Pablo Pérez diciembre de 2014
Primero debo aclarar que cuando me
refiero a estafa, no lo hago en relación con el contenido del texto
constitucional, sino a su utilización y deformación por parte del oficialismo
en estos 15 años. Las leyes pueden estar cargadas de buenas intenciones, pero
los hombres las manipulan a su antojo y es ahí cuando esos instrumentos legales
se convierten en una verdadera letra muerta.
Cuando el 15 de diciembre de 1999 el
pueblo en un referendo aprobó la nueva Constitución, Chávez y sus voceros la
vendieron como una Carta Magna de avanzada que garantizaba la democracia plena
en Venezuela. En parte tenían razón. Lo que nunca aclararon era que ellos la
usarían a su conveniencia.
Se han vivido 15 años de usos y abusos
de la Constitución. El primer atentado contra ella radicó en los cambios que
aplicaron en el texto, porque el publicado en Gaceta Oficial no era el mismo
que emergió del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.
El artículo 2 de la CN establece, por
ejemplo, que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
¿Se cumple lo establecido en ese
artículo? Para nada. Ellos han transformado el Estado venezolano en una
estructura de persecución y represión de todo vestigio de disidencia, pero que
además no satisface las demandas de la sociedad. La vida en Venezuela no vale
nada producto de los elevados índices de inseguridad. La libertad y la justicia
están condicionadas y los derechos humanos han sido violentados en múltiples
ocasiones.
El artículo 4 indica que la República
Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos
consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad
territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
¿Se cumple este artículo? Mucho menos.
Venezuela es un Estado cada vez más centralizado y si vamos un poco más allá,
cada vez más presidencialista. La descentralización la acabaron por completo y
no sólo es que han menospreciado a las Gobernaciones y Alcaldías, sino que
mantienen el interés en acabar con esas instituciones apelando al discurso
desgastado de la transferencia de poder al pueblo, cuando muchos sabemos que
eso es falso y que sólo se busca centralizar aún más el poder y que crezca la
dependencia del ciudadano del poder establecido en Caracas.
Hablan de federalismo y nunca ni
siquiera discutieron la creación de la Hacienda Pública Regional, por ejemplo,
y que fue creada como un mecanismo para facilitar el trabajo de los gobiernos
regionales y viabilizar las soluciones de los problemas del pueblo. De ese
mismo pueblo que sólo utilizan en el discurso.
Han sido 15 años de manipulaciones
evidentes de la Constitución Nacional. Lo peor es que para cometer tales
atropellos, han contado con el aval de los poderes públicos, sobre todo del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que nunca ha tomado una decisión contraria a
los designios del Poder Ejecutivo en materia constitucional.
Es triste como los magistrados que han
integrado el TSJ han “legalizado” las violaciones a la Constitución como parte
del esfuerzo para que el “proceso” intente atornillarse eternamente en el
poder. Ellos han avalado todos los abusos cometidos usando a la CN como excusa.
El problema de Venezuela no es la
Constitución Nacional, sino el uso que de ella se ha hecho para blindar un
modelo político que acabó con la normalidad social, dividió a la población,
pateó la legalidad y arruinó al país. Si hacemos un buen uso de la Carta Magna,
estaríamos consolidando las bases de la recuperación nacional. Venezuela nos
necesita a todos. Actívate y participa.
Pablo Pérez
@PabloPerez
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