Carolina Alcalde 16 de mayo de 2023
@caroalca
Más de
7 millones de personas han salido de Venezuela para buscar protección y una
mejor calidad de vida, según ACNUR. Se trata de la mayor crisis de movilidad
humana en la región, un escenario inimaginable décadas atrás, cuando, lejos de
ser emisor, Venezuela era país receptor de migrantes.
Un
gran número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en medio
del fin del Título 42 son de nacionalidad
venezolana, constataron enviados especiales de la Voz de América la
semana pasada.
Los
especialistas atribuyen la situación a varios factores, entre ellos la crisis
humanitaria en Venezuela y las dificultades de acceder a un estatus migratorio
regular en EEUU.
Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), destaca que muchos venezolanos llegan desde otros países tras varios intentos de migración.
“El
asunto es que las personas creen que lo que está mal es el sitio donde ellos
están y por eso tratan de probar suerte. Es una situación que no está afectando
solamente a la población venezolana”, explicó al ser consultada por la VOA.
En ese
sentido, se refiere al impacto económico mundial de la pandemia del COVID-19 y
la invasión de Rusia a Ucrania.
Obstáculos
Cada
vez más países solicitan visas e implementan medidas más restrictivas,
especialmente para los venezolanos, que enfrentan dificultades para gestionar
documentación esencial como cédula y pasaporte, lo que significa un importante
obstáculo.
Al
respecto, Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, sostiene que la
situación impide que muchas personas puedan regularizar su situación migratoria
y por lo tanto acceder a las garantías de sus derechos, lo que, de manera
“desesperada” los lleva a tomar rutas peligrosas como la selva del Darién.
Además,
insiste en la necesidad de que se comprenda el contexto regional y alerta que
imponer medidas más duras “no disuaden a la gente de migrar” y fomentan el
funcionamiento de redes de trata de personas entre otras actividades ilícitas.
“Volver
al Título 8, creemos que lo que puede pasar es que
compliquen más las solicitudes de asilo, pero en este momento la situación es
incierta. Está la idea de que el fin del Título 42 va a crear un efecto de
llamado, eso parte de una premisa de que quienes migran están informados del
marco normativo y eso no es cierto. La gente va a seguir saliendo en la medida
en la que se les sigan cerrando las puertas en el resto de la región y que
continúe la violación masiva de DDHH en Venezuela”, dijo Dib a la VOA.
Dib,
abogada con maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la
Universidad de Notre Dame, destaca la necesidad de una respuesta regional de
regularización migratoria pero también de la garantía del principio de no
devolución.
Bolívar,
socióloga especializada en DDHH, coincide en que las personas continuarán
moviéndose, pero en condiciones “más riesgosas”, y reitera que la migración “no
se va a detener porque se pongan barreras”.
“Lo
que va a pasar es que la gente va a seguir saliendo, pero en situaciones más
precarias, de mayor riesgo, expuestos a situaciones más difíciles. Lo hemos
visto antes y se va a repetir con esta situación que estamos enfrentando
ahora”, subraya.
Además,
Bolívar recuerda que organismos como la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) dependen de apoyo
de los países de acogida y actualmente observa un “agotamiento” de la comunidad
internacional.
A
juicio de Dib, en la región, independientemente de su posición política, existe
una tendencia de incremento de gobiernos autoritarios y se refiere al
“retroceso en la democracia” regional.
“La
migración es causada por la incapacidad de nuestros Estados de garantizar los
DDHH. Creo que en la medida en la que se mantengan estas situaciones, va a
seguir existiendo migración. Siento que no hay una verdadera respuesta regional
al contexto de movilidad humana desde una perspectiva de DDHH”, manifiesta.
Panorama
sombrío
Desde
al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado
“masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se
evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone
HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad
civil que miden los impactos de la crisis.
La
situación, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha causado que el país se
haya convertido en el “más desigual” de la región desde el punto de vista de
ingresos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi),
proyecto que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con
la realidad social y que se ha convertido en la mayor fuente de información
“oportuna”.
El año
pasado, Venezuela cerró con una inflación de 234 %, según cifras oficiales.
Aunque según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un ente independiente
conformado por expertos, fue de 305,7 %.
En
todo caso, el poder adquisitivo de los trabajadores está “pulverizado”. Desde
marzo de 2022, el gobierno no aumenta el salario mínimo, que pasó de ser el
equivalente a unos 30 dólares en ese entonces a poco más de 5 dólares
actualmente.
El 1
de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de las bonificaciones
que son “insuficientes” y no acorde al artículo 91 de la Constitución, que
establece que los trabajadores tienen derecho a un “salario suficiente” que les
permita vivir “con dignidad” y que el Estado debe garantizar “un salario mínimo
vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo
de la canasta básica”.
Según
el centro de pensamiento independiente, Equilibrium CenDe, más de 11 millones
de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a 101 dólares.
De
acuerdo con el Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del
Conocimiento Económico (Cedice), el consumo promedio de 61 bienes y servicios
de una familia de tres personas se ubicó en 497,5 dólares durante la segunda
quincena de abril.
Para
los expertos y ciudadanos de a pie, se trata de un panorama sombrío que está
“lejos de evolucionar hacia una pronta salida” y, de hecho, mientras no se
produzcan cambios estructurales y políticos, el escenario es y será que la
migración de venezolanos no va a cesar.
“Las
razones que dieron origen al flujo migratorio venezolano no han cambiado, el
deterioro continúa. Hubo una especie de burbuja, pero sabíamos que era temporal, que no era
sustentable y lo estamos viendo, era una situación artificial y estamos de
vuelta en una situación de migración porque la gente está en condiciones muy
precarias”, sostiene Bolívar.
La
semana pasada, el diputado chavista y hombre clave del gobierno, Diosdado
Cabello, exhortó a los venezolanos a regresar al país y aseguró que más de
35.000 ciudadanos han vuelto a través del Plan Vuelve a la Patria, un
“programa” implementado en 2018 para facilitar el retorno de migrantes en “situación
económica precaria”.
El
gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la
comunidad internacional, pero, aunque admiten que en algunos casos han tenido
“efectos nocivos”, especialistas como Dib insisten en que tanto la emergencia
humanitaria compleja como la migración comenzaron antes de la implementación
las sanciones y es consecuencia de la “corrupción y el desmantelamiento de la
institucionalidad democrática”.
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