Víctor Amaya 02 de agosto de 2023
@victoramaya
La
construcción de un club deportivo privado con canchas de pádel ha desatado una
confrontación entre vecinos de La Alameda, en Baruta, con los promotores del
proyecto, que arguyen tener derecho a desarrollar una parcela de propiedad
privada para ese uso. En la disputa ya están involucrados la Alcaldía de Baruta
y el Ministerio de Ecosocialismo
Nadie
tiene claro por qué un estudio de impacto ambiental fechado en octubre de 2022 tardó
nueve meses en ser mostrado abiertamente ante vecinos de La Alameda, la
urbanización en el municipio Baruta de Caracas donde las intenciones de instalar
unas canchas de pádel han desatado una airada respuesta de la comunidad ante lo
que considera un peligro para una parcela que califican como «bosque urbano».
El proyecto busca desarrollar una extensa área verde en la zona, que cuenta con una sola entrada por la calle B de la urbanización y cuya vía interna conduce a un tanque de agua de Hidrocapital. Se trata de una parcela que la Alcaldía de Baruta identifica como de propiedad privada con zonificación para desarrollo deportivo, como también afirman, en conversación con TalCual, Rodrigo Henríquez y Carlos Arcay, promotores del proyecto y representantes de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A. que impulsa la construcción.
La
primera vez que el documento pudo ser visto por la mayoría de los vecinos fue
el sábado 22 de julio de 2023, cuando el alcalde Darwin González lo incluyó en
una gruesa carpeta de papeles, el expediente «de acceso público» del caso.
«El
estudio se hizo el año pasado e involucró a inspectores del Ministerio de
Ecosocialismo, entre agosto y septiembre de 2022», apunta Arcay diciendo que
apenas terminado lo entregaron al despacho municipal el cual, cree, «no está en
obligación de entregarlo a los vecinos porque esto es propiedad privada».
Aun
así, Fabiana Garantón, abogada y quien ha asumido liderazgo en las acciones
vecinales, sostiene que el gobierno local nunca se los mostró en todo ese
tiempo. El Concejo Municipal, dijo el edil Federico Estaba a este medio el día
de aquella asamblea, tampoco pudo verlo.
El
estudio tiene 64 páginas y está elaborado por la empresa Aguas Subterráneas
Consulting C.A., que en su cuenta de
Instagram se muestra dedicada a hacer pozos profundos en Caracas, y está
titulado Estudio de impacto ambiental y sociocultural para el proyecto
Centro Deportivo de Pádel La Alameda, aunque lo sociocultural se reduce a
un par de párrafos.
En el
documento, cuyo índice no refleja la ubicación correcta de sus contenidos, se
concluye que «la ejecución del Proyecto no generará impactos ambientales severos sobre
el medio ambiente», y que con medidas preventivas y de mitigación «se
gestionarán todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el
entorno».
¿Qué
se quiere construir?
El
estudio de impacto ambiental refleja que el proyecto propone el desarrollo de
«5.000 metros cuadrados para un centro deportivo de pádel con 44 puestos de
estacionamiento», en el 24% de la parcela de 21.000 metros cuadrados totales
-los representantes de la empresa hablan de 51 puestos y seis canchas.
«El
terreno cumple con todas las características para desarrollar un proyecto
deportivo que incluye además otros servicios porque es un club deportivo. Lo
principal va a ser el pádel, pero puede tener servicio de fisioterapia, clases
de yoga, un cafetín», agrega Rodrigo Henríquez. «La idea es desarrollarlo para
tener un negocio allí y brindar servicios», apunta Arcay.
Fabiana
Garantón sostiene que la zonificación del lugar es residencial, y que no hay
líneas claras en torno a un eventual desarrollo comercial. «El proyecto está
planteado en una calle que es ciega y es muy estrecha, donde incluso cuesta que
pasen dos carros, y ya hay un pádel cerca en una vía principal».
Se
refiere a Capital Sport Pádel, con cinco canchas en Santa Fe inauguradas hace
menos de dos años; y el Valle Arriba Athletic Club. «Además la legislación no
establece los límites entre lo que es deportivo y lo que es comercial. Si te
estoy alquilando la cancha hay un lucro y eso es una actividad comercial en una
zona residencial que se supone está prohibida».
Arcay
responde afirmando que «desde el origen del urbanismo a finales de los años 70
se dejó esa parcela como deportiva. La zonificación está en el Manual de
Zonificación del Municipio Baruta y El Hatillo donde se establece que esos
terrenos pueden ser utilizados para clubes deportivos, sociales y parques
privados. Allí existe una parcela privada con zonificación de uso deportivo y
queremos establecernos visto el gran auge del deporte del pádel».
Sobre
la calle, dice que la vía tiene el ancho reglamentario, pero «el problema es
que los vecinos se estacionan en la curva a pesar del rallado amarillo,
complicando el paso. Ya hablamos con la Dirección de Tránsito y Vialidad (de
Baruta) para solicitar apoyo y poner orden ahí con eso».
En
cualquier caso, los vecinos temen que instalar canchas de pádel someta a los
residentes a ruidos molestos, exceso de tráfico y perturbación de los ritmos
locales, amén de los efectos que tendría en la flora y fauna. En el lugar
suelen avistarse guacamayas, perezas y otras especies animales, y en el
municipio está vigente una Ordenanza de Contaminación por Ruidos.
«Queremos
hacer la menor intervención posible, buscamos una integración con la vegetación
actual. Nosotros vamos a cumplir con todas las normativas. Estableceremos un
código de conducta. No habrá música excepto en eventos puntuales. Vamos a
actuar como cualquier otro club en zonas residenciales como el Caracas Sport Club,
el Raquet Club, el Theater Club, el Altamira Tennis Club», promete Hernández.
Arcay agrega que en agosto pasado «modificamos el proyecto para mover las
canchas y el cafetín lo más alejados de los edificios».
El
cortocircuito vecinal
Residentes
de La Alameda afirman que un estudio de impacto ambiental y sociocultural debe
incorporar, al menos, entrevistas con la comunidad. Reclaman que tal cosa no
ocurrió. El documento asegura, en su página cuatro, que el proyecto «cuenta con
el beneplácito de la asociación de vecinos de la calle B del sector La
Alameda».
«Los
vecinos no han sido consultados sobre si quieren pádel, cualquier proyecto
tiene que ser planificado con los vecinos», reclamó Keyla Ramírez en la
asamblea ciudadana realizada el sábado 22 de julio, con presencia del
alcalde Darwin González.
Desde
la empresa refutan la versión. «Hubo varias reuniones con la asociación de
vecinos (Asonueve) desde agosto de 2022. Allí había opiniones
divididas porque algunos decían que no debía hacerse nada, pero predominó la
opinión de que si estaban todos los permisos había que buscar era el beneficio
mutuo», dice Arcay a TalCual. Pero una minuta de un
encuentro entre las partes fechada el 10 de enero de 2023, aportada a este
medio por su socio, deja constancia de que esa fue apenas «la segunda reunión».
«(En
agosto) quedaron en volverse a reunir, pero no lo hicieron. Cuando vinieron fue
para meter camiones en diciembre», acusa el presidente de la
junta de condominio de las residencias La Alameda, Claudio Alberto Albarracín,
parte de Asonueve.
Durante
esa reunión del 10 de enero de 2023 «se conversó de muchas cosas y respondimos
preguntas», dicen Arcay y Henríquez a TalCual aportando
las dos minutas de aquel encuentro -una hecha por la empresa y otra por
Asonueve-, sin rúbricas porque «a los pocos días hubo una suerte de golpe de
Estado en la asociación y no se pudo firmar. Ahí comenzaron las denuncias en
redes sociales».
Desde
entonces no hay sino animosidad y desencuentros. De hecho, el lunes 31 de julio
de 2023 Asonueve escogió nueva directiva con mayoría de vecinos opuestos a las
canchas de pádel. Y aunque aún deben fijar una postura oficial, anuncian que
cumplirán con hacer una consulta exhaustiva en cada apartamento «a fin
de conocer si están de acuerdo en iniciar acciones legales que eventualmente impidan
el desarrollo del club deportivo», como se había decidido en una asamblea
anterior, el 25 de julio, según minuta a la que tuvo acceso TalCual.
Desde
la empresa les dicen que «nosotros seguimos favoreciendo la armonía y estamos
dispuestos a reunirnos, pero si ellos no se quieren sumar ya es una decisión de
ellos».
Por
otra parte, el estudio de impacto ambiental y sociocultural vuelve a
mencionar a los habitantes cuando hace una recomendación, en la página 58:
«Fomentar
un programa de comunicación social del Proyecto. Se debe de informar (sic) a la
población hasta un buen nivel de detalle del Proyecto, dentro del margen del
entendimiento que posee la población involucrada. No hay que obviar la
poca instrucción que la caracteriza y el grado de aislamiento de las
localidades por las cuales pasa el tendido, lo que determina en gran medida
el grado de desconocimiento observado y al mismo tiempo la desconfianza y expectativas
que un proyecto de esta naturaleza crea».
¿Cuál
tendido? Nadie lo tiene claro. Ni siquiera los representantes de la empresa:
«No entiendo nada de lo que eso dice. Habrá que buscar un intérprete», admite
Carlos Arcay.
Lo que
sí saben residentes de La Alameda es que se sintieron insultados por ser
descritos como de poca instrucción: en esa calle viven profesores
universitarios, abogados de distintas ramas y un montón de ingenieros, incluyendo
al hidrometeorologista y académico de la UCV Juan Andrés Arévalo. El también habitante de la calle
B afirma que el lugar es una cuenca geográfica con riesgo de
deslizamientos mayores con riesgo para residencias colindantes del Ramal 2 de
Colinas de Bello Monte.
«En
los años 80 se hizo un estudio de riesgo geológico para Bello Monte que
involucró esta área. Aquí hay unos taludes de relleno que se hicieron hace más
de 40 años y no se han tocado. Hay evidencias que muestran que ha habido
asentamientos tan grandes como de cinco metros. La presunción de que ahí van a
meter maquinaria para aplanar aproximadamente 4.000 metros cuadrados habla
de una potencial inestabilización del terreno bajo un contexto de
riesgo hidrometeorológico«.
Una
ecuación peligrosa, a juicio del experto, a la que habría que sumar la
impermeabilización del terreno inevitable al desarrollar construcciones allí,
dejando menos espacio para que el agua sea absorbida por espacios verdes cuando
llueve, y escurra inundando las vías principales o incluso ocasionando
deslaves.
Pero
Arcay, ingeniero civil, se defiende: «El proyecto en ningún momento va
a intervenir ningún talud. Usaremos un área plana de la parcela, que es
producto de un relleno ejecutado cuando se hizo el urbanismo y donde la
vegetación nació después de que la parela se conformó. Además, esa es una
parcela que ya tiene obras de captación de lluvia. Nosotros les vamos a hacer
mantenimiento a todo eso porque no queremos que se inunden nuestras canchas».
¿Cuándo
comenzó este rollo?
«El
año pasado, viendo la tendencia de crecimiento del pádel, identificamos una
oportunidad y vimos que el terreno cumple con todas las características»,
cuenta Rodrigo Henríquez a TalCual. Según afirma, tomaron y
modificaron un antiguo proyecto de hacer allí unas canchas de fútbol sala
«cuando estaba de moda» que se abandonó «porque era económicamente inviable».
«Lo
primero fue ir al Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para una certificación
técnica. Nos la dieron poniendo como medida compensatoria el sembrado de 200
árboles porque se va a deforestar un área. Luego fuimos a Hidrocapital y a
Corpoelec a solicitar la factibilidad de servicios, y después sacamos la
solvencia de otros servicios públicos, que en este caso es Fospuca donde ya nos
inscribimos. Todos esos requisitos los llevamos a la alcaldía para que se
revisara el catastro y se diera una ratificación de variables urbanas. Tenemos
todos los papeles«, dice. Su socio deja colar: «Aquí nada ha salido por
ninguna ruta exprés».
Según
una cronología que la empresa ha divulgado a algunos vecinos, todos esos
procesos ocurrieron entre febrero y septiembre de 2022, con el estudio de
impacto ambiental añadiéndose el mes siguiente con su respectiva acreditación
técnica por parte del Minec.
El 20
de diciembre trabajadores llegaron a La Alameda con camiones y maquinaria.
Vecinos liderados por la abogada Fabiana Garantón reclamaron para evitar que
los trabajos avanzaran: «cualquier tipo de obra así estaba suspendida porque
era temporada de vacaciones, y existe una prohibición de construcciones en temporadas
vacacionales o feriados en el municipio».
Una de
las minutas del 10 de enero dice que la protesta de vecinos ante la llegada de
camiones en aquel mes de diciembre ocurrió «por desconocimiento de la
comunidad». En la otra, quedó registrado que «los propietarios se disculpan por
haber realizado en diciembre la limpieza parcial con maquinaria sin antes haber
sostenido la reunión con la comunidad».
Garantón
recuerda que el 30 de enero volvieron los obreros con una autorización de inicio de obras firmada el 13 de diciembre
anterior por Harold Sosa, entonces director de ingeniería Municipal de
Baruta y luego detenido el 12 de abril de 2023 acusado de corrupción por el
Ministerio Público.
«El 30
de enero nos dijeron que sí tenían los permisos. En la alcaldía, Harold
Sosa nos dijo que tenían las manos atadas porque él no otorgaba permisos sino
inicio de obras a quienes cumplan los requisitos; que teníamos que ir
al Ministerio de Ecosocialismo. Fuimos y en el Minec nos dijeron que iban a
estudiar el caso», dice Garantón.
En
paralelo, el abogado Juan Garantón, también residente de La Alameda, introdujo
una denuncia ante el Ministerio Público, y su hija Fabiana afirma que en días
posteriores desde el despacho de Ecosocialismo se confirmó que el terreno es un
bosque urbano y se paralizaron los trabajos.
«Nosotros
nunca tuvimos paralización de obra», responde Arcay. «Sin embargo, tanto los
abogados como la consultora jurídica del Minec nos dijo que buscáramos
resiolver esto esto de la mejor manera y pidió antos de buena fe. A nosotros
nos pidió no avanzar con la obra hasta que estuviera resuelto el tema, y a
ellos (los vecinos) les pidió quitar la pancarta que está en la entrada de la
calle, cosa que no hicieron».
El
también ingeniero civil arguye además que el terreno no es un bosque urbano
sino una parcela creada cuando se urbanizó la zona, «son otras
características».
El 18
de julio un vehículo jumbo entró a la urbanización. Los Garantón, padre e hija,
denunciaron que la llegada de tal maquinaria violó la norma pues requería, por
sus dimensiones y el tipo de ruedas (de oruga), un permiso especial para operar
allí. «De hecho, se rompió la calle», apunta Fabiana a TalCual.
La
máquina no pudo avanzar mucho. Vecinos atravesaron vehículos para impedir la
maniobra. Los encargados de la obra argumentaron un sobreseimiento de la causa.
Garantón
destaca que los sucesos ocurrieron el 18 de julio, y el sobreseimiento judicial
está firmado el 21 de julio por la jueza Isabel Feraldine
Molina, del Tribunal 14° de primera instancia itinerante de sobreseimiento en
funciones de control, en cuya sentencia admite la solicitud hecha por la
Fiscalía 87° Nacional de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica. Al día siguiente
Darwin González lo entregó a la comunidad.
Ese 21
de julio, la constructora instaló en una verja a la entrada del terreno
pretendido para el pádel un aviso declarando el lugar como propiedad privada
con zonificación de club deportivo, que «posee toda la permisología exigida por
los organismos competentes, Minec, servicios públicos y Alcaldía de Baruta», y
que promete una integración con el medio ambiente.
«Todavía
nadie había visto el estudio de impacto ambiental, ni el sobreseimiento, ni
había certeza de que cuánto del sitio es propieda privada visto que tiene un
tanque de Hidrocapital ahí adentro», comenta Fabiana Garantón.
«Todo
eso es falso», responde Rodrigo Henríquez desde la empresa. «Lo que salió el 21
de julio fue la sentencia judical pero la solicitud de sobreseimiento de la
Fiscalía ocurre en fecha anterior, varios días antes. Una cosa es la decisión
de la Fiscalía y otra es la sentencia». Su socio Arcay apunta que «fue la misma
urbanizadora la que construyó el tanque cuando se hizo el parcelamiento, y
luego fue cedido a Hidrocapital como parte de un acuerdo de servicios».
El
sábado 22 de julio ocurrió la asamblea ciudadana en la que Darwin González
habló frente a una multitud de vecinos. El alcalde entregó los papeles y acordó
una reunión posterior.
El 25
de julio Juan Garantón apeló la sentencia de la juez Feraldine Molina,
argumentando que no se hizo una investigación exhaustiva, ni se citaron
testigos, ni se consultó a la comunidad afectada, ni se comprobó la existencia
de los estudios necesarios ni la legitimidad de los permisos otorgados.
Pero
Carlos Arcay responde afirmando que «allí intervinieron cuatro departamentos
diferentes del Minec: el de Biodiversidad, la Consultoría jurídica, la
Guardería ambiental y la Dirección de Ecosocialismo en una inspección
conjunta».
Vecinos
escalan sus reclamos
En la
reunión ocurrida en la Alcaldía de Baruta el jueves 27 de julio fueron
revisados los documentos asociados al proyecto y mapas del municipio, uno
fechado en 1979 y otro de 2003. En el primero, la parcela es calificada como
deportiva, sin especificación de si es pública o privada, según Garantón. En el
otro es señalado como parque municipal, aunque en este caso se trata de un mapa
que es solamente referencial y «no oficial».
Vista
la confusión, en la reunión a la que no asistió el alcalde pero sí su director de Despacho, Claudio Ripa, se acordó
crear una comisión conjunta con vecinos expertos en el tema, funcionarios de
Ingeniería Municipal y representantes de la Comisión de control urbano,
desechos sólidos y ambiente del Concejo Municipal para comparar todos los
planos, revisar los oficios correspondientes y las ordenanzas para evaluar las
diferentes aristas del asunto.
«Nosotros
tenemos todos los planos originales», dice Rodrigo Henríquez,
representante de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A. «Eso está en el
proyecto y lo hemos entregado a todas las instancias. El plano que ha salido en
redes sociales dice claramente que es un plano referencial sin vinculación
legal. No podemos usar cualquier dibujo para estas cosas».
El
lunes 31 de julio, Fabiana Garantón acudió al Ministerio de Ecosocialismo para
entregarle a Marlyn Jiménez Reina, directora encargada de la Unidad Territorial
de Ecosocialismo del Distrito Capital, un documento donde ejercen un recurso de
oposición al estudio de impacto ambiental asociado al proyecto al cual la
funcionaria le otorgó la acreditación técnica, argumentando que la zona puede
ser considerada un bosque, que el documento de la empresa Aguas Subterráneas
Consulting C.A. tiene errores y contradicciones, que tienen dudas sobre la
propiedad del terreno y que existen opiniones acerca de posibles riesgos
geológicos.
La
abogada luego informó a sus vecinos sobre la falta de una respuesta concreta y
el maltrato que percibió en el ministerio. Entonces se organizó para
este miércoles 2 de agosto una protesta vecinal ante el despacho de
Ecosocialismo, en la plaza Caracas del centro de la capital.
Por su
parte, los promotores del proyecto, que alaban haber sido tratados con
diligencia por funcionarios ministeriales, reclaman que los inversionistas,
incluyéndolos, «hemos sido perjudicados porque somos un grupo que queremos
hacer en esta propiedad el mejor club de Caracas, que las instalaciones sean
impecables, con el mejor ambiente, que sea integrado, queremos
trabajar, pero aquí se está llamando a irrespetar la propiedad privada».
Ahora,
¿por qué si tienen todos los permisos no han continuado los trabajos? «Porque
queremos evitar el conflicto y que se arme otro show como el que se está
armando. Hemos actuado de la mejor manera posible, cumpliendo todos los requisitos,
pero esos señores llaman a la anarquía. Entonces nosotros vamos a consultar con
abogados para hacer cumplir nuestros derechos y comenzar nuestra obra. Se
nos agota la paciencia», desliza Carlos Arcay.
«Nosotros
queremos llamar a la cordura. No podemos ir contra la propiedad privada ni a
favor de la anarquía. Para eso existen normas y reglas. Si ellos nos impiden el
paso nosotros le decimos a la autoridad que tenemos derecho a usar la propieda
privada y que tenemos todos los permisos. Si hay algún vecino que viole la ley,
eso es problema de él y la ley. Llegará la policía, y lo que pase después
escapa de nuestras manos. Nos están difamando públicamente y nos están
perjudicando económicamente. La ley tendrá que encargarse de eso», sostiene el
también ingeniero.
Una
ramita de opacidad
El
sábado 22 de julio, durante la asamblea de vecinos en la calle B de La Alameda,
el alcalde Darwin González entregó por primera vez a la comunidad una carpeta
con el tan reclamado estudio de impacto ambiental y sociocultural fechado nueve
meses antes, y también el sobreseimiento judicial fechado el día anterior 21 de
julio.
La
carpeta aportada por el alcalde incluyó un papel de la Dirección de Consultoría
Jurídica de la Alcaldía de Baruta donde avala que «no existe ninguna objeción
técnica ni legal» que impida el desarrollo del proyecto, citando la decisión
del Tribunal. De ese sobreseimiento primero se enteró la alcaldía que el
abogado Juan Garantón, que no fue notificado del fallo a pesar de ser parte en
la causa.
Por
otra parte, los vecinos afirmaron que la empresa Hidrocapital ha sido
consultada sobre los terrenos para saber por dónde pasan tuberías, visto el
tanque que existe en esos predios, pero no han tenido respuesta.
El
concejal Federico Estaba dijo a TalCual que a la
Cámara Municipal no ha llegado ningun documento que muestre el proyecto que se
pretende en la calle B de La Alameda. El edil considera que hay
terrenos de propiedad privada que tienen mucho tiempo baldíos «y pareciera que
hay interés de sus propietarios en ponerlos en movimiento. Por eso le hemos
pedido a la alcaldía por lo menos en 50 exhortos que termine de legalizar
si el terreno es propiedad privada, y si tiene uso residencial o uso deportivo,
para ver cómo minimizar esos impactos».
¿Por
qué el despacho ejecutivo no ha respondido tales solicitudes? «No sé»,
respondió el concejal aquel sábado. «Hemos tratado de unir esfuerzos para poder
tener respuestas oportunas a los vecinos, pero pareciera que hay intención en
que esto se desvanezca».
En la
asamblea ciudadana del 22 de julio, Darwin González pidió a los vecinos manejar
el asunto con discreción aunque puso a su equipo a disposición de la comunidad
para atender la problemática, y han estado en comunicación con los vecinos que
lideran las acciones. Ante la prensa los funcionarios municipales han optado
por la cautela. Solicitudes de entrevistas hechas para este reportaje no fueron
atendidas por el alcalde ni por la oficina de Ingeniría Municipal.
Consultados
para este trabajo, los promotores del proyecto Henríquez y Arcay hablaron en
nombre de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A., pero prefirieron no
mencionar a los propietarios de la misma. «Hay varias familias, los apellidos
no son relevantes. Es una empresa con varios accionistas».
En un documento
enviado por la urbanizadora a la Alcaldía de Baruta, Rodolfo Belloso Clemente
se identifica como director gerente de la compañía, mientras que la
acreditación técnica del estudio de impacto ambiental del Minec a favor de la
empresa está dirigida a Armando José Belloso Clemente (Roberto Henríquez firmó
la notificación). Los papeles son de acceso público, según dijo el alcalde
Darwin González al incluirlos en la carpeta entregada a vecinos el 22 de julio
y que puso ser detallada por TalCual.
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