El Nacional 10 de enero de 2024
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El
abogado e integrante de Vente Venezuela Perkins Rocha señaló que con estas
acciones se "pone en peligro el cumplimento de las garantías
constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de
Barbados"
La
defensa legal de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, denunció
el martes que no se les permitió acceder al expediente que la Contraloría
General de la República remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que
está vinculado con la sanción de inhabilitación que pesa sobre la dirigente
opositora.
A través de redes sociales, el abogado e integrante de Vente Venezuela Perkins Rocha señaló que se les negó conocer «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República para consignar los antecedentes del caso de Machado».
«Al no
permitir el acceso al expediente, con el justificativo de que lo ‘está
trabajando el magistrado ponente y presidente de la Sala Político
Administrativa, Melquías Gil’, hecho por primera vez en fecha 19 de diciembre y
por segunda vez en el día de hoy, la Sala Político Administrativa coloca en una
peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, impidiéndole tener conocimiento
del trámite judicial llevado a cabo», indicó el abogado.
Rocha
señaló que con estas acciones el TSJ «pone en peligro el cumplimento de las
garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de
Barbados».
«Especialmente
en lo relativo al deber asumido por la Sala Político Administrativa de atender
demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas
‘conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la
Constitución’, como lo señala el acuerdo», agregó.
Este
25 de diciembre se conoció que la Contraloría General de la República envió al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la documentación de la inhabilitación de María
Corina Machado.
Anteriormente,
se informó que Machado interpuso una demanda por reclamación el 15 de
diciembre. Esta con solicitud de acción de amparo cautelar contra la sanción de
inhabilitación por un período de 15 años para el ejercicio de funciones
públicas.
La
coordinadora general de Vente Venezuela acudió al Supremo a presentar su caso,
a propósito del proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el
gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición que ella
representará en las presidenciales.
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