Yohana Marra 10 de diciembre de 2019
El exdiputado Wilmer Azuaje y el parlamentario Franco
Casella consignaron más de 400 fotografías en La Haya, que demuestran que el
expiloto del Cicpc y sus seis compañeros fueron masacrados por las FAES, en El
Junquito, en enero de 2018.
Caracas. Más de 400 fotografías, que presuntamente
indican que a Óscar Pérez y a su equipo los ajusticiaron el
15 de enero de 2018, fueron entregadas en la Corte Penal Internacional, en la
ciudad de La Haya, Países Bajos.
El exdiputado Wilmer Azuaje y el parlamentario Franco
Casella (Voluntad Popular) —ambos en el exilio— consignaron una serie de
documentos en los que se demuestran violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, en Venezuela, entre ellas la masacre de El Junquito donde asesinaron a Pérez y seis
personas más.
Durante
la operación “Gedeón” funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asesinaron al exfuncionario de la
policía científica, Óscar Pérez, y a seis compañeros más identificados como:
Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Noel Lugo Ramos, José Alejandro Díaz
Pimentel, Jairo Simón Lugo, Abraham Angostini y Lisbeth Ramírez, quien estaba
embarazada.
Pérez, expiloto, se convirtió en uno de los hombres
más buscados del país, luego de que sobrevolara en un helicóptero del Cicpc la
sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y arrojara
cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 27 de junio
de 2017.
Desde ese momento fue un rebelde contra el gobierno de
Nicolás Maduro, llamando a la rebelión del pueblo, a quien tildaron de
terrorista.
36 horas después de la masacre el ministro para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró que aunque
intentaron negociar con el grupo ellos se enfrentaron a las comisiones.
Sin embargo, Óscar Pérez realizó varias transmisiones
en las redes sociales en las que aseguraba que se habían rendido.
En marzo de 2019 Luisa Ortega Díaz, fiscal general de
la República en el exilio, adelantó que tenía unas fotos en su poder, incluso
difundió dos en su Twitter, que demostraban el ajusticiamiento.
En una entrevista que
ofreció al canal colombiano NTN24, el 15 de marzo de 2019, dijo que cada
fotografía las estaban analizando un anatomopatólogo y un experto en
inspecciones, y abordaje,en el sitio del suceso.
“Hay una fotografía
de un cadáver que a su lado no tiene armas y hay otra con un arma al lado, es
decir, esa arma fue sembrada. Ellos iban decididos a matarlos y
alteran la escena del suceso para su conveniencia”.
Entre las pruebas se indica que hay un arma que
presuntamente le incautaron a Pérez, a la que le sacaron la cacerina con
capacidad de 30 proyectiles y los tenía completos. “Si esa era su arma,
¿qué disparó él?”, se preguntó.
Gobierno de Maduro controló entierro de las víctimas
Seis días después de su asesinato enterraron a Óscar Pérez en una fosa del Cementerio
del Este, que decidió el gobierno de Nicolás Maduro. Durante todo ese tiempo
mantuvieron custodiada la morgue de Bello Monte y no permitieron a los
familiares de las siete víctimas ver los cadáveres o al menos elegir
su ropa y lugar de sepultura.
A
las 7:00 a. m. del 21 de enero de 2018 permitieron su entierro solo con su tía Aura Pérez y su prima Maryory Perdomo Pérez, rodeadas
de funcionarios que grabaron absolutamente todo, mientras permanecía
cerrado el camposanto, y les obligaron a apagar sus celulares.
A José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Israel
Agostini los sepultaron en el Cementerio del Este, custodiados
también por la GNB, aunque sus parientes pensaban hacerlo en el
Cementerio de El Hatillo.
Mientras que a Daniel Enrique Soto Torres, Abraham
Lugo Ramos y Jairo Simón Lugo Ramos los llevaron en avión militar hasta Maracaibo, estado Zulia. Mientras
que a Lisbeth Andreína Ramírez Montilla la llevaron a San
Cristóbal, estado Táchira.
En el operativo de las FAES también asesinaron
a dos funcionarios de la PNB, que el ministro Reverol identificó como Nelson
Antonio Chirinos y Adriun Domingo Ugarte Herrera. Sin embargo, quien realmente
murió fue Heyker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de
Enero, que portaba la chapa falsa del funcionario Ugarte Herrera, según
señalaron fuentes policiales.
A ambos cuerpos los entregaron la noche del 15 de
enero de 2018, a pocas horas de su asesinato, a diferencia de los siete
cadáveres de los rebeldes, que tuvieron que esperar que el gobierno de
Maduro decidiera entregarlos para su sepultura.
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