por Liliana Buitrago
Cerca de la costa, en Venezuela, el calor es abrumador y el sol brillante. Las embarcaciones de pescadores, cada vez menos, se reúnen para la faena. Es menor la cantidad de peces, son muchas las embarcaciones dañadas por los derrames petroleros y no hay noticias de indemnizaciones, limpieza de las aguas o información de la cantidad de crudo vertido a las aguas, que en otra época rebosaban de vida. Miguel, sin red ni embarcación, se acerca ahora a pescar cada tarde en lo que queda de un pequeño puerto, con cuidado de no llenar de petróleo sus pies, se sienta en la tarde a contemplar el horizonte y a ver si algún pez queda para el escaso anzuelo que cuelga del nylon.
En Venezuela, para 2021 se registraron un promedio de alrededor de 7 derrames de petróleo mensuales en las costas1. En su mayoría no existen declaraciones oficiales o datos de la cantidad de crudo vertida, o de las medidas de reparación para tal catástrofe. Hay además de los pasivos ambientales generados, toda una serie de impactos para las vidas de cientos de comunidades cuya economía depende de la vida del mar.
Las economías de muchas de las costas venezolanas dependen de la pesca y actividades de turismo. En el caso de las playas venezolanas cercanas a los enclaves petroleros la situación se ha agravado. Como en lechería, una capital del municipio turístico, en donde este mes se ha registrado otro derrame de gran magnitud. El cálculo de la extensión y cantidad de afectación es desconocido sin que haya aún respuestas oficiales ni de la empresa PDVSA ni del gobierno nacional2.
Mateo recorre en bicicleta cada día el paseo de Cabimas llevando y trayendo encomiendas entre las casas de la ciudad. Cuenta que son muchas las aves y peces llenos de petróleo que encuentra al pasar cerca de la costa. Evita pasar por esa zona por los fuertes olores que se desprenden de la contaminación. Las botellas de plástico y objetos cubiertos de crudo hacen del paisaje un cuadro de blancos y negros que asemejan un paisaje distópico en donde la vida es dificil de imaginar.
No sólo son las fugas de crudo. Esta es una situación de mucha complejidad en donde se suman la impunidad, el abandono de instalaciones que carecen prácticamente de supervisión y la dificultad de ejercer contraloría ciudadana frente a la criminalización de la protesta y la denuncia. Hay casos de trabajadores presos por denunciar y mucho temor de que haya represalias para quienes hagan visibles los delitos ambientales.
La columna de humo del mechurrio del complejo refinador está más negro y grande desde hace algunos meses. Yolanda es la mamá de Andrés, desde su embarazo comenzó a sentir la pesadez de vivir en Punta Cardón, vivir tan cerca de la refinería le da temor, tanto porque pueda ocurrir nuevamente una explosión -como la de Amuay del 2012- como por el deterioro de la salud de su pequeño.
Desde que Andrés fué diagnosticado con autismo, como uno de cada tres niños de la zona, de acuerdo a estudios que se han realizado, su vida se ha vuelto una lucha por el conocer lo que le ocurre a las comunidades de enclaves petroleros, a otras mamás como ella. Quisiera poder hacer una denuncia formal, pero entre otras cosas a su esposo, trabajador de la empresa no le han cancelado sus bonificaciones3 y se encuentra como sindicalista bajo amenaza de ser despedido.
En las comunidades afectadas por las fugas de crudo y contaminación por los derrames petroleros en Venezuela las mujeres son de las poblaciones más fuertemente afectadas, como en casi todo enclave extractivista.
La inequitativa distribución de las tareas de cuidados y sostenimiento de la vida (crianza, alimentación, limpieza de los hogares) hacen que sobre ellas recaigan también las cargas de los impactos de los derrames. Por ejemplo, en los casos de hogares que colindan con las zonas de las costas afectadas muchas veces no pueden ni respirar el propio aire de sus casas, y ven afectadas las actividades productivas de sus compañeros y comunidad, quienes regresan a los hogares sin pesca.
En este contexto, las mujeres son expuestas a situaciones de violencia ambiental, económica y de género. Las presiones económicas sobre las comunidades incrementan las violencias contra las mujeres, que se expresan en violencias intrafamiliares, físicas, psicológicas, entre otras. Así lo vive la señora Isabel, cuya huerta quedó tapiada por el crudo y que ve a sus hijos en la precarización del día a día por la afectación de los ecosistemas que comprometen su trabajo, la pesca.
A la par, el imaginario de la prosperidad y el “desarrollo” petrolero se retoma con anuncios de reactivación de la producción petrolera de la mano de grandes contaminadores como Chevron 4, lo que parece una sentencia de perpetuación de la violación de los derechos de las comunidades afectadas: a un ambiente sano, a la calidad del aire y el agua, de sus derecho a vidas dignas.
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