Por: José Ignacio
Torreblanca 23 de febrero de 2015
Seguro
que a muchos de ustedes les preocupa la lamentable situación que vive la
oposición democrática venezolana, hostigada por un régimen cada vez más
disparatado y enloquecido. La reciente detención del alcalde de Caracas,
Antonio Ledezma, muestra la descomposición de un régimen que ya ni siquiera se
molesta en guardar las apariencias respecto a la existencia de una mínima y
formal separación de poderes.
Los
excesos y abusos de los derechos humanos y las libertades democráticas son tan
evidentes cuando se cumple un año de la detención del también opositor Leopoldo
López que ya no pueden ser escondidos por el régimen, y en modo alguno
justificados, como se ha venido haciendo tradicionalmente, remontándose a las
desigualdades sociales, corrupción o injusticias de la Venezuela anterior a
Chávez. Vean por ejemplo la página de Amnistía Internacional o de Human Rights
Watch donde se dan cuenta de estas violaciones. No, la Venezuela que vemos hoy,
donde se violan masivamente los derechos humanos de los opositores, no la
construyeron los partidos tradicionales (AD y COPEI) sino que es el producto de
las decisiones libremente tomadas por Chávez y su sucesor, Maduro.
El
desastre de derechos humanos en el que se ha convertido el régimen de Maduro es
evidente. Como lo es la decisión de la izquierda europea y latinoamericana de
mirar hacia otro lado. El silencio de los vecinos latinoamericanos es
ensordecedor, lo que convierte a Venezuela en la nueva Cuba de América Latina,
una excepción permanente a las reglas de la decencia, que obliga, en aras de
argumentos oportunistas y geopolíticos, a poner entre paréntesis los derechos
humanos.
El
Parlamento Europeo, que es muy activo en cuestión de derechos humanos, votó el 18
de diciembre del año pasado una resolución en la que se condenaba la represión
de los derechos humanos en Venezuela. El texto de la resolución abría con los
siguientes considerandos:
Considerando
que el líder de la oposición, Leopoldo López, fue detenido arbitrariamente;
que, desde su detención, ha padecido torturas físicas y psicológicas y se le ha
sometido a un régimen de aislamiento;
Considerando
que dirigentes estudiantiles como Sairam Rivas, presidenta del Centro de
Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de
Venezuela, Cristian Gil y Manuel Cotiz, han sido retenidos injustamente durante
más de 120 días en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y se
les han practicado torturas y tratos degradantes en relación con las protestas
ocurridas entre febrero y mayo de 2014, siendo acusados de los delitos de
instigación a delinquir y uso de menores para la comisión de delitos;
Considerando
que, el 20 de octubre de 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, expresó su preocupación por la
detención de manifestantes y solicitó la liberación de todos los detenidos por
ejercer su derecho a la protesta pacífica; que, el 8 de octubre de 2014, el
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas calificó
la detención de Leopoldo López de ilegal, arbitraria y motivada por sus
opiniones políticas, y pidió su liberación, así como la de todos quienes siguen
detenidos arbitrariamente;
Vistos estos
considerandos, el Parlamento proponía una resolución que incluyera los
siguientes términos:
Condena
rotundamente la persecución política y la represión de la oposición
democrática, las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación,
y la existencia de censura en los medios de comunicación y páginas web;
Condena
rotundamente el uso de la violencia contra los manifestantes; expresa sus sinceras
condolencias a las familias de las víctimas; pide a las autoridades de
Venezuela que investiguen esos crímenes y exijan responsabilidades a sus
autores sin dejar margen alguno a la impunidad;
Pide a las
autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a las
asociaciones y los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que
pongan fin a su impunidad;
Pide al Gobierno de Venezuela que cumpla su
propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la
independencia judicial, los derechos de libertad de expresión, asociación y
reunión pacifica, así como al pluralismo político, dado que constituyen
elementos fundamentales de la democracia, y que vele por que no se castigue a
las personas por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de
expresión;
Como
se ve en el gráfico que abre esta entrada, el 75% de los eurodiputados (476)
votaron a favor de esta resolución y sólo el 17% (109) se opusieron (49
diputados, el 8% se abstuvieron). En el gráfico que incluyo aquí abajo podrá
ver que sólo hay dos grupos políticos en los que no se registró ni un voto
favorable a la oposición democrática venezolana. Son, curiosamente, el grupo de
izquierda unida europea (GUE/NGL) y el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia
(EFDD) que es donde están los diputados del derechista Nigel Farage (UKIP) y el
Movimiento 5 Estrellas de Beppo Grillo. Los verdes, como puede ver, se
dividieron bastante, aunque la mayoría voto en contra de la resolución.
Nueve
verdes votaron a favor de la resolución de condena a Venezuela y seis se
abstuvieron, curiosamente todos ellos nórdicos, alemanes y holandeses. Y lo
mismo pasó en la Izquierda Unida Europea, donde hubo tres eurodiputados que
prefirieron abstenerse antes que votar contra la resolución (un sueco, un
alemán y una italiana). El resto de Izquierda Unida Europea, 40 eurodiputados,
prefirió considerar esta resolución del Parlamento Europeo como excesiva y votó
en contra.
¿Cómo
votaron los eurodiputados españoles? Una mayoría de los 54 (aquí lista completa
) votó a favor, pero 14 votaron en contra de condenar a Venezuela. Son los que
aparecen debajo en el listado, todos pertenecientes a Izquierda Unida, Podemos
y a los Verdes. Resulta sorprendente que estos 14 diputados no quieran para la
oposición venezolana los mismos derechos que como oposición disfrutan y sin
duda exigirían.
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