¿En qué medida puede la ciudadanía desarrollar valores democráticos si su vida cotidiana se ejecuta en contextos verticales y no democráticos por antonomasia? En los últimos meses de 2022 la política en algunos países de la región mostró nuevamente signos de inestabilidad. Pero, más allá de la gravedad, las crisis políticas son esencialmente de, y entre, las élites políticas, y la ciudadanía, en general, poco tiene que ver. Sin embargo, los efectos de dichas crisis lo afectan considerablemente.
El caso más representativo es la crisis en Perú, con el fallido intento de Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso, su consecuente destitución y el ascenso de Dina Boluarte. Así, Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Mientras tanto, en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández y líder de facto de la coalición gobernante, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida. Si bien ello no significa necesariamente su salida de la vida política, es un signo del inicio del fin de la era kirchnerista.
En Brasil, la extrema derecha que apoya al presidente Jair Bolsonaro salió a las calles para desconocer el apretado triunfo en segunda vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras, Bolsonaro se negó a reconocer los resultados hasta un mes después de la elección, luego de que ninguna institución lo apoyara, incluyendo el sector militar.
En México, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena han puesto en marcha una serie de estrategias, formales e informales, para debilitar a las instituciones que gestionan las elecciones. En un país donde la transición y la democratización se basó esencialmente en crear condiciones de independencia e imparcialidad en la gestión electoral, atacar mediáticamente a los órganos electorales y tratar de modificar su estructura institucional sin diagnóstico y deliberación, puede poner en riesgo la viabilidad de la democracia. No obstante la gravedad de tales procesos, dichas crisis hasta ahora se han desenvuelto dentro de los cauces institucionales.
La crisis de la democracia es de las élites
Las lamentaciones a veces lacónicas del deterioro democrático en la región se basan en una concepción reducida de esta. Las competencias entre élites partidistas se hacen en contextos institucionales con elecciones libres y justas. Sin embargo, los partidos políticos dependen cada vez más de los recursos del Estado y menos de sus militantes, mientras que los representantes se ocupan más de sus propias agendas de grupo que de los asuntos que afectan a la sociedad. Y los poderes ejecutivos responden cada vez más a los poderes fácticos que a la ciudadanía.
Por ello, las crisis de la democracia son crisis de las élites. La mayoría de las personas son solamente espectadores, pues su vida cotidiana se desenvuelve en contextos que poco o nada tienen que ver con la política y la democracia. Además de la permanente desconfianza hacia los políticos, la complejidad de los sistemas institucionales aleja a la ciudadanía de la política, a la que ven como una actividad extraña. Según el Latinobarómetro, en 2020 más del 70% de las personas estaba poco o nada interesada en la política.
Soluciones no ortodoxas a la crisis de la democracia
Los análisis sobre las democracias se han centrado en los aspectos institucionales, las relaciones entre los poderes formales establecidos, las dinámicas de los sistemas de partidos y electorales, entre otros aspectos. Pero es muy escasa la atención a la relación entre las prácticas políticas y los entornos cotidianos de la ciudadanía, y sus relaciones y percepciones hacia los componentes de la democracia.
En 1977 se publicó en Inglaterra el informe de la comisión de investigación sobre democracia industrial, conocido como «reporte Bullock», que analizaba el estado de las empresas en ese país, el proceso de sindicalización de los trabajadores y sus derechos de participación en las empresas. Publicado hace más de cuarenta años, el informe puso en primer plano el tema de la democracia industrial, y signó el principio de muchas experiencias de democracia sindical y las relaciones entre los sectores económicos en varios países europeos como Suecia y Alemania.
El informe puso sobre la mesa que un sistema político democrático-representativo solo puede funcionar eficientemente si en las estructuras verticales como las industrias y las empresas también se fomentan prácticas democráticas. La democracia industrial se refiere a las posibilidades de los trabajadores de influenciar, formal e informalmente, directa e indirectamente, el curso de los procesos dentro de una empresa, incluido no solamente en las dirigencias sindicales, sino también en la dinámica organizativa e incluso los «outputs».
En el siglo XXI las empresas dedicadas a las nuevas tecnologías (pero no solo estas) definen en gran medida el devenir de muchos procesos políticos y sociales. Empresas como Apple, Microsoft, Google, Tencent, Facebook, IBM tienen un impacto en la economía mundial que alcanza ya casi el 40% de todas las transacciones, y el comercio electrónico es el 5% de todo el PIB mundial. Este es el mundo cotidiano de millones de personas, y ante un mundo nuevo debemos pensar nuevas formas de democracia.
Detener el deterioro implica dejar de mantener artificialmente las instituciones que le dieron forma en el siglo XX, pero que ya no funcionan. Implica cambiarlas o sustituirlas por otras que se adapten a este nuevo mundo que poco tiene que ver con el de hace unas décadas. Introducir prácticas democráticas en las relaciones verticales cotidianas no es una tarea fácil y puede ser contraproducente si no se hace bien. No obstante, todos los mecanismos que permitan a la ciudadanía ver concordancia entre su vida cotidiana y la política en las instituciones pueden mejorar la calidad de la democracia y acercarla de nuevo a la política.
Desburocratizar la democracia es fundamental. Pero incluso los mecanismos de democracia directa que pretenden solucionar la crisis de la democracia terminan, muchas veces, ahondando en ella, debido a que pueden ser manipuladas por las élites, como sucedió con el fallido proceso constituyente en Chile o con el uso instrumental que las élites han dado a los referéndums y plebiscitos.
Si queremos salvar la democracia, debemos construir ciudadanía democrática. De lo contrario, seguiremos a merced de las élites políticas que sucumben fácilmente a las tentaciones autoritarias.
Fernando Barrientos del Monte es cientista político. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
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