Agencias 10 de mayo de 2023
Jimmy
Muñoz se acaba de entregar a la policía de fronteras de Estados Unidos tras
cruzar el Río Bravo desde México. Su silueta se dibuja a lo lejos, en medio de
un llano verde. Ahora camina hacia un punto de control donde decidirán su
suerte.
“Tengo
la esperanza de poder quedarme en este país”, dice este ecuatoriano de 29 años.
“Pero estoy con dudas y miedos de que me acepten”, agrega, mientras señala un
toldo color naranja a unos 300 metros de distancia, donde se ve una multitud.
Si
bien ya se encuentra suelo estadounidense, cerca de la ciudad de Brownsville,
Texas, tiene al frente un alambrado de púas y, luego, un cerco metálico de unos
cuatro metros de alto.
En
Brownsville, el flujo de migrantes que cruzan desde la vecina ciudad mexicana
de Matamoros no se detiene. En los alrededores, vehículos militares están
desplegados.
Como Jimmy Muñoz, miles de migrantes se han estado entregando en las últimas semanas a las autoridades, temerosos de que el cambio en las regulaciones fronterizas de Estados Unidos previsto para la medianoche del jueves, pueda complicar su entrada al país, según sus propios testimonios.
Gran
cantidad de ellos son venezolanos, pero también hay otros latinoamericanos y
asiáticos.
–
¿Pasar o no pasar? -En los puntos de control, las autoridades separan a
hombres de mujeres y los trasladan a distintos centros de procesamiento.
“Cuando
nos detienen nos atienden bien. Nos llevan a una celda, nos llevan comida, y
empieza un proceso de preguntas, de las pruebas [muestras] de ADN, un proceso
rutinario me imagino para inmigrantes. Luego de eso es que le dan la libertad a
uno”, explica Rossi Carrillo, de 26 años, en el centro de Brownsville.
“Nos
dan un papel para una cita con el juez [para que decida si es posible
permanecer o no en el país]. A mí me la dieron para dentro de un año”, agrega
Rossi, que viene de Venezuela y pasa la noche cerca de la estación de buses de
Brownsville.
A
otros los convocaron para dentro de unos pocos meses, y a algunos, para dentro
de tres años.
La AFP
conversó con varios migrantes a quienes se les permitió ingresar. A todos les
tomaron el nombre y el contacto y la dirección del familiar o amigo que los
espera en Estados Unidos. A Rossi y a su esposo los aguardan en Atlanta,
Georgia.
José
Luis Aular, un venezolano de 38 años, dice que a él las autoridades le pidieron
descargar una aplicación para rastrear su paradero. Cada cierto tiempo debe
tomarse una foto en el lugar del país donde está y subirla.
Entre
octubre de 2022 y marzo de 2023, más de 200.000 personas fueron procesadas en
Texas bajo el Título 42, una norma sanitaria activada en la era Trump por el
covid-19, que permite expulsar a quienes cruzan la frontera sin aceptar sus
peticiones migratorias. Esta disposición se levantará el jueves.
En ese
mismo período, unas 453.000 personas fueron procesadas en Texas bajo el Título
8, una normativa específica sobre inmigración que permite solicitar asilo, pero
también autoriza la expulsión, aunque no sumaria sino acelerada.
El
Título 8 es temido por los migrantes porque alguien expulsado bajo esa normativa
puede terminar con antecedentes penales o una prohibición de cinco años para
solicitar la entrada legal a Estados Unidos.
–
“Cosas de Dios” -Este miércoles, la policía de fronteras estadounidense dio una
advertencia clara: quienes intenten ingresar ilegalmente “continuarán siendo
expulsados a México o a su país de origen”
“Aquellos
migrantes que no puedan ser expulsados bajo el título 42, y no tienen una base
legal para permanecer en los Estados Unidos, serán colocados en procedimientos
de deportación bajo el Título 8”, afirmó en un mensaje difundido en español en
redes sociales.
Rossi
Carrillo se alegra de haber podido ingresar. “Fueron cosas de Dios, porque no
todo el mundo tiene la misma suerte. Hay mujeres con niños que las han
devuelto”, dice.
“Mi
sueño era estar aquí y como segunda meta es traer a mis hijos y mi mamá”,
asegura.
Tiene
en sus brazos a Niña, una perrita caniche que la acompañó en su recorrido por
ocho países, incluyendo la selva del Darién entre Colombia y Panamá.
“La
selva la pasó caminando, salió sucia, nadaba en los ríos, la tuvimos con puro
suero porque la comida se le acabó”, cuenta. La mascota fue confiscada, pero
luego la recuperó con ayuda de una fundación.
Aún en
la línea de frontera, Jimmy Muñoz cuenta por qué dejó Ecuador: “Venimos
huyendo, nos quieren matar. No puedo tener un negocio porque nos extorsionan.
Me siento bien de haber cruzado”.
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