Juan Manuel Trak 26
de febrero de 2015
n
el debate de la teoría política contemporánea los partidos políticos son los
actores más relevantes para el funcionamiento del sistema democrático. Son
estas organizaciones las encargadas de competir por el poder a través de medios
electorales, reclutan las élites que ocuparán los cargos de elección popular y
colocan en el centro del debate los temas relevantes en la agenda pública
nacional. Pero más allá de eso, los partidos son las instituciones encargadas
de representar las preferencias de los ciudadanos ante los poderes públicos con
el fin de transformarlas en decisiones políticas.
Lo
anterior sería una tarea sencilla en un contexto en el que los ciudadanos
tienen las mismas preferencias sobre todas las dimensiones de la vida social.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, existen multiplicidad de
preferencias sobre los diversos temas de la agenda pública, y el número de
estos temas es casi infinito. Es por tal motivo que la democracia exige la
existencia de pluralidad de partidos, ninguna organización política está en
capacidad de representar las preferencias de todos los ciudadanos y mucho menos
tiene la potestad de asumirse como la única organización con el derecho de
representar a una comunidad política. Lamentablemente la historia de la
humanidad ha demostrado que existen hombres que creen que sus propias ideas y
posiciones son las únicas válidas para una regir una sociedad, por lo que
buscan el poder para imponer a cualquier costo su visión del mundo sobre el
resto. En la mayoría de las ocasiones ésta pretensión monista solo esconde el
deseo de tener el poder y los privilegios asociados al mismo; el propósito no
es otro que lograr una posición en la que puedan satisfacer sus intereses y
mantenerlos siendo lo que la democracia y el pluralismo son únicamente un medio
para alcanzar sus propios fines.
Con
esta reflexión en mente, los últimos 16 años el proceso político venezolano se
han caracterizado por una transición de un régimen democrático a uno
autoritario. Esto supuso un cambio en la naturaleza de las instituciones
políticas instauradas en la Constitución 1961, la mayoría de las cuales se
mantuvieron en la Constitución de 1999. De manera que la transformación del
sistema político no obedeció tanto al cambio en el marco normativo
constitucional como en las acciones que aquellos que llegaron al poder llevaron
a cabo en estos tres lustros. El partido en el poder, llámese MVR o PSUV, usó
los medios democráticos para acceder al poder supuestamente reivindicando a un
“pueblo” humillado por los partidos tradicionales. No obstante, una vez
instalado y con recursos a su disposición destruyó los cimientos de la
democracia a la que consideraba una formalidad “burguesa”. Las elecciones solo
eran funcionales en tanto en cuanto la victoria estaba garantizada; pero en el
fondo nunca han aceptado el credo republicano de que las instituciones están
para limitar el poder y que los partidos representan una pluralidad social y
política con legítima pretensión de alcanzar el poder.
Hoy,
cuando existe una posibilidad real de que el PSUV pierda abiertamente las
elecciones, se persigue a los partidos políticos y sus líderes con la
pretensión de descabezarlos y desarticularlos; esto en un contexto en el cual
el gobierno ha logrado silenciar a los medios, domesticar a los sindicatos y
amedrentar a los empresarios. Así, los partidos son los únicos actores con
capacidad de enfrentar al gobierno en el plano electoral y, en consecuencia,
quitarle algo del poder que detenta.
Para
un partido que no cree en la democracia perder el control de la Asamblea
Nacional (AN) es una amenaza directa a sus intereses y privilegios. Un Poder
Legislativo adverso implicaría que muchos de quienes están gobernando tendrían
que rendir cuentas ante los diputados de otros partidos, los cuales
escudriñarían en cada contrato, cada licitación, cada decisión pública que haya
involucrado recursos públicos, desnudando la naturaleza de la élite en el
poder. Por tales motivos se persigue a Antonio Ledezma, María Corina Machado,
Julio Borges y la dirigencia de Voluntad Popular; es por ello que se allana la
sede del Partido COPEI y muy probablemente se inhabiliten a un grupo importante
de dirigentes partidistas para que no compitan en las elecciones legislativas,
o incluso se proscriban algunos partidos políticos. En paralelo el gobierno
quiere mantener a la gente en su casa y en la cola: en su casa para que no
proteste, para que no vote; en la cola para crear una relación de dependencia
que luego puede ser utilizada con fines electorales.
Con
este panorama se esperaría que los partidos de oposición estuviesen más
articulados, pero su propia naturaleza y la ausencia de liderazgos realmente
fuertes debilita su capacidad de generar confianza en la sociedad. En la
pluralidad de ideas y preferencias que los partidos que hacen vida en la Mesa
de la Unidad tienen, el rescate de la institucionalidad democrática es el
mínimo común sobre el cual es posible construir una alternativa de poder. La
economía, el sistema de salud o educación, la infraestructura solo podrán ser
rescatados en una democracia real; cualquier otra alternativa nos mantiene en
el fracaso que somos como sociedad.
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