Por Mariano de Alba
Con 19 votos a favor, 11
abstenciones y cuatro votos en contra, el 5 de junio de 2018 fue aprobada por la
Asamblea General de la OEA una resolución sobre la situación en Venezuela. El documento es
relevante porque además de declarar que el proceso del 20 de mayo “carece de
legitimidad”, hace un llamado a los países miembros y observadores de la
organización a implementar “medidas que estimen convenientes a nivel político,
económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático
en Venezuela”. Esto abre la puerta para que diversos países latinoamericanos
incrementen la presión y adopten medidas análogas a las ya aprobadas por países
como Canadá, Panamá y la Unión Europea.
¿Cuáles son las
implicaciones de la votación?
La votación demostró que el
régimen de Nicolás Maduro ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que
contaba hasta hace poco. Apenas tres países (Bolivia, Dominica y San Vicente y
las Granadinas) se sumaron al voto del canciller Jorge Arreaza para oponerse a
la resolución. Por otro lado, países que en recientes votaciones eran férreos
defensores del gobierno venezolano optaron por abstenerse, prefiriendo no tomar
posición. En este ámbito, por ejemplo, es destacable la abstención de Ecuador,
Haití, Nicaragua y San Cristóbal y Nieves.
En los 19 votos a favor
también hubo alguna sorpresa, como fue el caso de República Dominicana, quien
durante mucho tiempo fue un cercano aliado del régimen venezolano. Este cambio
frontal de posición es aún más significativo si se tiene en cuenta que fue el gobierno
dominicano quien sirvió de anfitrión en las negociaciones entre el régimen de
Nicolás Maduro y la oposición venezolana hasta febrero de 2018. Ello sugiere
que el propio gobierno dominicano reconoce que no hay intención por parte de
Nicolás Maduro para buscar una salida a la grave situación.
Finalmente, también hay que
destacar que la cifra de 19 votos demuestra que todavía no existe disposición
suficiente para tomar una medida como la suspensión de Venezuela de la OEA.
Para ello, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los países
miembros, es decir, 24 votos. Los 19 votos a favor de la resolución son casi
los mismos que se concretaron en las discusiones sobre Venezuela en la OEA
durante 2017, quedando demostrado que la crisis en Venezuela es un tema álgido
en la organización. El no haber llegado a los 24 votos debe ser particularmente
preocupante para la diplomacia estadounidense, quien llegó a la Asamblea
General llamando a la suspensión de Venezuela y desplegando un esfuerzo
considerable para convencer a diversos países del Caribe, quienes al final
prefirieron abstenerse.
¿Cuáles son las
implicaciones más importantes de la resolución?
Probablemente lo más
trascendental es el llamado a los países miembros y observadores de la OEA a
adoptar las medidas que estos estimen convenientes para ayudar al
restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Este llamado va a servir
para que especialmente diversos países de América Latina comiencen a adoptar
sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela y otras medidas que
aumenten la presión internacional para que el gobierno de Maduro entienda que
debe buscar una solución.
No en vano, la propia
resolución reafirma que “sólo a través de un diálogo nacional con la
participación de todos los actores políticos y otros actores interesados
venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las
condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje
realmente la voluntad” de los venezolanos.
De manera indirecta, el
documento también delinea lo que un número importante de países considera como
concesiones fundamentales que el gobierno venezolano debería hacer si quiere
buscar una salida. Por ejemplo, la convocatoria de un proceso electoral que
cumpla con las garantías necesarias y permita “la participación de todos los
actores políticos venezolanos”, la restauración de la “autoridad plena de la
Asamblea Nacional y el Estado de Derecho”, el ingreso de ayuda humanitaria y la
“adopción de medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento
de la crisis de salud pública” mediante la propagación del sarampión, la
malaria y la difteria.
Por otro lado, también se
ratifica la preocupación regional por los efectos de la creciente migración y
se reconoce que diversos Estados están recibiendo a “refugiados venezolanos”.
Ante ello, se exhorta a los Estados a adoptar las medidas para atender la
“emergencia epidemiológica”, mediante el suministro de medicamentos y
contribuyendo al presupuesto de organizaciones especializadas en salud y
control de enfermedades.
Finalmente, la resolución
decide “aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática
Interamericana”, los mecanismos previstos en sus artículos 20 y 21. En
consecuencia, los países deberán decidir qué es lo que van a aplicar de
conformidad con esos artículos, teniendo a su disposición varias opciones.
Por un lado, el artículo 20
de la Carta Democrática, habla de “la realización de las gestiones diplomáticas
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la
institucionalidad democrática”. Esto es algo que un buen número de países ya
tiene un buen tiempo haciendo, sin mayor éxito. El mismo artículo 20 prevé que,
si las “gestiones diplomáticas resultaren infructuosas”, entonces debe
convocarse a la Asamblea General para que ésta “adopte las decisiones que
estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la
Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta
Democrática”. Esta resolución precisamente podría entenderse como una
aplicación de esta sección del artículo 20.
Subsecuentemente, el
artículo 21 prevé que cuando la Asamblea General –“convocada a un período
extraordinario de sesiones”– constate que se ha producido una “ruptura del
orden democrático” y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”,
entonces se tomará la decisión de suspender al país involucrado de su ejercicio
de participar en la OEA, siempre y cuando esté presente el voto afirmativo de dos
tercios de los países, es decir, 24 votos.
No obstante, incluso en este
escenario, la Carta prevé que el país deberá continuar cumpliendo con sus
obligaciones y la Organización deberá mantener sus “gestiones diplomáticas”
para buscar el restablecimiento de la democracia. El alcance total de estas dos
disposiciones lo explicamos hace ya más de dos años aquí en Prodavinci.
Los próximos pasos
Es sumamente probable que la
presión internacional de buena parte del hemisferio occidental seguirá
aumentando. Como consecuencia de la violación continuada de la Constitución
nacional, el régimen de Maduro ha optado por colocarse en una situación de
aislamiento internacional, eliminando en la práctica su habilidad de encontrar
soluciones a los múltiples problemas que vive el país. La intención del alto
gobierno y la coalición de poder de mantenerse en el gobierno a toda costa y
fuera del orden constitucional supone y acarreará mayores daños a la economía y
bienestar del país, acrecentando el colapso y el deterioro de la vida de
millones de venezolanos.
06-06-18
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