Carolina Alcalde 10 de julio de 2023
@caroalca
Organizaciones
de la sociedad civil urge a las delegaciones del gobierno y la oposición en la
mesa de diálogo en México reunirse a la “brevedad” a fin de considerar el uso
de depósitos del Banco Central de Venezuela para crear inmediatamente un Fondo
de Atención Social.
Decenas
de organizaciones de la sociedad civil solicitan la “urgente” ejecución de
acciones para la activación del “Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela”,
acordada en los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana en México
en 2022 y plantean el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela (BCV) en
la Reserva Federal de Nueva York para la “inmediata” creación del Fondo.
La Coalición Anticorrupción, integrada por más de 130 organizaciones, junto a activistas aliados, dirigieron una carta a los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno y la oposición en la que expusieron que, ante la “necesidad de atención de la población venezolana en situación de vulnerabilidad”, se requiere “con urgencia” la decisión de las partes firmantes del acuerdo y de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El
oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre del
2022 un acuerdo para crear un Fondo de 3 mil millones de dólares para la
Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado
por la ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.
Aunque
la Coalición Anticorrupción reconoce que el monto “no es suficiente”, admite
que supondría un “alivio para la precariedad de las condiciones de vida de
sectores vulnerables”.
Además,
precisa que, según información pública divulgada por la junta administradora
ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), esa institución mantiene depósitos
en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York de $144.269.660, bloqueados por
la regulación de sanciones dictadas por el gobierno estadounidense.
Al
respecto, la Coalición Anticorrupción sugiere la implementación de una serie de
pasos para disponer de esos recursos e insiste en la necesidad de que el Fondo
Social se rija “por las buenas prácticas internacionales de transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas que requiere la ejecución de
fondos públicos, bajo la responsabilidad de cualquier órgano público o privado,
nacional o internacional”.
Plantean
que el BCV otorgue un préstamo a la República para constituir el Fondo, la
aprobación de un crédito adicional de gasto público por parte de la Asamblea
Nacional y que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgue a la
junta administradora ad-hoc del BCV una acreditación para representar al BCV
frente al Banco de la Reserva Federal.
En ese
sentido, posteriormente, las partes firmarían el contrato con la ONU; la junta
administradora ordenaría la transferencia desde las cuentas en el Banco de la
Reserva Federal a la cuenta operativa para el funcionamiento del al Fondo y que
finalmente se cree una Comisión de Seguimiento y Verificación integrada por
representantes de las partes.
“Hacemos
un llamado para que se avance con celeridad en estos pasos que no conllevan
mayor complejidad si existe voluntad política de ambas partes”, destaca el
texto.
Desde
al menos el 2015 Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha
causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se
evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone
HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad
civil que miden los impactos de la crisis.
Datos
de la plataforma exponen que casi 19 millones de venezolanos, es decir el 65%
de la población, continúan presentando necesidades de asistencia.
El
gobierno del presidente Nicolás Maduro, en varias ocasiones, ha acusado a la
oposición de incumplir el acuerdo y ha condicionado el diálogo político al
levantamiento de “todas” las sanciones impuestas por la comunidad internacional
e incluso a la liberación del empresario colombiano Alex Saab, procesado en
Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno
venezolano considera un diplomático.
El
coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en
México, Gerardo Blyde, ha llamado a la delegación del gobierno a volver a la
mesa de diálogo “cuanto antes” y ha negado que estén incumpliendo el acuerdo.
También ha dicho que han trabajado con la ONU y países aliados donde están los
recursos para que sean transferidos “sin riesgos”.
En
abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró una Conferencia
Internacional que culminó planteando el establecimiento de un cronograma
electoral que permita la celebración de elecciones libres, la continuación del
proceso de negociación en México facilitado por el Reino de Noruega y, en
paralelo, el levantamiento de sanciones.
Previamente
Maduro había advertido que la declaración final de la conferencia debía exigir
a EEUU que deposite el dinero congelado en el exterior para la creación del
Fondo.
“Una
vez que depositen vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay
cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino”, dijo Maduro
dirigiéndose a Petro y al resto de los representantes de los países que
asistirían a la cumbre horas después.
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