Una jugada sediciosa, por @Rafaelvelozg

Rafael Veloz García 21 de diciembre de 2022

@Rafaelvelozg

Han sido varias las voces de personalidades de mucho prestigio y experiencia en el campo político, así como de expertos constitucionales del derecho, que han advertido sobre el peligro que encierra para los venezolanos y el país la jugada de un grupúsculo de diputados, que pretenden eliminar el gobierno interino y llevar hasta la papelera el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, el cual se traduce en una de las mayores expresiones de constitucionalidad de los parlamentarios electos en 2015.

Ellos hicieron hacer valer los artículos de la carta magna 233, 333 y 350, los cuales nos hablan del vacío de poder, de la obligación que tienen todos los ciudadanos investidos o no de autoridad de restablecer la vigencia de la constitución que había sido quebrantada y el deber de desconocer a un régimen que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, que es lo que precisamente hace a diario Nicolás Maduro. Todo a raíz del fraude electoral perpetrado por el mismo Maduro el 20 de mayo de 2018, en un írrito evento en que no hubo garantías constitucionales ni democráticas, al punto que la misma convocatoria fue espúrua. Es más, hasta el acto de juramentación de Maduro resultó carente de legalidad, En otras palabras, no hubo una elección válida y por lo tanto Maduro se convirtió en un usurpador sin legitimidad alguna para ocupar la silla de Miraflores y sus actos deben ser declarados nulos, como lo establece el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Siendo así, repito, cómo un grupúsculo de diputados pretenden ahora por medio de una jugada artera, que podríamos llamar sediciosa, dar un tácito reconocimiento a Maduro como presidente y a su régimen dictatorial, porque eso es lo que está planteado. Lo más insólito es que estos diputados son los mismos que refrendaron el Estatuto de la Transición, en febrero de 2019.

De allí que esas manifestaciones de preocupación a modo de alerta que han surgido en todo el país y fuera de él, son muy justificadas, porque es mucho lo que podemos perder como pueblo y como país de aquí al 5 de enero de 2023. Y que conste, en lo que afirmo no hay absolutamente nada exagerado y escandaloso, como lo verán a continuación.

El Estatuto de la Transición realmente es una joya y es por eso que es algo tan difícil para desarrollar con una dictadura de por medio. Más de 50 países respaldaron el fondo constitucional, que tiene dos elementos y hay que decirlo, que habiendo un proceso electoral fraudulento, la misión es ir a un proceso válido para tener un Presidente de la República legítimo, y en segundo lugar la preservación de los activos.

Así están dadas las cosas. En mi condición de constitucionalista y profesor de derecho constitucional, puedo señalar con conocimiento de causa que el Estatuto de la Transición hay que colocarlo en su justa dimensión. Hay que decir que nuestro sistema de gobierno es presidencialista, pero aquí hay una modalidad que desde el parlamento, su presidente encargado, como lo es Juan Guaidó, asume la presidencia de la nación amparado en la propia constitución, aunque la generación haya sido parlamentaria.

Entonces, el papel de trabajo de un grupo de parlamentarios que nos llegó deja sin efecto a un presidente encargado constitucional, para poner en su lugar a una comisión administradora y eso no existe en el marco constitucional. Eso va en contra de la esencia de nuestra constitución. Y pretender aplicar ese sistema es dejar sin efecto el Estatuto de la Transición y los artículos constitucionales 233 y 350, para conceder legitimidad a Maduro y entregarle los activos que tanto sufrimiento ha costado a todos los venezolanos. Preservar esos activos de ningún modo es un chantaje a los venezolanos, como irresponsablemente y en abierta manipulación a los ciudadanos, dijo uno por allí.

Recordemos que venimos de una jugada como lo fue la compra de una mínima expresión de diputados, a los que llamamos “alacranes”, quienes se robaron los símbolos de varios partidos políticos, y ahora se pretende hacer otra jugada, que tiene que ser vista como propia de Nicolás Maduro. El peor escollo que tiene Maduro es el presidente encargado Juan Guaidó y a este se le suma la Asamblea Nacional, que es el sustento. Y a Guaidó es que se le reconoce y por eso esta maniobra es dirigida por algunas individualidades para salir de él, cuando lo primordial es salir de Maduro, el gran culpable de la tragedia que viven los venezolanos, ¿O no?

En las conversaciones que he tenido con algunos parlamentarios están claros de que esta modalidad que pretenden aplicar no es constitucional, no se soporta en ninguno de los artículos de la carta magna. Y tampoco es un elemento práctico para la preservación de los activos de los venezolanos en el exterior.

El informe que presentó en octubre pasado el Procurador Especial de la presidencia encargada, Enrique Sánchez Falcón, constitucionalista, miembro del bloque constitucional de Venezuela y uno de los mejores juristas de nuestro país, explica con claridad qué pasaría si acaban con el gobierno interino.

El Procurador señaló que la liquidación del Ejecutivo Interino significaría el fin de todos los organismos creados desde enero de 2019. Entre ellos “la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, la Junta Administradora Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, la Procuraduría Especial de la República y el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Contraloría Especial de la República, la Comisión Presidencial para la Administración del Gasto, las Juntas Administradoras Ad Hoc de instituciones autónomas como las del Bandes o de la Corporación Venezolana de Guayana, los Comisionados Presidenciales que pudieran subsistir, las representaciones diplomáticas o consulares designadas por el Gobierno Interino y las representaciones ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Además, que “las directivas de los organismos integrantes de la cadena corporativa que se inicia con las Juntas Administradoras Ad Hoc no desaparecerían automáticamente, sino que el régimen de Maduro tendría la posibilidad de reclamar que esos organismos (PDVHolding, Citgo, por ejemplo) pasen a estar bajo su administración, sin que existiera ningún órgano del Gobierno Interino que pueda oponerse a esa pretensión”.
Y añadió Sánchez Falcón que al cesar la institucionalidad interina cesarán también lo organismos que en nombre de esa institucionalidad puedan oponerse a los reclamos del régimen de Nicolás Maduro sobre bienes venezolanos depositados en el exterior. Entre estos bienes se encuentran 1.000 millones de reservas en oro pertenecientes al Banco Central de Venezuela que fueron colocados en custodia en el Banco de Inglaterra, y 1.543 millones de euros colocados por Venezuela en el banco portugués Novobanco.

Cabe reconocer que Sánchez Falcón, con un muy reducido personal a su cargo, ha tenido un excelente ejercicio en sus funciones, porque estamos hablando de 52 procesos judiciales en la defensa de esos activos en entes internacionales de justicia, por la desidia, la corrupción y la condición maula del régimen de Maduro, procesos cuya gran mayoría, para no decir su totalidad, no fueron solucionados por procuradores anteriores. Y lo que Sánchez Falcón pudo obtener en la defensa de los bonos 2020 es una jurisprudencia extraordinaria que se ha producido en los Estados Unidos.

En consecuencia, no son ciertos aquellos argumentos que utilizan de que lo que se busca con el fin del interinato es liquidar la burocratización. Por el contrario, con su permanencia solo es posible la operación de la defensa y la preservación de los activos en estos juicios, para que no le caiga un torrente de demandas al Estado venezolano y estamos hablando de que la sumatoria es de más de 40.000 millones de dólares en los 52 procesos, donde no hay los suficientes recursos para la atención de todos.

A pesar de lo anterior, ha sido heroico, ha sido profundo y altamente provechoso el trabajo de Sánchez Falcón y de un modestísimo equipo en el número de abogados venezolanos, quienes por cierto no están en el país porque han sido perseguidos.

Entonces, desde el punto de vista práctico, eso solo lo puede hacer el Procurador constitucionalmente y legislativamente, porque es el que tiene bajo su responsabilidad el patrimonio de la nación. No puede delegarse esto en una comisión, pues va en contra de las normas constitucionales y legales, situación que debe saber todo el pueblo venezolano, por lo que basta de decir que es un chantaje que tiene el presidente encargado y los diputados con conciencia constitucional de la Asamblea Nacional de 2015.

La propuesta que llegó a nuestras manos de un reducido número de diputados elimina el sustento del artículo 233 constitucional y lo pone en una comisión de administración. Es una propuesta indefinida e inapropiada, que lo que establece es la desnaturalización de la figura del Estatuto de la Transición. Vale decir, una manera de eliminar el único filamento que tiene la república de sostén en la Asamblea Nacional de 2015, que es buscar un modo contra la propia naturaleza que provoca la desintegración de lo que se ha logrado hasta la fecha. A esto se contrapone la propuesta que ya hicimos circular a los diputados de la Asamblea Nacional, que es la misma que sustenta el Estatuto de la Transición elaborado en el 2019, porque la condición no ha cambiado. La condición es que hayan unos procesos electorales presidencial y parlamentario válidos. Eso no lo ha habido, estamos en vías de ello, las negociaciones de Ciudad de México están en esa línea. Mientras esto no cambie, persiste la transición.

En este punto, la labor de los parlamentarios es limpiar el camino, porque ese documento que nos hicieron llegar tienen inconsistencias de fondo y de carácter legal. Y es que estamos obligados a hacerlo, para que no desaparezca el último bastión de institucionalidad y democracia que queda en Venezuela, en un momento histórico cuando estamos a seis meses de la elección primaria de la oposición, para encarar luego a la dictadura en la presidencial de 2024.
Por mi parte, qué sugerencias hago. En primer lugar, utilizo este medio de comunicación público para resaltar lo que establece el artículo 201 constitucional, que expresa: “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones sino solo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”. Esto quiere decir que más que una fracción parlamentaria, que es un mecanismo muy útil, pero que es de corte político, nos debemos a la constitución y a los ciudadanos, que fueron los que nos eligieron. Y esos ciudadanos ya se han expresado, porque hemos visto que más del 70% están de acuerdo en que se mantenga el gobierno interino y el Estatuto de la Transición. Vayan a los medios de comunicación y a las mismas redes sociales y verán que es así.

Tengan la seguridad que la curul en la que nos encontramos va a estar defendiendo la continuidad del interinato y el Estatuto de la Transición adecuadamente y de acuerdo a las pautas constitucionales.

Por otro lado, el llamado y la sugerencia que hago es que el escrutinio debe ser público y que el acto del 5 de enero de 2023 debe ser presencial para los que aún nos encontramos en Venezuela y los que están afuera que se reúnan en cada una de las ciudades donde estén, porque hay que preservar la identificación de esa votación. No queremos ninguna pantallita de Zoom que vaya a provocar la falta de certeza de quien está emitiendo ese voto, por lo delicado que se está presentando esta situación. Y hay elementos fehacientes, elementos suficientes para indicar que son los tentáculos de Nicolás Maduro y de la dictadura los que han puesto ese documento a circular para desmoronar el Estatuto para la Transición.

Pero allí nos encontrarán para impedirlo.

Rafael Veloz García

@Rafaelvelozg