Por Jesús
Alexis González, 23/02/2015
La
expresión “guerra económica” es
nativa de Venezuela, posiblemente creada en un laboratorio situacional y
divulgada originalmente por el Presidente a finales del 2013 como una autodefensa implícita frente al fracaso
y ralentización(disminución de la
velocidad de crecimiento) de nuestra economía, lo cual se venía observando en
los últimos años cobrando mayor resonancia con la caída del precio petrolero en
2014 abonada ante la ausencia de un sistema económico y su correspondiente
modelo y de al menos un plan anticiclico. En tal contexto de “guerra”, se
intenta desviar la culpa (externalidad)
hacia el capitalismo, EEUU, Colombia, Obama, Uribe, “la burguesía apátrida”,
empresarios, comerciantes, gerentes de establecimientos, el “golpismo opositor
de extrema derecha” y muchos otros; en una evidente manipulación dirigida a sus
potenciales electores mayoritariamente ubicados en los estratos de menor
capacidad cognitiva, igualmente receptores de transferencias directas de dinero
por intermedio de las Misiones. De igual forma, se configura un plan de ataque
conformado por la GNB, poder popular, consejos comunales y patriotas
cooperantes para enfrentar la “guerra” que impide la distribución de alimentos (¿?) y otros bienes con el fin de
provocar escasez (¡!); enfrentando dentro del proceso productivo lo atinente a
la fiscalización, vigilancia, seguimiento, supervisión, importación,
almacenamiento y acopio, canales de distribución y la comercialización, en aras
de (señalan) detectar las formas más sensiblesde la “confrontación bélica”como
son el contrabando, boicot, especulación, acaparamiento y la usura; hasta
confiscar las instalaciones para convertir dicha acción en otra estrategia
gubernamental para distraer la atención ciudadana de las verdaderas causas del
drama económico.
Es
pertinente destacar, que estas y muchas otras formas de control y supervisión
se vienen aplicando en Venezuela desde
hace más de 7 años, de lo cual se infiere que estamos en presencia de un relanzamiento mediático ya que el
Gobierno desde esa época está en capacidad de conocer al detalle lo relacionado
con la distribución de los bienes. Veamos: El Ejecutivo Nacional creó en el año 2008
el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para controlar la
distribución de los rubros para cada región del país, y en 2012 la Guía Única
de Movilización y Control de Alimentos la cual es expedida por el Ministerio
del Poder Popular para la Alimentación, siendo obligatoria para el movimiento
territorial de cada alimento con una vigencia de hasta 7 días, 4 para la
movilización del producto y 3 para que la empresa destino cargue en el SICA la
recepción del bien; todo bajo la coordinación de la Superintendencia de Silos,
Almacenes y Depósitos (SADA), sustituida en 2014 al crearse la Superintendencia
Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) ente que determina y controla qué y cuánta cantidad se debe consumir por
persona y zona (¿patrón obligatorio de consumo?),a la luz de la información
histórica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante
un estudio denominado Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) que
sirve de base para la planificación alimentaria/nutricional y para la
determinación del número, tipo y cantidad de comidas por día en la dieta del
venezolano; siendo que en el informe 2013 mostró como los 5 primeros alimentos
a: (1) Harina de maíz precocida
(11,4%), (2) Café negro infusión
(8,9%), (3) Arroz blanco (8,5%), (4) Bebidas gaseosas (6,6%) y (5) Carne de pollo (4,6%). Vale la pena
destacar que Venezuela cuenta con 21 procesadoras de maíz, 15 de ellas (71,4%) bajo el control del Estado con una producción
promedio de 10 mil toneladas mensuales que apenas representa cerca del 11,1% del total nacional(90 mil
t/m).
A tenor
de lo expuesto, se puede concluir que en el transcurso del proceso
revolucionario el Gobierno ha profundizado la aplicación de controles en la
cadena agroalimentaria (productores, mayoristas y minoristas) habida cuenta que
cada establecimiento debe estar inscrito en el SICA y además cuenta con el
apoyo de Superintendencia en Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sudde);
lo cual facilita conocer el origen,
destino y cantidad de alimentos enviados a cada región, evitando al propio
tiempo (es de suponer) el acaparamiento, la escasez y la especulación como
estrategias de “guerra económica”; en el entendido que de no serasí el Gobierno estaría (A) inmerso en un burocratismo
ineficiente en el marco de la influencia excesiva y vanidosa de los
funcionarios públicos en abierta fricción con los intereses de la Patria; o (B) improvisando un socialismo (¿para
mantener el poder?) basado en la estatización
o nacionalización de la economía mediante la acumulación socialista de
capital, incluida (en similitud con la Rusia de 1921) una instancia para
combatir la “la hostilidad del mundo
externo”, la contrarrevolución y el sabotaje.
En fin,
más que estar confrontando un conflicto
bélico estamos asistiendo a una
“guerra civil alimentaria”, en aras de procurarnos “algún” producto
regulado de la cesta básica dentro de un mercado
marginal de oferta.
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