Harley Morales-Pon 19 de julio de 2018
Hay
dos lecturas posibles en torno a la resolución del conflicto político; éstas se
diferencian por cómo se percibe y aprecia la capacidad de movilización política
del pueblo levantado y, por tanto, de las relaciones de fuerza entre los bandos
que disputan el poder. La primera percibe a las fuerzas democráticas que
disputan el poder político frente al régimen Ortega- Murillo, como capaces de
ir desbordando el Estado hasta, por la vía de la fuerza, hacer renunciar Ortega
y, a través de ese vacío de poder, hacer rendir al régimen político,
instaurando una junta de gobierno transicional que reclame para sí la
representación de la voluntad popular y conformar Gobierno. Es discutible.
La
segunda no niega la capacidad del pueblo, sin embargo, en estos momentos de la
lucha, se percibe una suerte de contención mutua o empate en donde ninguno de
los bandos enfrentados tiene la capacidad de imponer la totalidad de sus
intereses; por un lado, las fuerzas democráticas no pueden imponer por si solas
la voluntad desde la calle para derrocar al régimen y, por otro lado, el
régimen Ortega- Murillo no puede devolver la estabilidad previa al dieciocho de
abril. Cada uno de esos bandos posee un capital o recurso que el otro carece.
Aunque las fuerzas democráticas han ganado reconocimiento social por parte de
la gente y resistido al asedio del régimen, este último detenta el relativo
monopolio de la violencia ahora no legítima; por tanto, la represión del
régimen y la resistencia del pueblo, bajo la ausencia de un interlocutor que
exija de manera negociada una resolución justa al conflicto político,
produciría un desgaste. Ahí el papel del Diálogo Nacional.
El
Diálogo Nacional no produciría los efectos deseados por el pueblo de manera
inmediata en la medida que la generación y el cumplimiento de acuerdos
políticos, estará relativamente determinado, por un lado, por la presión que se
ejerza por el avance de la movilización del pueblo levantado, y, por otro lado,
por la capacidad del régimen de seguir reprimiendo a través de las
instituciones de un Estado en proceso de resquebrajamiento y, de manera
interrelacionada, la capacidad de las fuerzas democráticas para hacerle frente
a la represión y su cese definitivo. Este empate catastrófico podría llevar
cierto tiempo hasta su resolución, sin embargo lo que es seguro es que los
marcos socialmente establecidos, previo al dieciocho de abril, a través de los
cuales se gestionaba el poder político se han roto; de esa manera, el régimen
ya no puede gestionar el poder político de manera unilateral e imponerse por la
fuerza, dado que el pueblo reclama la desmonopolización del derecho a decidir
en torno a asuntos de interés general. Es necesaria la negociación. El Diálogo Nacional es el
marco no institucional a través del cual se está gestionando el poder político.
¿Qué se negocia en el Diálogo Nacional
propuesto por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)?
Dado
el empate político catastrófico entre los bandos enfrentados y la negociación a
la que han tenido que recurrir, Ortega, derrotado éticamente frente al pueblo y
frente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, podría
estar i) optando por la vía del cambio político
o ii) por el continuismo en el poder.
Para
el primer caso, Ortega, en el Diálogo Nacional, ha tratado de dilatar el
proceso con el objetivo de negociar, con diferentes actores a nivel nacional e
internacional – de manera sospechosa con los Estados Unidos- las condiciones
más favorables para su salida. De esa manera, el régimen ha tratado con
relativo éxito de disminuir su responsabilidad de los actos de violencia y por
tanto las posibles sanciones que se puedan ejercer sobre sus actores directos e
indirectos, al tiempo que ha usado la
represión y la manipulación mediática para crear una correlación de fuerza más
o menos favorable en la mesa de diálogo.
Es decir, Ortega podría estar de acuerdo en aceptar la agenda de
elecciones anticipadas posteriores a reformas constitucionales a cambio de
impunidad para él y sus allegados; pero no para todo el régimen. Por esta razón
Ortega se resiste a brindar un una respuesta “formal y oficial”, tal y como han
solicitado los obispos de la CEN, en la medida que dicha acción podría
desplegar un mensaje de “traición” y
agudizar la crisis interna del FSLN, la disputa por las posiciones de poder del
mismo y, con ello, crear un descontento en las bases adheridas al mandato de
Ortega y Murillo.
Para
el segundo caso, la represión y la manipulación mediática se han desplegado
como estrategias para la generación de terror en búsqueda de la desmovilización
del pueblo levantado, esto es, en aras de la continuidad en el poder por parte
de Ortega-Murillo. La exaltación de las “caravanas de la paz”, tal y como las
ha categorizado el régimen por parte de militantes orteguistas en territorios
asediados y reprimidos, es la manera en que se lleva a la práctica una visión
en torno a lo que está aconteciendo: la liberación de territorios
“secuestrados” por “delincuentes”. La criminalización de la lucha del pueblo,
la judicialización de los y las manifestantes y la negación de la realidad ha
sido una constante.
En
ambos casos, cualquier dilatación del proceso por parte del régimen Ortega-
Murillo tiene como fin la oxigenación de su régimen, la gestión de sus crisis
internas y la posible configuración de arreglos con actores claves de la
política nacional (fracciones no reformistas del sector privado) como condición
para entrar en una posible contienda electoral con una mayor probabilidad de
victoria o de manera cruda imponer el poder por la fuerza y la represión en pro
de la prolongación de la dictadura. Tal como diría Mao, en última instancia, el
poder real emana de la boca de un fusil; y son fusiles los que cargan los
parapolicías adeptos al régimen asesinando a su propio pueblo.
¿Cómo avanzar hacia un punto de
bifurcación?
No
estoy complemente seguro, sin embargo, podemos esbozar algunas puntos que
presionarían al régimen a aceptar el adelanto de elecciones o, de manera más
radical, su renuncia inmediata; una exigencia que el pueblo clama y que
nosotros/as como universitarios/as hacemos nuestra.
Primero,
si el relativo monopolio ahora ilegitimo por parte del Estado es el recurso que
despliega el régimen de Ortega-Murillo para imponerse por la fuerza frente al
pueblo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) debe tomar
acciones de incidencia dentro y fuera del Diálogo Nacional para exigir el cese
a la represión y la violencia, y, como tarea histórica, el desarme de las
fuerzas parapoliciales, fuerza represiva no institucional del Estado acaparado
por el dictador.
Segundo,
la presencia de organismos internacionales en Nicaragua tales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un logro de la ACJD; de igual
forma la conformación del Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin embargo, a nivel
nacional e internacional debemos emprender la lucha contra la impunidad. Tal
como sugirió Fernando Bárcenas, Ortega renunciaría si percibe que el costo
político de continuar en el poder sería mayor que su salida, esto es, que las
sanciones serían mayores para él y sus allegados. De esta manera, la ACJD tiene
que emprender la tarea de desmontar el discurso de “violencia venga de donde
venga”, narrativa que intenta igualar la responsabilidad de los actos de
represión entre el pueblo levantado y el régimen de Ortega-Murillo, y volcarse
a la lucha contra de la impunidad haciendo referencia de que las sanciones que
se puedan ejercer sobre los perpetradores de los crímenes serán dictadas por
una justicia verdadera. Esto pondría a la ACJD en posición de fuerza en la mesa
de negociación, para incidir en la
conformación de un ente internacional en contra de la impunidad, o la
articulación de varios organismos a nivel internacional para que presionen con
total contundencia.
Tercero,
en la medida en que Ortega a través del FSLN ha acaparado las instituciones del
Estado, el resquebrajamiento del mismo a través del vaciamiento de la
legitimidad a sus procedimientos institucionales va creando un vacío de poder y
gobernabilidad. La gente no tiene confianza en sus instituciones. De esta
manera gobernar de manera unilateral es imposible para el régimen que Ortega
encarna. La tarea fundamental es desconocerlas totalmente y, sobre todo, no
financiarlas indirectamente a través de nuestros tributos.
Cuarto,
no son sospechas, ni teorías descabelladas de que hay una pugna, no
completamente abierta, por el poder al interior de FSLN. Cuadros históricos del
partido no simpatizantes con Rosario Murillo han sido desplazados en los
últimos años de las posiciones de poder que habían tenido a lo largo del
partido cuando esté todavía existía (sic). Por tanto, si la crisis al interior
avanza y dichos cuadros se alinean para recuperar sus posiciones y, sobre todo,
en aras de salvar un partido que jamás va a ser el mismo bajo la percepción de
las grandes mayorías del pueblo, presionan a Ortega para aceptar el adelanto de
elecciones con o sin él en el proceso previo, esto le permitirá a la ACJD en el
DN conformar acuerdos políticos verdaderos que lleguen a cumplirse. Esto no
quiere decir que un Orteguismo sin Ortega es el mejor camino.
Quinto,
y de manera fundamental, es necesario que así como el COSEP y todo el
empresariado organizado rompió con el régimen luego del dieciocho de abril
estos sigan distanciados de cualquier intento del régimen de querer acapararlos
para, en aras de continuar en el poder, configurar un arreglo que le permita
una relativa e ilusoria estabilidad para intentar paliar la crisis
sociopolítica. Por tanto, es menester hacer un llamado y exigir que las
fracciones no reformistas y con afán de cambio tomen medidas más beligerantes sobre
la situación; esas medidas que mucho dependen de su llamamiento.
Sexto,
y no menos importante, es necesario construir una coalición unida entre los
sectores que luchan contra el régimen Ortega–Murillo. En la ACJD hemos sido
enfáticos que nuestra estrategia de negociación va de la mano de la
movilización; de la capacidad del pueblo de encontrar nuevos repertorios de
acción colectiva, haciendo uso de aquellos heredados como las barricadas, pero
también construyendo otros nuevos. Ninguna capacidad individual de negociación
o notabilidad nos hará avanzar. Por tanto, es fundamental que varios sectores,
organizaciones, colectivos y movimientos surgidos de la lucha se sumen para
que, desde sus propias “trincheras”, presionemos al régimen.
La
posibilidad de avanzar para dar salida a esta disputa se encuentra entre un
desborde del pueblo, opción que a mi parecer es menos probable, y la
configuración de acuerdos políticos con capacidad futura de
institucionalización entre, y esto es importante, fracciones reformistas y con
afán de cambio político del viejo régimen de Ortega-Murillo y fracciones o
bloques amplios de las fuerzas democráticas que, desde el afuera institucional,
reclaman para sí la representación de la voluntad del pueblo y disputan el
poder político. La historia de las transiciones hacia la democracia nos dicen
que el papel de las élites políticas y económicas en interrelación con el
pueblo es fundamental para su consecución.
Sin
ninguna intención de exaltar el triunfalismo, se podría decir que el fusil es
lo único que le queda a Ortega.
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