Versión Final 30 de junio de 2022
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El
diplomático colombiano lamentó que los funcionarios de la oficina de la alta
comisionada Michelle Bachelet en Caracas no tengan libre acceso a la sede del
Sebin de El Helicoide ni a la de la Dgcim de Boleíta
Colombia
pidió el miércoles ante las Naciones Unidas la liberación de los presos
políticos en Venezuela y lamentó la frecuente práctica de detención
arbitraria aplicada por el Gobierno.
“Colombia
aboga de nuevo por la liberación de todos los presos políticos”, dijo el
representante colombiano durante un diálogo interactivo con la alta comisionada
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la
actualización del informe de la situación en el país.
El
diplomático expresó su preocupación de que ocurran detenciones arbitrarias de
manera recurrente. Eso, afirmó, contraría los dictámenes del Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria y las recomendaciones de la propia
oficina de la alta comisionada.
Sin acceso a El Helicoide ni a la Dgcim
Bachelet
lamentó el miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro ya no permita que su
equipo en Caracas visite las sedes del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional de El Helicoide y de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar de Boleíta.
Dijo
que mantiene sus inquietudes por las condiciones de detención en esos centros
porque no son adecuados para privar a personas de su libertad debido a
riesgos de malos tratos, incomunicación y otros. “Lamento que ya no se le
permita el acceso a mi equipo”, expresó la alta comisionada.
Reiteró
asimismo su pedido de que se les otorgue la libertad plena e inmediata a todas
las personas detenidas arbitrariamente. Particularmente a las catalogadas así
por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, aquellas que
cumplieron su condena o recibieron boletas de excarcelación.
Ante
esa situación, el representante de Colombia lamentó que los funcionarios de las
Naciones Unidas no tengan libre acceso a los centros penitenciarios en
Venezuela.
También
expresó su preocupación por la falta de garantías para la libertad de
asociación y la libertad de expresión, además de la falta de independencia del
Poder Judicial, así como la ausencia de garantías para el debido proceso.
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