EFE 16 de marzo de 2021
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Cabo Verde mantiene su posición favorable a la
extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás
Maduro, a Estados Unidos, país que le reclama por supuesto blanqueo de dinero,
confirmó hoy a Efe el fiscal general caboverdiano, Luis José Landim.
Las autoridades de ese país insular de África
occidental “mantienen la misma posición de siempre” sobre el empresario,
detenido allí a petición de Washington desde el 12 de junio de 2020, afirmó
Landim en un mensaje remitido a Efe por su equipo de prensa.
El procurador general de la República reaccionó de esa
manera al veredicto emitido este lunes por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque al que
pertenece Cabo Verde, contra la extradición de Saab a EEUU.
“La
posición de la Fiscalía no ha cambiado en relación con el proceso de
extradición del señor Álex Saab ni con respecto a la aceptación de la
jurisdicción o supremacía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
CEDEAO sobre el orden jurídico interno” de Cabo Verde, subrayó Landim.
El Gobierno y una corte del país africano han aprobado
la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Maduro “enviado especial” y
“representante permanente adjunto” ante la Unión Africana, pero éste apeló ante
el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
El abogado nigeriano Femi Falana, que dirigió la
defensa de Saab ante el Tribunal de la CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria),
dijo este lunes a Efe que el fallo de esa corte, que exigió la libertad
inmediata del detenido, “no puede ser ignorado” por Cabo Verde.
Landim señaló a finales del año pasado que su país no
tiene ninguna obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no
ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de
derechos humanos.
El tribunal tiene jurisdicción para escuchar quejas
individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación
de su Protocolo de 2005.
El fiscal sostiene que el caso de Saab debe seguir sus
trámites legales en Cabo Verde, estando el Ministerio Público a la espera de la
decisión de la Justicia sobre su extradición a Estados Unidos.
El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de
2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que éste
solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades
caboverdianas -pese a remarcar que esa corte carece de jurisdicción en este
caso- acabaron cumpliendo a regañadientes.
UNA DETENCIÓN DE NUEVE MESES
El empresario, de 49 años, fue detenido el pasado 12
de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto
Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición
de EEUU a través de Interpol.
Caracas señaló entonces que él es un ciudadano
venezolano y un “agente” del régimen que estaba “en tránsito” en Cabo Verde,
por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad
personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre de Saab surgió en prensa cuando la exfiscal
venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de
origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand
Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro
alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en
julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el
empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con
“cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su
mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350
millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control
cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de
2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas
y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por
el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
EFE
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