Provea 20 de septiembre de 2023
@_Provea
Los
ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificando a
través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al
Gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó la Misión Internacional
Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República
Bolivariana de Venezuela, en su último informe presentado hoy.
La Misión, que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo. La Misión también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
Si
bien ha habido una disminución cuantitativa de las alegaciones registradas con
respecto a periodos anteriores, la Misión ha continuado documentando numerosos
casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas
opositoras al Gobierno, o percibidas como tales.
“Continúan
cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos.
Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva
contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes
sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró
Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Los mecanismos de represión siguen
existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los
derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”.
La
crisis política y de derechos humanos en Venezuela experimentó algunos cambios
a finales de 2020 e inicios de 2021, marcados por el cese de las protestas masivas
convocadas por la oposición y de los actos de rebelión e insurgencia. En
periodos previos, las tácticas de “mano dura” fueron utilizadas para silenciar
las voces de la oposición a través de la comisión de crímenes, como fue
documentado extensamente por la Misión.
No
obstante, la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y el
Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio
cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y
extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos
humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de
comunicación y partidos políticos.
Las
amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la
censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar
la oposición real o percibida como tal.
“En
conjunto, estos dos tipos de mecanismos, “duros” y “blandos”, conforman un
aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad,
dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo
Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad
adaptación del Estado para sofocar la crítica”.
En un
caso, un grupo de seis sindicalistas, fueron condenados el 1 de agosto de 2023
a 16 años de prisión por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después
haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en
detención por más de un año,
“Al
criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y
crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna
acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá
Valdez, experta de la Misión. “La falta de independencia, y también la
actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como
la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes
sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime
el debate y la vida política”.
Este
panorama es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones
presidenciales en 2024. Al menos una candidata y dos candidatos a las
elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo
Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que
también fueron inhabilitados.
En 2020, la Misión
identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en
ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos
humanos, cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la
criminalidad.
En el
mismo informe, la Misión documentó su participación de las FAES en detenciones
arbitrarias de personas críticas al Gobierno – algunas de las cuales fueron
objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los
servicios de inteligencia del Estado.
En su
último informe oral al Consejo en marzo, la Misión señaló que había indicios de
que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre
las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la
PNB, creada en julio de 2022.
La
DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES. Además, de
manera preocupante, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con
oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados
en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a
los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
“La
transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia
la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los
derechos humanos”. Dijo Valiñas. “Es imperativo vigilar la actuación de la DAET
para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del
Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos
humanos”.
La
Misión lamenta la falta de cooperación del Gobierno venezolano y continuará
trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de
cuentas para los perpetradores.
En
septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció
la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República
Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, para investigar
las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas desde 2014.
La Misión presentó un informe verbal al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023 con una actualización de sus investigaciones, y presentará su informe en el mes de septiembre de 2023 en una sesión de diálogo interactivo del Consejo.
Para
más información, visite el sitio web de
la Misión de Investigación sobre Venezuela.
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