VIRGILIO TRUJILLO ARANA, participaba como miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) de las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, luchando por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona. Esta situación irregular, fue denunciada por ODEVIDA en diciembre de 2021 en el “Informe sobre ambiente y territorio en Venezuela: Las consecuencias del extractivismo en Venezuela: ecocidio y violencia”, donde se afirma que la organización: “En junio de 2013 la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) notificó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la situación, pero esas instituciones no realizaron ninguna acción. Posteriormente en diciembre acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para reiterar su denuncia sobre la presencia de mineros ilegales, trasnacionales mineras y guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, sin lograr tener un derecho de palabra ante esa instancia parlamentaria.”
ODEVIDA, ha registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales líderes fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Las fuerzas irregulares o actores no estatales responsable de la violencia que afecta a las comunidades indígenas en los estados Bolívar y Amazonas son bandas de delincuentes denominadas “sindicatos” o “pranatos”; garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Disidencias).
El asesinato de VIRGILIO TRUJILLO ARANA reafirma el diagnóstico de la organización internacional Mongabay Latam sobre que “No hay quien proteja a los defensores ambientales de Venezuela”. Por ello, ODEVIDA ratifica que, para superar esta realidad que debilita la labor de defender derechos, en este caso el derecho al ambiente sano y al uso y disfrute del territorio, es necesario que el Estado venezolano, implemente las siguientes medidas:Garantice una pronta y eficaz investigación sancionando a los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia que campea en sus territorios ancestrales.
Garantizar que en el estado Amazonas se cumpla con Decreto 269 del año 1989, que establece la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas
La Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional agilizar la adhesión y ratificación por parte de Venezuela del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú).
Caracas, 01 de julio de 2022
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