral”.
Desde
la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto pasado, la
Constitución de 1999 ha estado por lo menos en suspenso.
Es
cierto que la Constitución venezolana no es muy precisa respecto de las fechas
en que deba llamarse a elecciones. No obstante, la convocatoria a las llamadas
elecciones presidenciales exprés (como las anteriores a elecciones locales)
parece romper de manera arbitraria con los ciclos electorales del país.
Importa
entender bien el significado de tener Constitución. Esta contiene, ante todo,
las normas que regulan la formación del Gobierno y su naturaleza. Central a la
noción de gobierno constitucional es su temporalidad, marcada en democracia por
el calendario electoral.
La
incertidumbre permanente sobre las fechas electorales (que es lo que el régimen
de Maduro ha impuesto) es una forma de despojar a los venezolanos de
Constitución.
Me
dirán algunos que este es un razonamiento de bobo y sin relevancia alguna. ¿No
se eligió a la ANC precisamente para adoptar una nueva Constitución? Pero la
ANC lleva medio año dedicada a cogobernar. Como lo ha denunciado reiteradamente
la Conferencia Episcopal Venezolana, “en vez de limitarse a redactar una nueva
Constitución, (la ANC) pretende erigirse en un suprapoder con funciones
ejecutivas y judiciales”.
Según
la misma Conferencia Episcopal, “la Asamblea Nacional Constituyente es
inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño”. Es esta una
opinión compartida por amplios círculos internacionales.
El
Grupo de Lima, que reúne a catorce gobiernos del continente, emitió el pasado
23 de enero una declaración en la que se rechaza la convocatoria de las
elecciones presidenciales. Allí también se reafirma “la carencia de legitimidad
y legalidad de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente” y se
condenan “las medidas que ha adoptado y han resultado en la profundización del
conflicto social y en el menoscabo de las libertades en Venezuela”.
Por
supuesto que no se trata solo de las manipulaciones del calendario electoral
por el régimen.
Otras
circunstancias en que se desarrollan las elecciones forman parte de las mismas
preocupaciones: la falta de independencia de las autoridades electorales; los
abusos del carnet patriótico para forzar comportamientos electorales; la
persecución contra los partidos de oposición y sus líderes; la falta de
transparencia en todo el proceso.
Hay
que insistir, sin embargo, en la centralidad del calendario electoral. El
repetido irrespeto frente a los tiempos electorales es un claro indicativo de
cómo los venezolanos se han venido quedando sin Constitución.
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