Versión Final 16 de septiembre de 2022
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Defensores de DD. HH. aseguran que los
testimonios evidencian que el Estado no ha realizado investigaciones
“exhaustivas e imparciales” que determinen las responsabilidades de todos los
involucrados
Organizaciones
de la sociedad civil venezolana adelantan esfuerzos para lograr
justicia para víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos
en el país y esperan que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
reanude la investigación del caso Venezuela I.
En ese sentido, testimonios de víctimas fueron recopilados en un informe titulado “24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad”, del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), con el propósito de que sea evaluado por la fiscalía de la CPI “sirva como insumo” para la solicitud de la reanudación de la investigación.
“Los
desgarradores testimonios puestos de relieve en este informe y la
ausencia de investigaciones genuinas y significativas a nivel interno en contra
de los presuntos responsables, evidencian la necesidad de que la situación de
Venezuela I continúe bajo el escrutinio de la CPI”, expone el texto
divulgado esta semana.
El
informe, que, según testimonios de víctimas, expone algunos de los actos más
frecuentes de tortura, entre ellas “asfixia por ahorcamiento” y “electrocución
en distintas partes del cuerpo”, subraya que los eventos narrados por las
24 víctimas entrevistadas solo representan una muestra de las “graves, masivas
y sistemáticas” violaciones de DD. HH., reseñó la Voz de América.
Humberto
Prado, director del OLACP, reiteró que los testimonios
evidencian que el Estado no ha realizado investigaciones “exhaustivas e
imparciales” que determinen las responsabilidades de todos los involucrados,
especialmente de los niveles medios y altos de las cadenas de mando.
En
noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación
formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a
principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció
que acordó con el presidente Nicolás Maduro la instalación de una oficina en el
terreno.
Desde
entonces, el gobierno venezolano inició una serie de reformas en el sistema de
justicia que, según diversos sectores, no “altera el hecho de que en
Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
Durante
el último diálogo interactivo sobre Venezuela antes de dejar el cargo, Michelle
Bachelet, ex Alta Comisionada para DD. HH. de la ONU, llamó a cesar prácticas
que atenten contra las libertades cívicas y democráticas.
También
dijo reconocer “avances” en la implementación de recomendaciones
formuladas por su oficina, entre ellas, las reformas que en materia
judicial ha llevado a cabo el Estado venezolano pero que, para algunos
sectores, solo buscan “eludir” las competencias de la CPI.
Al
respecto, Daniela Suárez, coordinadora de investigación del
informe, explica que el Estado ha tratado de “evitar” que el proceso continúe
en la CPI, por lo que interpuso un recurso de interpretación judicial
en el que se mostró dispuesto a colaborar y cuestionó la imparcialidad de la
fiscalía.
Actualmente,
las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de
que el fiscal de la CPI introduzca una solicitud formal ante la Sala de
Cuestiones Preliminares para continuar la investigación contra Venezuela por
presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del
artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”.
“Esperamos
que la fiscalía, en caso de no haberlo hecho, realice esa solicitud de
continuación”, dijo Suárez durante la presentación del informe que
considera puede brindar aportes a la continuidad del proceso.
“El
Estado, en la mayoría de los casos, lo que ha hecho es utilizar el sistema
penal en contra de las propias victimas”, denunció.
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