Humberto García Larralde 03 de julio de 2023
La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.
Elemento
central de esta tragedia –pero lejos de ser el único– es el colapso de la
economía. Aunque el régimen levantó los controles de precio y liberó la
tenencia de dólares, al haber arruinado la economía doméstica y destruido
PdVSA, se quedó sin ingresos para financiar su gestión. Como tampoco tenía
acceso a los mercados financieros internacionales, acudió a la emisión de
dinero por parte del BCV, perpetuando las presiones inflacionarias que tanto
han empobrecido a la gente. Y su respuesta para aplacar este flagelo ha sido la
peor: 1) redujo el gasto público, aumentando la inoperancia del Estado,
agravando la prestación de servicios públicos y comprimiendo los sueldos reales
de los empleados del Estado; 2) elevó el encaje bancario hasta eliminar,
prácticamente, su capacidad crediticia; y 3) intentó estabilizar el precio del
dólar como ancla del sistema de precios, “quemando” las escasas divisas que
entran al país. O sea, el chavo-madurismo cometió la barbaridad de reducir, aún
más, la demanda como fórmula antiinflacionaria, en momentos en que la economía
exhibe un descomunal desempleo de sus recursos productivos. Se acentuó, así, el
impacto devastador de su gestión sobre la oferta de bienes y servicios,
contrayendo aún más el ingreso, ya bajísimo, de los venezolanos. Se perpetúa la
situación de postración en que se encuentra la economía, impidiendo la
recuperación de los niveles de vida de la población. Un círculo vicioso que
revela que, sin cambios significativos, Venezuela continuará entrampada en este
estado de pobreza extendida, sin mayor perspectiva de alivio.
Superar
esta trampa requiere de una inyección sustancial de recursos externos para
sanear al Estado, rescatar los servicios públicos, atender la emergencia
humanitaria y liberar a las fuerzas productivas del conjunto de trabas que las
aplastan. Pero el acceso a tales recursos está condicionado a reformas que
restablezcan el ordenamiento constitucional, ofrezcan garantías a los mercados
internacionales, como condiciones que aseguren el reembolso eventual de tales
empréstitos. Ello no coincide con el interés del chavo-madurismo de perpetuar
el estado de anomia que resultó de desmantelar las instituciones y de la
destrucción del Estado de derecho para continuar expoliando, sin restricciones,
las riquezas del país. ¿Podrá cambiar de actitud? Se evidencia, entonces, que
el entrampamiento es político.
La
salida es también, obviamente, política. Del lado de muchos jerarcas del
oficialismo, admitir las reformas antes mencionadas implica ceder privilegios y
exponerse a ver confiscadas sus fortunas mal habidas y/o a pesar largos años en
prisión por sus atropellos. Intentan blindarse erigiendo una falsa realidad a
base de clichés, en la cual refugiarse. ¿Habrá otros dispuestos a negociar su
salida y/o a permitir los cambios? ¿En qué condiciones? La inhabilitación
política de María Corina Machado y la intervención del CNE atestiguan la intención
de cerrar la vía electoral para materializar tales cambios. La represión de la
protesta sindical en Guayana, como otras violaciones de derechos civiles,
indican, asimismo, la continuidad de prácticas dictatoriales. ¿Qué haría falta
para aumentar las posibilidades de que emergieran interlocutores oficialistas
interesados en liberar al país de la actual tragedia?
La
respuesta a la pregunta anterior depende mucho de lo que puedan hacer las
fuerzas democráticas. Debilitadas, divididas y sin una vinculación estrecha con
los diversos sectores que luchan contra la dictadura, será muy poco.
Seguiríamos entrampados. El desafío crucial es, por ende, forjar la unidad
requerida para construir una fuerza capaz de labrar espacios de lucha
conducentes al cambio. Fundamental, en ello es saber asumir las aspiraciones de
las mayorías en un proyecto claro y viable que les inspire confianza en las
posibilidades de conquistar el cambio. Las movilizaciones con miras a
participar en las primarias opositoras del 22 de octubre son un buen comienzo.
Asimismo, la respuesta contundente de todos los candidatos ante la
inhabilitación política de María Corina Machado que, junto a la impuesta a
Enrique Capriles y a Freddy Superlano, violan la constitución, es también
alentadora. Pero debe perpetuarse en una plataforma unitaria que conecte con
las luchas sociales como imperativo para conquistar condiciones electorales
confiables que abran las puertas a las posibilidades de cambio político.
Persistir en la lucha por unas primarias que aúnan voluntades mayoritarias en
torno a un propósito común de transformación democrática e inclusiva del país
–o cualquier otro mecanismo consensuado que cumpla con tales requisitos–, por
más obstáculos que interpongan los personeros del fascismo chavo-madurista,
debe ser la estrategia a seguir. Tanto las inhabilitaciones, como la
intervención, también inconstitucional, del CNE, revelan la vulnerabilidad de
Maduro ante la perspectiva de que se concreten elecciones mínimamente
confiables. Perdería de calle ante quien emergiese como candidato/a de unas
primarias que cumpliesen con los propósitos arriba mencionados. Ahora es cuando
las fuerzas democráticas deben afincarse en esa estrategia, sin ceder ante las
vilezas que, como es su naturaleza, llegue a instrumentar el (des)gobierno para
evitar medirse de verdad.
Podría
objetarse que se corre el peligro de alimentar la polarización con posturas
extremistas, de confrontación, que tanto han favorecido al chavo-madurismo en
el pasado. Se asoma, como amenaza una respuesta similar a la instrumentada por
el gánster Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se podrá evitar que ello ocurra a
través de negociaciones? Lamentablemente, no hay razones para pensar que Maduro
y los suyos vayan a acordar con la oposición condiciones para un “fair play”
político. No está en su naturaleza. Ante las últimas acciones del fascismo es
menester la denuncia frontal y la movilización continua de la gente por hacer
valer sus derechos a manifestar abiertamente su voluntad de cambio. Sólo desde
una posición de fuerza podrá eventualmente negociarse acuerdos con los que han
destruido al país que abran posibilidades de una salida electoral que inspire
confianza como solución. Esto implica mantenerse firme ante los atropellos con
que el chavo-madurismo pretende acallar la voz popular en estos momentos. Una
vez consolidada una posición de fuerza, en concierto con los aliados
democráticos a nivel internacional, podrá pensarse en concesiones que ayuden a
aquellos oficialistas que se han dado cuenta de que su proyecto no tiene salida
a asumir un mayor protagonismo en la concreción de acuerdos prometedores con la
oposición. Llegará el momento en que, con el pañuelo en la nariz, puedan
discutirse condiciones de un régimen de justicia provisional que facilite el
abandono del poder por parte de los criminales que hoy lo ocupan. Con la
división de las fuerzas de oposición, seguiremos entrampados.
Humberto
García Larralde
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