Luis Ugalde 1 de noviembre 2012
El Presidente en la campaña se
disgustó por el clamor de los suyos contra la corrupción y la ineficiencia
gubernamental, ahora pide ¡eficiencia o nada! (por no decir muerte).
La ineficiencia escolar es muy
lamentable, con dramáticas fallas en la gestión de la formación en valores,
ciudadanía y aprendizaje de competencias básicas. Ahora, sin consulta formal y
abierta, el Gobierno impone como “máxima instancia educativa” de toma de
decisiones una locura llamada Consejo Educativo, constituido por una docena de
comités y vocerías intra y extraescolares, donde la directiva de la institución
únicamente tendrá –se resalta– un solo voto. Si ahora se acepta esta barbaridad
mata-escuela (engavetada hace unos años), reforzará la ineficiencia y la
ingobernabilidad escolar. Su objetivo es claro: instaurar el poder comunal para
“la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista”. Aquí el poder
comunal excluye toda otra capacidad de decisión. En nuestra Constitución no se
nombra el poder comunal, ni el socialismo; en la cubana sí, y esta “resolución”
inconstitucional impone la reforma comunistoide derrotada por el voto popular
en 2007.
Hay prisa confesada para hacerse con
todo el poder, a fin de que el camino al comunismo dictatorial sea
irreversible. Hoy faltan más de 10.000 directores formados de centros
educativos y muchas escuelas son ineficientes e ineficaces. Con esta resolución
se asegura el desastre, y en adelante los llamados “directores” tendrán que dedicar
su tiempo a llenar las planillas del ministerio y a cumplir la imposible hazaña
de reunir cada trimestre estos comités y consejo, dedicados a todo menos a
mejorar la educación.
Más grave aún es la violación del
derecho y la obligación de las instituciones educadoras no estatales de
gobernarse según sus principios fundacionales, dentro del marco de la
Constitución. La pluralidad y apertura a diversas ideas, afirmada en la carta
magna, será letra muerta, mejor dicho, realidad asesinada. Todo el andamiaje
del Consejo Educativo no sirve para gobernar y es imposible de aplicar, pero
muy útil para acabar con el pluralismo, la iniciativa y la calidad escolar, e
imponer el socialismo uniformado.
El problema es político. No es aceptable esta resolución
anticonstitucional y debe ser encarada con toda firmeza y claridad por los
políticos y la sociedad. En la próxima elección de gobernadores debe estar en
el debate, pues no está en juego sólo el alumbrado de las calles regionales,
sino de las mentes y corazones de millones de venezolanos. Lo ha dicho el poder
y lo han repetido Aristóbulo Istúriz y otros: la democracia plural que está en
la Constitución no sirve para la revolución, por lo que los gobernadores y
alcaldes deben desbaratar esas instancias constitucionales y transferir sus
“competencias y poderes a los consejos comunales”, es decir a Miraflores.
Uno de los inspiradores de los
consejos de educación quedó desocupado en 2006, le entregaron Alcasa para que
ensayara allí el control obrero y el gobierno de la fábrica por consejos
obreros y asambleas, es decir, de los “soviets”. Cumplió su tarea y hoy esa
empresa es una ruina completa: ni hay control obrero, ni hay producción. Se
bajó de 200.000 toneladas al año a menos de 70.000, se perdieron varios miles
de millones de bolívares y la esperanza de ser una empresa productiva.
No se puede permitir en educación esa
tragedia nacional. Los políticos, padres y madres, educadores, juristas,
universidades, líderes religiosos… todos tenemos que defender el pluralismo
constitucional y el derecho de gobernar la escuela con eficiencia pedagógica y
con participación. Es clave el pluralismo y la autonomía de los gobernadores y
alcaldes electos. La palabra consejo suena suave y razonable, pero usada para
disfrazar y controlar es mortal; no olvidemos que Stalin fue sangriento
dictador de las repúblicas soviéticas (repúblicas de consejos).
Nota aclaratoria de la anterior
columna. Mario Torres
nos comunica amablemente que las computadoras del Sistema de Información del
Elector “no transmiten las cédulas de los electores que se registran”, dato que
fue afirmado en mi artículo anterior. Parece que la información de Torres es la
correcta y no la que me dieron a mí. Notifica también: “El Comando Venezuela y
sus técnicos nos opusimos vigorosamente a la colocación de estos computadores
en los centros”, pero terminaron aceptando “con la condición de revisar el
software que corría en ellos”. Lo consideran “una alcabala innecesaria”.
Ojalá que se pueda impedir en
adelante. Gracias a Torres por la aclaratoria y a cientos de miles que lucharon
y lucharán contra los abusos del poder en los procesos electorales.
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