Luisa Quintero 25 de diciembre de 2022
El sistema interamericano de
derechos humanos está compuesto por la Comisión (CIDH) y la Corte
Interamericana (Corte IDH). En ambas instancias, el Estado venezolano acumula
deudas económicas, que incluyen la indemnización y reparación a víctimas, que
superan los 10 millones de dólares. ONG estiman que Venezuela ha incumplido más
del 80% de todas las sentencias emanadas por la Corte
La
presencia de Venezuela dentro del sistema interamericano de derechos humanos es
todo un dilema político. Gustavo petro le ha pedido a Nicolás Maduro que
reincorpore al país, y el mandatario venezolano afirmó que estudiaría esa
posiblilidad. Pero el Estado no solo acumula deudas económicas, algunas de
ellas relacionadas a la reparación e indemnización de las víctimas, sino
también incumplimientos de otro tipo respecto al reconocimiento de violaciones
de DDHH contra ciudadanos venezolanos en específico.
El 10
de septiembre de 2012, el entonces presidente Hugo Chávez denunció la
Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento que da base jurídica a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La salida de este sistema se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez y que fue sucedido por Nicolás Maduro, quien sigue en el poder.
Maduro
siguió la línea de su antecesor, al asegurar que la OEA, el sistema interamericano
y sus instancias respondían a intereses de Estados Unidos y además “degeneraron
y se creen un poder supranacional” por investigar las denuncias de violaciones
a los derechos humanos en el país.
Pero
en 2019, la Asamblea Nacional -de mayoría opositora y considerada «en desacato»
entonces por el Ejecutivo- aprobó mediante un acuerdo el retorno al sistema
interamericano, al reconocer nuevamente la Convención y la Carta de la OEA. Eso
le permitió al gobierno interino de Juan Guaidó posicionar un embajador dentro
de la organización y abrió una esperanza a víctimas para que sus casos fueran
tomados en consideración dentro de la Corte IDH.
Sin
embargo, la realidad política complicó el asunto. Del otro lado, víctimas y
organizaciones se empezaron a movilizar para que sus casos sean tratados en
este máximo tribunal, que tiene pendiente declarar su admisibilidad o no.
Ezequiel Monsalve,
profesor universitario y coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela,
señala que es importante partir de la premisa que desde la perspectiva del
derecho internacional público y en especial del derecho internacional de los
tratados, “la ratificación que se hizo de la convención en el año 2019 fue
efectiva y, de esa manera, los que seguimos acudiendo al sistema interamericano
para denunciar y hacer incidencia sobre la violación de derechos humanos en
Venezuela lo hacemos en función de ese pronóstico”.
Por
supuesto, continúa el especialista en derecho penal, “aquí hay un dilema
estructural importante y es que el Gobierno que ejerce el control político del
territorio es de Nicolás Maduro. Por tanto, deberíamos preguntarnos si ese
Estado va a retornar efectivamente al sistema interamericano y con ello se
puede pacificar toda esta coyuntura política en 2019 posterior al
desconocimiento de las elecciones presidenciales de Nicolas Maduro y el
interinato de Juan Guaidó”.
Esa
realidad política tuvo un nuevo protagonista este año. El pasado 27 de octubre,
el presidente colombiano Gustavo Petro le pidió a Maduro volver al sistema interamericano durante
un acto de gobierno.
El
tema fue tratado nuevamente el 1 de noviembre durante el encuentro de ambos
presidentes en Miraflores. En la discusión estuvo presente y Maduro comentó que
evaluaría esa solicitud.
El
coordinador jurídico de Defiende Venezuela señala que, desde la perspectiva
política, “depende en buena medida no solo de la voluntad que tenga el gobierno
de Nicolás Maduro sino las condiciones que existan en la región y que deben ser
promovidas justamente por los países que tienen relaciones bilaterales con
Venezuela. Son ellos los que pueden generar un espacio propicio para que este
dilema coyuntural en el sistema interamericano se resuelva”.
Sobre
esto coincide Ronnie
Boquier, defensor de DDHH y coordinador del área jurídica de Cofavic.
“Posibilidades siempre hay, lo que faltaría es ver si hay verdadera voluntad
por parte del Estado”. El abogado de Cofavic destaca que en materia de
derechos humanos “todo lo que sea en pro de la persona y los mismos derechos no
solo es bienvenido sino también aplaudido”.
Pone
como ejemplo el caso del mismo presidente Petro. “Él fue beneficiario del
sistema interamericano cuando llevó su caso por violación a sus derechos y ese
mismo sistema estuvo disponible para las denuncias. En el caso de Venezuela es
igual”. Se refiere a una inhabilitación política en su contra que fue
solventada aprovechando jurisprudencia interamericana, la misma que ha
argumentado Leopoldo López y otros en Venezuela para reclamar la anulación de
sus derechos políticos.
Boquier
también señala que el retorno efectivo de Venezuela al sistema interamericano,
si se logra, “no es solo la victoria de un sector sino de todo el país, el
sistema interamericano fue creado para la protección de todas y todos”.
Víctimas
de Venezuela
En
2020, dos investigadores venezolanos calcularon que de 24 sentencias que había
emitido la Corte Interamericana en relación al Estado Venezolano, en 22 de
ellas se habían acumulado incumplimientos por parte del país.
“Se
determinó que este incumplimiento había afectado a 338 personas en calidad de
víctimas, que la deuda (económica de Venezuela) alcanzaba los 11 millones de
dólares sin contar el cálculo de indexación por retraso en cada una de estas
sentencias”, recuerda el abogado Ezequiel Monsalve.
Cofavic
ha participado directamente en siete casos ya sentenciados por la Corte
IDH: El Caracazo, que dio pie a la creación de esta ONG, en la
sentencia del retén de Catia, una masacre cometida en esta cárcel en el año
1992; los desaparecidos de los deslaves de Vargas; en los casos de la familia Barrios,
Jimmy Guerrero y otros, que corresponden a ejecuciones extrajudiciales; al
igual que el caso de Linda Loaiza, el primer caso de Venezuela donde se
denuncia violencia de género.
En
esos siete casos hay deudas pendientes del Estado como reparaciones integrales
a las víctimas que no se han cubierto, además de las garantías de no repetición
y el reconocimiento público de los hechos. Tampoco se ha llevado a la justicia
a los perpetradores de estos casos.
De
estos casos que tenemos, dice el coordinador del área jurídica de Cofavic, en
el 99% existe incumplimiento de las sentencias.
“El
hecho de que se reintegre o no, no desestima que Venezuela siga teniendo deudas
con el sistema interamericano. Todos los casos sentenciados por la Corte
Interamericana son una responsabilidad que el Estado debe asumir”, insiste
Ronnie Boquier.
El
coordinador de Defiende Venezuela menciona que es complicado calcular todas las
obligaciones pendientes por parte del Estado, ya sean económicas, de reparación
e indemnización a las víctimas (que también conllevan un componente
económico).
Estas
obligaciones fueron las que trabaron la denuncia efectiva del Estado venezolano
a la Convención en 2012. Monsalve recuerda que el artículo 14 de la Carta de la
OEA expresa que los Estados quedarán desligados de la Organización cuando hayan
cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta.
En
base a las deudas monetarias, refiere que “en junio de 2019, el jefe de la
delegación ante los Estados Americanos, diputado Julio Borges, dijo que
Venezuela iba a pagar los casi 10 millones de dólares que debía el Estado
venezolano al sistema político de la OEA”.
Ese
monto se debe a que Venezuela debía aproximadamente 8.7 millones de dólares al
momento de denunciar la Carta y otros 1.8 millones de dólares por otros
criterios socioeconómicos.
Casos
y cooperación futuras
Para
Venezuela, actualmente hay al menos seis casos en trámites ante la Corte IDH.
De ellos, la organización Defiende Venezuela tiene la representación de dos de
ellos y plantean situaciones que ocurrieron en el marco temporal de la denuncia
de la Convención y posterior ratificación de la misma.
“A la
Corte Interamericana le corresponderá evaluar en primera instancia su
competencia ante la denuncia de la Convención o su ratificación en 2019. Esto
va a marcar un hito importante para los venezolanos ante el sistema
interamericano porque podremos constatar y confirmar si, en efecto, vamos a
tener jurisdicción de la Corte entre 2013 hasta el año 2018, años que fueron de
gran complejidad por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a tal
punto de que algunos han sido considerados como posibles crímenes de la mesa
humanidad”, afirma Ezequiel Monsalve.
Cofavic
también ha tenido información sobre conversaciones entre la Comisión
Interamericana con otros sistemas de protección para intercambiar información y
revisar la situación de derechos humanos en el país. Ya la CIDH ha mantenido
esfuerzos de cooperación con el sistema de protección universal de Naciones
Unidas (Oficina del Alto Comisionado y Misión de Determinación de los Hechos) y
otros como la Corte Penal Internacional, para darle mejor seguimiento a la
situación en Venezuela.
Ronnie
Boquier explica que esto es debido “a su propia naturaleza de darle un
seguimiento expedito a la situación de derechos humanos en un país específico y
si existe un país donde hay varios mecanismos abiertos, como es el caso
venezolano, es normal y recomendable que estos organismos tengan comunicación y
renueven sus procesos de cómo entenderse, cómo dialogar y pasar información
para ayudar a complementar el seguimiento que cada organismo hace respecto a la
realidad del país”.
Recuerda
además que desde hace algunos años Venezuela ha estado en el capítulo 4 de los
informes anuales de la CIDH, que es donde se hace relatoría de los países con
mayor gravedad en derechos humanos y donde además están Cuba y Nicaragua. “Todo
indica que pueden estar en el año 2022”.
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