Carolina Alcalde 03 de junio de 2023
@caroalca
El
espacio de la libertad de expresión se ha ido estrechando en Venezuela,
coinciden expertos. Consecuencia de “una política de Estado”, muchos medios
tradicionales se fueron extinguiendo y, aunque surgieron decenas de medios
digitales independientes y críticos, también debe enfrentar la censura.
En
2022 persistieron “prácticas sistemáticas” de persecución, bloqueos,
desinformación y vigilancia en Venezuela, lo que profundizó la
“erosión” de las libertades fundamentales de la población, resalta el más
reciente informe sobre derechos digitales del Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS) Venezuela que registró 59 violaciones a lo largo del año.
“Incluyen el cierre y la suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, bloqueo selectivo de sitios web, ataques de denegación de servicio (DDoS), hackeos, suplantación de identidad, doxing (divulgación en línea de información personal de un periodista), acceso ilícito a medios o soportes digitales y phishing”, detalla.
De
acuerdo a IPYS, organización que trabaja en la defensa, promoción y formación
en libertad de expresión, en Venezuela se continúan utilizando “medidas
discrecionales” para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de
comunicación, tanto nacionales como extranjeros, y a las plataformas de organizaciones
no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
“Estas
medidas demuestran la persistencia de la política oficial de controlar el flujo
de información”, subraya el reporte.
El
sistema de monitoreo de libertades informativas de la organización expone que
en 2022 las denuncias de ataques y restricciones en internet consistieron
principalmente en bloqueos a portales de noticias y hechos de discurso
estigmatizante contra periodistas y medios a través de las redes sociales.
Además,
confirmó que al menos 40 medios digitales nacionales y extranjeros están siendo
bloqueados desde los servicios de proveedores de internet privados y estatales.
Las
restricciones a los medios digitales, según el informe “Derechos fuera de
línea”, que expone la situación en 2022, “fueron aplicadas por los principales
proveedores de internet en el país, como Cantv, Movistar y Digitel” y reporta
que los bloqueos y ataques se han convertido en una “constante forma de
censura”.
Algunos
de los portales en los que se identificaron episodios de “censura selectiva”,
según IPYS, son: Alberto News, Armando.Info,El Pitazo, El Tempo de Colombia,
Punto de Corte, Runrunes y Sumarium.
“Otros
medios bloqueados durante el segundo mes de 2022 fueron Efecto Cocuyo, Crónica
Uno, EVTV y Primer Informe, los cuales fueron restringidos por Cantv, Digitel,
Movistar, Inter, Supercable y NetUno. Ipys Venezuela confirmó que Digitel y
Supercable aplicaron bloqueos de DNS a los dominios de estos sitios web, y en
el caso de Efecto Cocuyo, se evidenció la modalidad de censura por HTTP a través
de Cantv”, precisa.
El
informe Libertad en la Red 2022 de la ONG Freedom House, dio una calificación
de 30 puntos a la libertad de internet en Venezuela.
“Aunque
esta puntuación muestra una ligera mejora en comparación con los 28 puntos de
2021, Venezuela todavía se encuentra entre los países con menor libertad en
internet en la región, junto con Cuba (20) y Nicaragua (45)”, apunta IPYS.
El año
pasado, el informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de la
multinacional española, Telefónica, reportó que al menos 1 millón 584 mil 547 líneas telefónicas de
la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo
español que opera en Venezuela desde 2005, resultaron “afectadas” por
solicitudes de “interceptación legal” por parte de “autoridades competentes”
venezolanas.
Además,
también precisó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
organismo del Estado que regula las comunicaciones en el país, presentó
solicitudes de “bloqueos y restricción de contenidos”.
Para
IPYS, se trata de una confirmación de las denuncias de la sociedad civil sobre
los bloqueos digitales.
La
organización también resalta que la “mayor parte de la población venezolana”
continúa padeciendo dificultades para acceder a servicios e internet de
calidad, consecuencia de las frecuentes interrupciones y “deficiencias” en la
velocidad de las conexiones, fijas y móviles, por la infraestructura eléctrica
y de telecomunicaciones “deteriorada y vandalizada”.
Espacio
Público, organización que también se dedica a la promoción y defensa de la
libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social
en los medios de comunicación social, había subrayado en su más reciente
informe que las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones
más comunes registradas en 2022.
En
este sentido, IPYS Venezuela recomienda eliminar las prácticas y regulaciones
que deriven en bloqueos y censura de contenidos por parte del Estado,
proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de
comunicación.
Además,
sugiere considerar el acceso a internet como un derecho humano fundamental para
el ejercicio de otros derechos civiles y políticos.
Desde
hace varios años, diversas organizaciones dedicadas a monitorear la situación
constantemente reportan restricciones, agresiones y criminalización contra
periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes,
una práctica que se instauró durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
En
varias ocasiones diversos funcionarios gubernamentales han asegurado que en el
país la libertad de expresión e información está garantizada.
En
marzo, durante su más reciente actualización oral sobre la situación en
Venezuela en el 52 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, Volker
Türk, Alto Comisionado de la Oficina para DDHH, expuso su preocupación ante las
“restricciones” a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas webs y el
cierre de emisoras y programas de radio.
“Los
defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen
sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, precisó.
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