Miguel Méndez
Rodulfo 27 de febrero de 2015
La
clave de la transición y el cambio será lograr, lo más rápido posible, la
normalidad operativa en los diferentes organismos del gobierno, tanto en el
ámbito nacional, como en el estadal y el municipal. Para esto, para que el
Estado se ponga en marcha y comience su tránsito hacia el desarrollo, hace
falta fortalecer la gobernabilidad, algo que debe lograrse mediante una
perfecta coordinación del poder civil con el poder castrense; el desmontaje de
los estamentos paramilitares y de grupos guerrilleros; la reducción y desarme
de los colectivos; el control y posterior depuración de los órganos policiales;
la lucha frontal contra la delincuencia y también contra la corrupción; la
desarticulación de la red informal de medios de apoyo y propaganda al régimen
así como lograr el equilibrio de los medios formales que se dedican a lo mismo;
el diálogo y la negociación con las facciones políticas que representen lo que
quedaría del actual régimen; reestablecer el imperio de la ley; garantizar los
derechos humanos así como el justo proceso y el derecho a la defensa; devolver
la independencia a los poderes públicos; restituir el estado de derecho, y
orientar la gestión del gobierno a reducir los alarmantes niveles de pobreza
que aquejan a la mayoría de los venezolanos.
Durante
la transición, debemos estar preparándonos para el advenimiento del cambio;
esto pasa por planear una serie de acciones que tienen que ver, entre otras
cosas, con la emisón de mensajes a los
empleados públicos para que ellos puedan garantizar la integridad de las instalaciones
como de los activos y equipos, archivos, planes, manuales, normas, planos,
mapas y sobre todo, la información contenida digitalmente en servidores,
estaciones de trabajo y cualquier medio electrónico de almacenamiento de datos.
Se trata de instarlos a que eviten la destrucción de instalaciones y la pérdida
de información y data clave. No hay sino que recordar, la destrucción que
ocasionó Cabello cuando se vio obligado a entregar la Gobernación de Miranda.
Pero estos mensajes deben ser también dirigidos a los miembros del actual
gobierno, señalando su responsabilidad penal, civil y administrativa, en caso
de daños graves a las instalaciones y de desaparición de información.
Las
auditorías financieras deben apuntar a la determinación de la cuantía de
activos, pasivos, ingresos y gastos; mientras que las auditorías operativas,
deben dar cuenta de la gestión: programas en ejecución y su alcance así como su
efectividad al igual que el análisis del costo beneficio de dichos programas.
La evaluación de las obras en ejecución y su progreso al igual que su avance, o
su retardo así como paralización, si fuera el caso, será también parte de estas
auditorías operativas. El diseño de una estructura organizativa compacta, ágil
y flexible y la localización de personal calificado para los altos cargos y puestos
clave, es una necesidad a cubrir.
Para
el caso de Desarrollo Urbano y Vivienda, determinar a las primeras de cambio,
si existe un inventario actualizado de terrenos públicos; ubicar el listado de
los urbanismos en desarrollo con la determinación de sus características y
número de viviendas a construir, municipio por municipio y estado por estado;
localización del registro nacional de vivienda con la indicación del número las
personas inscritas y de su estado de necesidad; búsqueda de los estudios y
mapas indicativos de las zonas vulnerables, para tomar medidas y anticipar
catástrofes (estudios de microzonificación de barrios); determinar con
precisión cuantas personas hay en los refugios y albergues habilitados;
averiguar si existe un inventario de terrenos invadidos; restablecer los
contactos con los estudios de arquitectura que elaboraron proyectos para la
habilitación física de los barrios, actualizar en un manual la normativa para
la elaboración de los PDUL, de la llamada Guía Minfra, y las normas para los
cálculos requeridos de superficies mínimas, necesarios para la determinación de
los equipamientos urbanos, de este mismo organismo, son algunas de las acciones
básicas requeridas.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas,
26/02/2015
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