FLORANTONIA SINGER 08 de septiembre de 2021
@fsingerf
El
empresario señalado por EE UU por lavado de dinero vinculado al Gobierno de
Nicolás Maduro pierde la apelación que sus abogados presentaron ante la Corte
Suprema
El
forcejeo legal en torno a la extradición del empresario colombiano Alex Saab ha llegado a un
callejón sin salida. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde, donde está preso
desde el 12 de junio de 2020, confirmó la constitucionalidad del proceso
seguido contra el colombiano que en el momento de su detención tenía una alerta
roja en Interpol, requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de
dinero y señalado como el presunto testaferro de Nicolás
Maduro. Esta sería la última batalla perdida por la defensa del
empresario, dirigida por el ex juez español Baltasar Garzón, para evitar su
traslado.
La
Corte Constitucional de Cabo Verde decidió el pasado 13 de agosto la
extradición del empresario. Saab, sin embargo, presentó una última apelación en
la que alegaba que su proceso de extradición se inició “aplicando reglas
inconstitucionales”. La respuesta a ese último intento de demostrar la
inocencia del acusado se ha producido este miércoles. La máxima Corte dio la
razón el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Corte Suprema de Justicia,
dos instancias inferiores que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo,
respectivamente, la entrega del presunto testaferro al país norteamericano. En
la práctica, el fallo de 194 páginas publicado en la página web de la Corte da
vía libre a la extradición.
Desde
su detención, un laberinto de recursos judiciales ha recorrido el caso del que
hasta entonces estaba en las sombras como el contratista más favorecido por el
Gobierno venezolano, involucrado en negocios de importación de alimentos,
petróleo, carbón, construcción y minería. La captura de Saab puso contra las
cuerdas al chavismo, que inmediatamente emprendió una intensa campaña en su defensa y para limpiar su
imagen, al punto de designarlo inicialmente enviado especial del Gobierno
para gestionar alimentos y combustibles y luego ascenderlo, aun estando en la
cárcel, a embajador de Venezuela en la Unión Africana. A esto se ha sumado una
estrategia de medios y redes sociales que ha incluido pintadas, murales,
eventos y vallas digitales desplegadas en las calles de Caracas con su rostro y
la etiqueta #FreeAlexSaab. Su defensa ha insistido en que el caso tiene
motivaciones políticas.
”Mi
detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el
Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (...) EE UU”, declaró a EFE
el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de marzo pasado desde su
cautiverio en Sal, al asegurar que “no colaboraría” con Washington en caso de
ser extraditado. Garzón, como su defensor, llegó a afirmar el año pasado que
“se está instrumentando por parte de EE UU a la jurisdicción caboverdiana para
conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y
guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables”.
En los
últimos 15 meses los abogados de Saab han intentado recursos y argumentos para
dilatar el proceso. El caso se ha convertido en un asunto geopolítico en el que
el chavismo ha movilizado a sus aliados diplomáticos. El pasado 2 de diciembre,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, dictaminó que
se le debía conceder acceso, sin restricciones, a médicos especialistas de su
elección, pese a las reticencias iniciales de las autoridades caboverdianas. En
enero el empresario recibió una medida de arresto domiciliario y la semana
pasada se aprobó su traslado de la isla de Sal a Praia, la capital de la nación
insular africana, por motivos de salud.
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