Ismael Pérez Vigil 14 de mayo de 2022
Las
sanciones y en menor medida, la negociación en México, siguen siendo los temas
que se debaten en diversos escenarios a los que tengo acceso −redes sociales,
prensa escrita, programas de radio, reuniones de grupos, etc.−, probablemente
en los predios partidistas, también, pero a esos no tengo acceso.
Desde
luego, el disparadero de todo tuvo su origen en “las cartas”, de las que ya
tenemos cuatro: la de los 25, la de los 68, la “dirigida a los venezolanos” y
el “Pronunciamiento de Ciudadanos Independientes”; al menos, viendo el lado
positivo, la discusión interna en la oposición, que lucía muerta −ambas, la
discusión y la oposición− se ha avivado. Pero, ha sido un debate agrio como ya
es usual; un tema más de discordia, como si tuviéramos pocos, del cual aún no
encontramos salida.
Reflexión personal
Tras
casi un mes, se podría pensar en resaltar, además de los puntos en común,
aquellos en que hay coincidencias y en los que realmente difieren y por esa
ruta llegar a una especie de síntesis − ¿dialéctica? – que nos permitiera
avanzar hacia una estrategia común. Por lo tanto, me voy a enfocar en mi
reflexión personal sobre esas coincidencias y diferencias, esperando que eso
contribuya a que otros reflexionen también.
Comienzo
por aclarar que mi posición al respecto se sintetiza en que las sanciones
generales, económicas y financieras, han demostrado, históricamente, ser
inútiles para el objetivo de librar a los países de gobiernos maulas y
violadores de derechos humanos; además tienen el potencial de ser dañinas para
la población en general, que es lo que hay que evitar; y por lo tanto, se hace
necesario revisar las sanciones económicas y financieras que se están aplicando
a Venezuela; pero, manteniendo y profundizando las sanciones personales y
recompensas contra funcionarios, sus familiares, amigos y testaferros. Estoy
consciente que no es una posición original, la cual he expresado con
anterioridad. (ver: Negociación y Sanciones, 27 de marzo de 2021, https://bit.ly/3rGhe9o),
Coincidencias
Quienes
están a favor o en contra de las sanciones coinciden en varios puntos, lo que
es un gran adelanto. Veamos:
Primero,
ambos sectores, a favor o en contra, en sus cartas y posteriormente por sus
voceros, han coincidido y afirmado que la crisis del país, la penuria que nos
acogota y la situación miserable a la que está sometida la población, no se
debe a las sanciones, pues es anterior a las mismas. Se debe a las pésimas y
ruinosas políticas económicas, sociales, fiscales, administrativas, etc.
aplicadas por este régimen desde su entronización en 1999, hasta hoy. En eso,
como dije, todas las cartas coinciden.
Segundo,
todos, sin excepción, tirios y troyanos, firmantes de todas las cartas, hasta
las dos más radicales y sus voceros, que han declarado con posterioridad,
afirman que se deben mantener las llamadas sanciones “personales”, aquellas
que, como indica su nombre, se aplican o ponen precio a la cabeza de algunos
funcionarios venezolanos, altos y medios, corruptos y responsables o
perpetradores de violación de derechos humanos. También en eso, todas las
cartas coinciden.
Diferencias
Pero
el espacio de las coincidencias, aunque importante, es corto; luego ya, se
intensifican las diferencias; veamos algunas, solo a título de ejemplo, no son
todas:
En el
desarrollo de la discusión hemos visto todo tipo de argumentos y razonamientos
algunos bastante peregrinos. Por ejemplo, insistir en las sanciones −sobre todo
económicas y financieras− sin ni siquiera revisarlas, es desconocer que hay
dificultades para muchas compañías nacionales y en el exterior, con actividad
económica en Venezuela, que tienen, supuestamente, deseos de invertir en el
país, pero tienen reales dificultades para hacerlo, para conseguir recursos en
el exterior, debido a que entes financieros y empresas extranjeras temen que se
les apliquen sanciones por hacer negocios con Venezuela.
Y no
me refiero a los “tenedores de bonos” que puedan tener problemas para
canjearlos o que han perdido su valor; quien invierte en papeles del estado
venezolano, en general de cualquier estado, está especulando, haciendo una
“apuesta”, que le puede salir bien y ganar mucho dinero; o salir mal y
perderlo. Quienes estén en esta situación, háganse de cuenta que fue una mala
inversión, por mal manejo económico del gobierno que los emitió o porque éste
se negara a honrarlos.
Del
otro lado, alguien partidario de mantener las sanciones afirmaba en días
pasados que el gobierno se había visto obligado a “dolarizar”, “abrir” la
economía, “flexibilizarla”, poner en marcha una “desregulación”, olvidándose de
su modelo fracasado de desarrollo; me pregunto: ¿eso no quiere decir, entonces,
que las sanciones si han servido de algo? Por lo menos obligaron al gobierno a
hacer todo eso.
Argumentos
fallidos
Quienes
se oponen a las sanciones argumentan −olvidando lo que han afirmado y que
reseñe en el párrafo anterior− que la aplicación de las sanciones ha agravado
la situación y penuria económica del país; puede ser así, o no; pero, no me
parece que hayan aportado argumentos contundentes al respecto; o al menos argumentos
que demuestran, fehacientemente, que el agravamiento de la situación, la mayor
penuria, la mayor miseria del país, se deba a las sanciones; a que el gobierno
tenga menos ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, puede ser,
pero la caída de los ingresos petroleros había comenzado mucho antes de las
sanciones; y además, también me pregunto: ¿Por qué pensar que la peor situación
se debe a las sanciones y no a que el gobierno no ha tomado ninguna medida
efectiva para mejorar la situación de emergencia humanitaria del país?
Por
otra parte, no he logrado entender como algunos de los firmantes, que
argumentan la supuesta “reactivación” de la economía venezolana, desde 2019, al
mismo tiempo sostienen que hoy la situación es peor y que se ha agravado por
culpa de las sanciones. Algo no cuadra en esa argumentación. ¿A qué se debe ese
agravamiento, como se explica? ¿Y esa “normalidad” a qué se debe? ¿No será un
efecto de la aplicación de las sanciones −económicas y financieras o
personales− que hace que el gobierno ceda por temor a una intensificación de
las mismas?
¿Han
resultado las sanciones?
Lo que
a mí me resulta obvio es que, al menos en ese aspecto, las sanciones han dado
resultado. Me inclino a pensar que son las que han provocado que el gobierno se
haya visto obligado a hacer algunas modificaciones, un “viraje”, una
“apertura”, como lo queramos llamar. La supuesta “normalidad”, la “apertura”,
el “arreglo” del país, etc., que es indudable y se debe reconocer y “celebrar”,
pues cualquier decisión que mejore en algo, por mínimo que sea, la situación
del golpeado y maltratado pueblo venezolano debe ser bien recibida. Al
levantarse algunos controles, la situación es aprovechada por sectores
económicos y algunos emprendedores con capacidad de resistencia y demostración
de algunas potencialidades que aún quedan en el país y desde luego que mejora
la situación de un sector de la población, no muy grande, más bien ínfimo, que
tiene acceso a dólares, de ahorros, de remesas… o mal habidos. Pero es un error
pensar que es una situación permanente o un cambio del modelo económico, no me
parece que haya elementos que sustenten esa apreciación o buen deseo de
algunos.
Objetivos
de sanciones y negociaciones
Lo que
tampoco entiendo −y los firmantes de la “carta de los 25” no lo explican− es:
Si las sanciones económicas y financieras se eliminan, pero se mantienen las
personales, ¿cuál es el “beneficio” del régimen en la negociación?
Ese es
un punto que se debe examinar y no se ha hecho, ni se ha abordado claramente en
ninguna de las cartas, apenas se ha tocado “lateralmente” en toda esta
discusión sobre sanciones y negociaciones. El punto es: ¿Cuál es el objetivo de
las sanciones?: ¿Ejercer una presión que obligue al gobierno a renunciar, a
dejar el poder?; o ¿Qué lo obligue a sentarse a negociar una salida
constitucional a la crisis?
En mi
opinión, y no teniendo nosotros otra fuerza, las sanciones internacionales
deben servir para obligar a una negociación, para que la oposición democrática
y el régimen lleguen a un acuerdo, que permita una salida al régimen −pues
ninguna negociación es gratis o de un solo lado− a cambio de realizar
elecciones libres, democráticas, justas, equilibradas y supervisadas
internacionalmente, que garanticen que los resultados serán respetados por
todos. Y mientras eso ocurre, mientras dure la negociación −que no serán ocho
días− y se llegue a ese proceso electoral, se debe mejorar de manera urgente la
situación económica del país, con apoyo internacional, sobe todo aquella que
afecta más a la población de menores recursos.
En
conclusión, a pesar de que la argumentación en contra o a favor de las
sanciones es un verdadero galimatías, e intrínsicamente contradictorios algunos
argumentos, hay una especie de consenso en que las sanciones generales,
económicas y financieras se deben revisar, para eliminar las que afectan a la
población; pero, se deben mantener e incluso intensificar, las sanciones
personales.
Ismael
Pérez Vigil
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico