Alberto Barrera Tyszka 12 de marzo de 2021
@Barreratyszka
“Ser rico es malo”, afirmó en más de una ocasión Hugo
Chávez Frías. Y, sin embargo, con el paso de los años, esa sentencia solo puede
ser ponderada como una imbatible muestra de cinismo. Los grandes beneficiados
de la autoproclamada “Revolución bolivariana” son justamente los familiares de
Chávez, su entorno, sus amigos, sus funcionarios más cercanos, sus aliados.
Quienes hace más de dos décadas, al llegar por primera vez al gobierno,
pregonaron el fin de la corrupción, terminaron siendo devorados por ella.
Ahora, es común encontrar informaciones que destacan a
venezolanos —o a ciudadanos de otras nacionalidades pero siempre ligados a
Venezuela— que, en distintas partes del mundo, están siendo investigados o ya
han sido detenidos, acusados de manejar enormes redes de corrupción, sobornos y
lavado de dinero. Pero ¿qué pasa con las fortunas que congelan las naciones
cuando capturan y apresan a alguno de estos delincuentes? ¿Es posible
devolverle al pueblo venezolano parte de las riquezas que le han saqueado?
Según cálculos conservadores, el chavismo y sus
diversos cómplices le han robado a Venezuela, por lo menos, cerca de 385.000
millones de dólares. No se trata de una ficción enemiga, de un invento de la
oposición. La cifra se sostiene, también, sobre las denuncias e informaciones
provenientes del mismo chavismo. Es un desfalco de dimensiones espeluznantes,
más aún en un contexto de sanciones internacionales y de profunda crisis
humanitaria en el país.
Un grupo de venezolanos, desde Estados Unidos, ha
iniciado un proyecto de recuperación de los activos robados durante todos estos
años que se encuentran retenidos en otros países. La Iniciativa Para La Recuperación
de Activos Venezolanos (INRAV) es una organización independiente, sin ningún
nexo partidista, que no trabaja con la oposición política y que se propone
tratar de articular mecanismos transparentes, con la comunidad internacional y
la sociedad civil en Venezuela, para que dinero robado regrese y sirva a la
reconstrucción del país.
No es, por supuesto, una tarea sencilla. Es un
proyecto a largo plazo que conlleva muchos desafíos. No solo hay que contar con
las herramientas legales y con la voluntad política de los diferentes países de
la comunidad internacional, también es necesario garantizar que el dinero
recuperado no termine nuevamente en manos del chavismo o en manos de alguna
otra fuerza política, de oposición o no, igual de corrupta. Es necesario contar
con una sociedad civil independiente, capaz de llevar adelante —con el apoyo de
organización y países del mundo— procedimientos diáfanos, nuevas formas de
acción. Ante un poder que ocupa y asfixia todos los espacios, hay que inventar
una nueva institucionalidad, otras maneras de hacer política.
No
se trata de un experimento inédito. En Angola, por ejemplo, en 2006 y en 2013
fueron recuperados 64 millones de dólares que regresaron de la banca Suiza al
país, con la condición de ser utilizados en proyectos de desarrollo social,
bajo supervisión internacional y con participación popular. Casos similares
también ha habido en Perú, en Nigeria o en Kazajistán. Es en esta línea que
INRAV ha comenzado a trabajar en Estados Unidos.
Se calcula que el Departamento de Justicia
estadounidense ya ha incautado y congelado 1500 millones de dólares, producto
de la corrupción en Venezuela. Pero para empezar a poder soñar tan siquiera con
una posible recuperación de cualquier cantidad, es necesario que el Senado de
Estados Unidos apruebe una legislación que permita la creación de un fondo para
Venezuela, con el fin de salvaguardar ahí los activos congelados y poder
regresarlos luego al país.
Para que esto suceda, a partir del próximo 15 de
marzo, la INRAV lanzará una campaña (https://www.unfondoporvenezuela.org) en
Estados Unidos para que los ciudadanos le pidan a los congresistas de ese país
que —amparados en la Ley Verdad de 2019— inicien el proceso que lleve a la
creación del fondo. Este es un imprescindible primer paso.
Alberto Barrera Tyszka
@Barreratyszka
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